Un reciente estudio de Fonasa publicado en abril de este año vuelve a tender un manto de dudas sobre el comportamiento ético de la profesión médica.

El estudio analiza lo que sucede con la operación de cataratas, incluida en el AUGE desde el 2005 y que hasta ahora ha beneficiado a 178 mil personas.

A la investigadora le llamó la atención que a pesar de ser una patología AUGE con garantías en tiempos de espera y gratuita para sus beneficiarios, todos mayores de 60 años, no habían bajado las operaciones de cataratas hechas a través de la modalidad de libre elección, esto es comprando un bono Fonasa y operándose con médico privado.

El estudio encuesta telefónicamente a pacientes operados en las dos modalidades:
El 80 por ciento de los pacientes atendidos en consultorio se informó que las cataratas estaban en el AUGE contra sólo el 60 por ciento de los asistentes a consultas privadas. En ambos casos sin embargo no fue el médico el principal informante.

Frente a la pregunta ¿por qué se operó con médico particular? el 40 por ciento de ellos señala que el médico les indicó que era una operación urgente y el mismo número de pacientes relata que el médico no les comentó que la libre elección era incompatible con el AUGE.

Por otra parte, un número importante de pacientes optó por el médico privado por influencia de sus hijos que se ofrecieron a pagar parte de la cuenta y evitarse tener que ir al consultorio y al hospital público.

El estudio indica que la mayoría de quienes se operaron privadamente eran del tramo B, perteneciente a los cotizantes más modestos de Fonasa, la mayoría de ellos pensionados.

Frente a esta realidad quisiera detenerme en dos aspectos que me parecen importantes:

El primero de ellos tiene que ver con la resistencia de muchos usuarios de Fonasa a usar la red de consultorios municipales y hospitales públicos. Hay un grupo de personas probablemente de sectores medios y pensionados que prefieren pagar, endeudarse o recurrir a sus familiares antes de atenderse en la red pública dónde recibirían una atención gratuita, con medicamentos y con garantías AUGE.  Probablemente en ello influyan factores culturales y también el bajo prestigio que tienen hoy los consultorios municipales.

El segundo tema tiene que ver con el poder médico y la asimetría de información, particularmente con usuarios modestos. Al 40 por ciento de los pacientes se les dijo que necesitaban una operación urgente, algo muy pero muy raro en las cataratas. Frente a esa advertencia, tratándose de los ojos e ignorante de las garantías AUGE, obviamente el paciente recurre a lo que tiene más cerca y busca cómo pagarlo. ¿Este paciente tuvo libertad de elegir o simplemente fue cautivo de su médico tratante? Obviamente aquí hay un problema de ética médica; no sólo se privó al paciente de información respecto a sus derechos sino que además se lo alarmó innecesariamente.

La modalidad de libre elección de Fonasa requiere una reingeniería urgente. Se gasta en ella una enorme cantidad de recursos públicos, semejantes a los que se gastan en toda la atención primaria municipal y se desconoce su utilidad sanitaria. Los usuarios que recurren a ella, en su mayoría pensionados de bajos ingresos, ponen mucho dinero de su bolsillo y no tienen garantizada la calidad de atención.
 
Si hay recursos públicos involucrados los médicos tratantes en la libre elección deberían cumplir con los protocolos y normas  definidas por el Ministerio de Salud y éste debería fiscalizar que eso suceda.

Muchos dirán que es interferir con la autonomía del ejercicio profesional privado, sin embargo existiendo recursos públicos involucrados y un alto nivel de indefensión de la población consultante, Fonasa y la Superintendencia de Salud deben velar por sus asegurados.