Hoy se realiza la primera consulta ciudadana en el contexto de la suscripción del Convenio 169 de OIT, que decidirá el envío al Congreso de la reforma constitucional que regula la residencia y permanencia en Rapa Nui.
La iniciativa legal plantea que “podrá suspenderse o restringirse en dichos territorios especiales el ejercicio de los derechos de permanencia o de residencia” para “proteger el medioambiente y propender a su desarrollo sustentable”.
La consulta se generó después que habitantes de la Isla se tomaran, en agosto pasado, el aeropuerto de Mataveri, en protesta por la falta de control migratorio, lo que hizo que el gobierno central implementara un mecanismo de control a través de una tarjeta que fue declarada ilegal por la justicia.
Hoy se realiza la primera consulta ciudadana en el contexto de la suscripción del Convenio 169 de OIT, que decidirá el envío al Congreso de la reforma constitucional que regula la residencia y permanencia en Rapa Nui.
La iniciativa legal plantea que “podrá suspenderse o restringirse en dichos territorios especiales el ejercicio de los derechos de permanencia o de residencia” para “proteger el medioambiente y propender a su desarrollo sustentable”.
La consulta se generó después que habitantes de la Isla se tomaran, en agosto pasado, el aeropuerto de Mataveri, en protesta por la falta de control migratorio, lo que hizo que el gobierno central implementara un mecanismo de control a través de una tarjeta que fue declarada ilegal por la justicia.
Hoy se realiza la primera consulta ciudadana en el contexto de la suscripción del Convenio 169 de OIT, que decidirá el envío al Congreso de la reforma constitucional que regula la residencia y permanencia en Rapa Nui.
La iniciativa legal plantea que “podrá suspenderse o restringirse en dichos territorios especiales el ejercicio de los derechos de permanencia o de residencia” para “proteger el medioambiente y propender a su desarrollo sustentable”.
La consulta se generó después que habitantes de la Isla se tomaran, en agosto pasado, el aeropuerto de Mataveri, en protesta por la falta de control migratorio, lo que hizo que el gobierno central implementara un mecanismo de control a través de una tarjeta que fue declarada ilegal por la justicia.
