A medida que pasan los días, el conflicto entre el gobierno y los profesores por el pago de la deuda histórica parece agudizarse. El paro indefinido que iniciaron los docentes el viernes pasado, justo a las puertas del periodo de rendición de las pruebas Simce y PSU, provocó que las autoridades tomaran el toro por las astas y decidieran elaborar un plan de contingencia para reforzar contenidos en dependencias de los colegios particulares y la amenaza de reemplazar a todos los profesionales en paro.

Sin embargo, nada parece apaciguar las aguas. Durante la jornada del martes, el apoyo irrestricto del Congreso hacia los docentes se manifestó en el rechazo  de la tercera subcomisión mixta de Presupuestos a los recursos correspondientes al Ministerio de Educación en el 2010, debido al nulo avance en las negociaciones.

Medida que se anticipaba, luego que el Ejecutivo, a través del ministro de Hacienda, Andrés Velasco, rechazara la propuesta enviada por la Comisión Especial para la deuda histórica, en la que se reconocía este perjuicio hacia los docentes ocurrido en la dictadura y que planteaba una reparación de 800 millones de dólares.

Y si bien, la  negativa del gobierno se basó en un informe de la Contraloría que estipula que la deuda no existe, causa extrañeza el hecho que, durante la sesión especial del Congreso el 25 de noviembre de 2008 el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, señalara que “además de agradecer a todos los señores Senadores por su contribución a aprobar el Presupuesto, deseo aclarar que, respecto de la deuda histórica de los profesores -como se ha señalado-, cuando el Gobierno concurrió a dar el aval para que se conformara una Comisión en la Cámara de Diputados, lo hizo porque se reconoce la existencia de dicha deuda y porque se buscará alguna fórmula, dentro de lo que sea económicamente razonable, a fin de resolver ese gravísimo problema”.

En este sentido, los parlamentarios de oposición Carlos Kuschel y Claudio argumentaron que el Ejecutivo esperó hasta última hora para responder al informe del Congreso en el que le proponía fórmulas de pago para la deuda histórica.

Alvarado acusó la mezquindad del gobierno ante el magisterio, cuando han requerido numerosos recursos para otros ámbitos.

“Nosotros hemos hecho lo imposible para salvar al gobierno colocándole dos mil quinientos millones de dólares al Transantiago, mil cien millones de dólares para pagar el descalabro de Ferrocarriles del Estado, mil millones de dólares para suplir las pérdidas de Enap, y hoy día que nos diga que no tiene 800 millones de dólares para pagar la deuda histórica es burlarse del Magisterio y del Congreso Nacional”, dijo el diputado.

Por lo mismo, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, ha gestionado incansablemente el respaldo de las bancadas parlamentarias para dar piso político a sus demandas.

Gajardo señaló que así como el Congreso rechazó el presupuesto de Educación, también aprobaría un proyecto de ley que repare la situación económica de los docentes afectados.

“No nos sorprende la votación que se ha dado ahora y hacemos un llamado a la autoridad a que esto que está haciendo el Parlamento, las señales que está dando, sean recogidas y se entienda que el gobierno tiene piso político para resolver este tema, tiene apoyo, hay una transversalidad en que hay que resolver esta situación y que es justo”, sostuvo el dirigente.
La partida de Educación considera 8 mil 300 millones de dólares, recursos que además incluyen al Consejo de Cultura. Aunque falta que los dineros del ministerio de Educación pasen a trámite por la comisión mixta de Presupuestos y por la sala de ambas Cámaras, es claro que este primer rechazo es un duro traspié para el Ejecutivo.

Rechazo que se manifestó también en la aprobación de la Cámara de Diputados de un proyecto de acuerdo en el que piden a la Presidenta Michelle Bachelet que reconozca la deuda histórica con los profesores, tal como lo estableció el informe que la comisión parlamentaria especial entregó al gobierno, y que aplique las propuestas de pago contenidas en él.

El documento, aprobado por 78 votos, ninguno en contra ni abstenciones, señala, además, la necesidad de hacer efectivos los compromisos que los distintos poderes del Estado y los municipios han hecho con el Magisterio en este sentido.

“Nos encontramos con que la obligación existe y que se ha transformado en un problema moral del Estado de Chile, al cual no se ha logrado dar una solución y que mantiene por ello efectos negativos de naturaleza económica, previsional y social”, señala el texto.

El proyecto de acuerdo recuerda nuevamente el incumplimiento de la Ley 3.551, de 1980, que otorgaba un mejoramiento salarial en cuatro tramos sucesivos entre 1981 y 1984, que se dejó de pagar por el traspaso de las escuelas y liceos a los municipios y empresarios privados regidos por la ley 3.166.