Una vez más, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) está siendo cuestionada por su mala gestión administrativa. Y esta vez la denuncia no ha sido menor. De acuerdo a un informe de la Contraloría existirían alrededor de 9 mil millones de pesos con problemas de rendiciones o ejecución.
Sin embargo, para el coordinador del programa Observatorio de Derechos Indígenas, el sociólogo Blas Pantel, estos cuestionamientos no son nuevos.
“El programa Orígenes en sus inicios no estaba incorporado a la Conadi y eso se hizo el año pasado. Por lo tanto, eso refleja la pérdida de credibilidad de la institucionalidad pública en materia de pueblos indígenas. Credibilidad que se ha perdido hace bastante tiempo. Las propias organizaciones de pueblos indígenas han criticado el hecho que no están representados en esos organismos públicos y que las políticas que se diseñan son de consulta. Además lo vemos con un grado de desorden y corrupción bastante importante”, afirmó Pantel.
Por su parte, Mijael Carbone, werkén de la comunidad de Temucuicui, señaló que las deficiencias que se presentan en la Condi son parte de un problema de gestión en la institucionalidad y que, además, están relacionas con problemas de fondo.
“El tema no es solucionar lo que está ocurriendo hoy en esa organización, sino que resolver lo que las comunidades tienen como demanda territorial y que está siendo primordial en los distintos movimientos que se han instalado en la actualidad. De una u otra forma se apela a una reorganización dentro de la Conadi por los usos de los recursos de todos los chilenos en campañas políticas y en pitutos que se reparten los partidos”, sentenció Carbone.
En tanto, el ministro encargado de asuntos indígenas, José Antonio Viera Gallo, anunció que, de ser necesario, se presentarán los antecedentes que constituyan delitos a los tribunales correspondientes y subrayó la necesidad de intervenir este organismo encargado de las políticas indígenas en nuestro país.
“Lo que da a conocer la Contraloría es un cúmulo de desorden, no sabemos si hay irregularidades, esperemos que no. Lo que estamos haciendo es un esfuerzo importante para poner orden, para que en un plazo breve la institución y el proyecto Orígenes con el BID se ajusten a los parámetros del derechos administrativo chileno”, precisó el secretario de Estado.
Viera Gallo informó además que la presidenta Michelle Bachelet, designó a Gustavo Marco para que revise junto al director de la CONADI, Álvaro Marifil, todos los procedimientos de traspaso de fondos a las comunidades a través del programa Orígenes, así como a terceros que a veces ejecutan los proyectos del cuestionado organismo.
La Contraloría ordenó a la Conadi reforzar el control en el uso de fondos, acelerar la rendición de los proyectos, enmendar las anomalías detectadas y realizar visitas a terreno para comprobar que se estén desarrollando las iniciativas.
Esto no perjudicará la compra de tierras para otras comunidades mientras dure la investigación encargada a una auditora externa. Y en el gobierno esperan que el procedimiento tome como máximo unos dos meses desde la adjudicación de la licitación que se hizo pública el lunes, justo en medio del conflicto con los mapuches.
Una vez más, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) está siendo cuestionada por su mala gestión administrativa. Y esta vez la denuncia no ha sido menor. De acuerdo a un informe de la Contraloría existirían alrededor de 9 mil millones de pesos con problemas de rendiciones o ejecución.
Sin embargo, para el coordinador del programa Observatorio de Derechos Indígenas, el sociólogo Blas Pantel, estos cuestionamientos no son nuevos.
“El programa Orígenes en sus inicios no estaba incorporado a la Conadi y eso se hizo el año pasado. Por lo tanto, eso refleja la pérdida de credibilidad de la institucionalidad pública en materia de pueblos indígenas. Credibilidad que se ha perdido hace bastante tiempo. Las propias organizaciones de pueblos indígenas han criticado el hecho que no están representados en esos organismos públicos y que las políticas que se diseñan son de consulta. Además lo vemos con un grado de desorden y corrupción bastante importante”, afirmó Pantel.
Por su parte, Mijael Carbone, werkén de la comunidad de Temucuicui, señaló que las deficiencias que se presentan en la Condi son parte de un problema de gestión en la institucionalidad y que, además, están relacionas con problemas de fondo.
“El tema no es solucionar lo que está ocurriendo hoy en esa organización, sino que resolver lo que las comunidades tienen como demanda territorial y que está siendo primordial en los distintos movimientos que se han instalado en la actualidad. De una u otra forma se apela a una reorganización dentro de la Conadi por los usos de los recursos de todos los chilenos en campañas políticas y en pitutos que se reparten los partidos”, sentenció Carbone.
En tanto, el ministro encargado de asuntos indígenas, José Antonio Viera Gallo, anunció que, de ser necesario, se presentarán los antecedentes que constituyan delitos a los tribunales correspondientes y subrayó la necesidad de intervenir este organismo encargado de las políticas indígenas en nuestro país.
“Lo que da a conocer la Contraloría es un cúmulo de desorden, no sabemos si hay irregularidades, esperemos que no. Lo que estamos haciendo es un esfuerzo importante para poner orden, para que en un plazo breve la institución y el proyecto Orígenes con el BID se ajusten a los parámetros del derechos administrativo chileno”, precisó el secretario de Estado.
Viera Gallo informó además que la presidenta Michelle Bachelet, designó a Gustavo Marco para que revise junto al director de la CONADI, Álvaro Marifil, todos los procedimientos de traspaso de fondos a las comunidades a través del programa Orígenes, así como a terceros que a veces ejecutan los proyectos del cuestionado organismo.
La Contraloría ordenó a la Conadi reforzar el control en el uso de fondos, acelerar la rendición de los proyectos, enmendar las anomalías detectadas y realizar visitas a terreno para comprobar que se estén desarrollando las iniciativas.
Esto no perjudicará la compra de tierras para otras comunidades mientras dure la investigación encargada a una auditora externa. Y en el gobierno esperan que el procedimiento tome como máximo unos dos meses desde la adjudicación de la licitación que se hizo pública el lunes, justo en medio del conflicto con los mapuches.
Una vez más, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) está siendo cuestionada por su mala gestión administrativa. Y esta vez la denuncia no ha sido menor. De acuerdo a un informe de la Contraloría existirían alrededor de 9 mil millones de pesos con problemas de rendiciones o ejecución.
Sin embargo, para el coordinador del programa Observatorio de Derechos Indígenas, el sociólogo Blas Pantel, estos cuestionamientos no son nuevos.
“El programa Orígenes en sus inicios no estaba incorporado a la Conadi y eso se hizo el año pasado. Por lo tanto, eso refleja la pérdida de credibilidad de la institucionalidad pública en materia de pueblos indígenas. Credibilidad que se ha perdido hace bastante tiempo. Las propias organizaciones de pueblos indígenas han criticado el hecho que no están representados en esos organismos públicos y que las políticas que se diseñan son de consulta. Además lo vemos con un grado de desorden y corrupción bastante importante”, afirmó Pantel.
Por su parte, Mijael Carbone, werkén de la comunidad de Temucuicui, señaló que las deficiencias que se presentan en la Condi son parte de un problema de gestión en la institucionalidad y que, además, están relacionas con problemas de fondo.
“El tema no es solucionar lo que está ocurriendo hoy en esa organización, sino que resolver lo que las comunidades tienen como demanda territorial y que está siendo primordial en los distintos movimientos que se han instalado en la actualidad. De una u otra forma se apela a una reorganización dentro de la Conadi por los usos de los recursos de todos los chilenos en campañas políticas y en pitutos que se reparten los partidos”, sentenció Carbone.
En tanto, el ministro encargado de asuntos indígenas, José Antonio Viera Gallo, anunció que, de ser necesario, se presentarán los antecedentes que constituyan delitos a los tribunales correspondientes y subrayó la necesidad de intervenir este organismo encargado de las políticas indígenas en nuestro país.
“Lo que da a conocer la Contraloría es un cúmulo de desorden, no sabemos si hay irregularidades, esperemos que no. Lo que estamos haciendo es un esfuerzo importante para poner orden, para que en un plazo breve la institución y el proyecto Orígenes con el BID se ajusten a los parámetros del derechos administrativo chileno”, precisó el secretario de Estado.
Viera Gallo informó además que la presidenta Michelle Bachelet, designó a Gustavo Marco para que revise junto al director de la CONADI, Álvaro Marifil, todos los procedimientos de traspaso de fondos a las comunidades a través del programa Orígenes, así como a terceros que a veces ejecutan los proyectos del cuestionado organismo.
La Contraloría ordenó a la Conadi reforzar el control en el uso de fondos, acelerar la rendición de los proyectos, enmendar las anomalías detectadas y realizar visitas a terreno para comprobar que se estén desarrollando las iniciativas.
Esto no perjudicará la compra de tierras para otras comunidades mientras dure la investigación encargada a una auditora externa. Y en el gobierno esperan que el procedimiento tome como máximo unos dos meses desde la adjudicación de la licitación que se hizo pública el lunes, justo en medio del conflicto con los mapuches.
