Sólo cinco años de presidio recibieron los militares que en 1973 asesinaron a Bernardo Lejderman y su esposa María del Rosario Ávalos. Ante esto, el hijo de la pareja, Ernesto Lejderman, presentó un recurso ante el tribunal en busca de real justicia.
El próximo 8 de diciembre se conmemora un año más del asesinato en el Valle del Elqui de Bernardo Lejderman y su esposa María del Rosario Ávalos, a manos de un grupo de militares bajo el mando del brigadier del Ejército Fernando Polanco y los suboficiales Héctor Vallejos y Luis Fernández Monjes.
Y aunque los tribunales sentenciaron a los responsables de esta muerte, se aplicó una figura jurídica que entre los abogados de derechos humanos califican como “justicia con clemencia”, que significa rebajar las condenas a quienes cometieron estos delitos de lesa humanidad.
Como último recurso, el hijo de la pareja, Ernesto Lejderman Ávalos, presentó hace sólo un par de semanas un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ordene al Estado de Chile a que rectifique el fallo por el crimen de sus padres, fusilados el 8 de diciembre de 1973 en el Valle del Elqui.
Y es que la Corte Suprema, que es la última instancia de justicia en Chile, condenó a los responsables de este crimen, un brigadier y dos suboficiales, aunque les dejó las penas en los cinco años de presidio. Además se negó a la petición de la parte querellante de una indemnización reparatoria.
Sin estar al tanto de la denuncia ante el tribunal interamericano, el ministro del Interior, Edmundo Pérez, señaló que cualquier persona puede iniciar las acciones judiciales que crea pertinentes y no quiso referirse a la aplicación de beneficios en delitos de lesa humanidad.
“La gente puede hacer presentaciones cuando sientan que sus derechos han sido vulnerados. Para eso se crean las instituciones y ellas tienen que procesar esos casos. El resto le incumbe netamente a los tribunales de justicia”, afirmó el secretario de Estado.
Sin embargo el propio Ernesto Lejderman, reclama que se pretenda amortiguar las responsabilidades que les caben a quienes dispararon en contra de sus padres, a través del expediente judicial.
“La justicia debe ser acorde con las circunstancias. A mis padres los mataron sin ningún tipo de miramiento, casi me matan a mí y la pena que recibieron los militares fue sólo de cinco años. A un ladrón de radios le dan lo mismo y nos parece muy injusto que se equipare la sentencia de un horrendo crimen como este a un robo”, inquirió Lejderman.
En toda la investigación llevada por la justicia se establecieron situaciones como que el tribunal de primera instancia se declaró incompetente, evitando así referirse al fondo de la querella presentada por el hijo de estos dos ejecutados a través del abogado Héctor Salazar.
El jurista indicó que esto es, a todas luces, una denegación de justicia y que si bien no cabe que el Ejecutivo se refiera a los fallos judiciales, no es comprensible la posición del ministro del Interior de intentar dejar en el plano de los tribunales un fallo que, por tratarse de un caso de derechos humanos, afecta la imagen internacional del país.
“Desde el punto de vista de la responsabilidad internacional del estado chileno, sí le cabe al Ejecutivo tener una posición, puesto que las relaciones internacionales las maneja la Presidenta de la República. La Corte Suprema, al conducir este criterio político de justicia con clemencia, compromete la responsabilidad de Chile, lo que da pie a que se le pueda reprochar cualquier cosa en esta materia”, precisó Salazar.
En este momento una comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estudia la petición de Ernesto Lejderman para que conozca el caso de sus padres ultimados por militares chilenos en el norte del país en diciembre de 1973 y para quienes la justicia determinó, finalmente, bajas condenas.
De ser admisible el recurso, el Estado vuelve a quedar ante la posibilidad de ser sancionado, como ya ocurrió una vez con el caso de Luis Almonacid.
Sólo cinco años de presidio recibieron los militares que en 1973 asesinaron a Bernardo Lejderman y su esposa María del Rosario Ávalos. Ante esto, el hijo de la pareja, Ernesto Lejderman, presentó un recurso ante el tribunal en busca de real justicia.
El próximo 8 de diciembre se conmemora un año más del asesinato en el Valle del Elqui de Bernardo Lejderman y su esposa María del Rosario Ávalos, a manos de un grupo de militares bajo el mando del brigadier del Ejército Fernando Polanco y los suboficiales Héctor Vallejos y Luis Fernández Monjes.
Y aunque los tribunales sentenciaron a los responsables de esta muerte, se aplicó una figura jurídica que entre los abogados de derechos humanos califican como “justicia con clemencia”, que significa rebajar las condenas a quienes cometieron estos delitos de lesa humanidad.
Como último recurso, el hijo de la pareja, Ernesto Lejderman Ávalos, presentó hace sólo un par de semanas un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ordene al Estado de Chile a que rectifique el fallo por el crimen de sus padres, fusilados el 8 de diciembre de 1973 en el Valle del Elqui.
Y es que la Corte Suprema, que es la última instancia de justicia en Chile, condenó a los responsables de este crimen, un brigadier y dos suboficiales, aunque les dejó las penas en los cinco años de presidio. Además se negó a la petición de la parte querellante de una indemnización reparatoria.
Sin estar al tanto de la denuncia ante el tribunal interamericano, el ministro del Interior, Edmundo Pérez, señaló que cualquier persona puede iniciar las acciones judiciales que crea pertinentes y no quiso referirse a la aplicación de beneficios en delitos de lesa humanidad.
“La gente puede hacer presentaciones cuando sientan que sus derechos han sido vulnerados. Para eso se crean las instituciones y ellas tienen que procesar esos casos. El resto le incumbe netamente a los tribunales de justicia”, afirmó el secretario de Estado.
Sin embargo el propio Ernesto Lejderman, reclama que se pretenda amortiguar las responsabilidades que les caben a quienes dispararon en contra de sus padres, a través del expediente judicial.
“La justicia debe ser acorde con las circunstancias. A mis padres los mataron sin ningún tipo de miramiento, casi me matan a mí y la pena que recibieron los militares fue sólo de cinco años. A un ladrón de radios le dan lo mismo y nos parece muy injusto que se equipare la sentencia de un horrendo crimen como este a un robo”, inquirió Lejderman.
En toda la investigación llevada por la justicia se establecieron situaciones como que el tribunal de primera instancia se declaró incompetente, evitando así referirse al fondo de la querella presentada por el hijo de estos dos ejecutados a través del abogado Héctor Salazar.
El jurista indicó que esto es, a todas luces, una denegación de justicia y que si bien no cabe que el Ejecutivo se refiera a los fallos judiciales, no es comprensible la posición del ministro del Interior de intentar dejar en el plano de los tribunales un fallo que, por tratarse de un caso de derechos humanos, afecta la imagen internacional del país.
“Desde el punto de vista de la responsabilidad internacional del estado chileno, sí le cabe al Ejecutivo tener una posición, puesto que las relaciones internacionales las maneja la Presidenta de la República. La Corte Suprema, al conducir este criterio político de justicia con clemencia, compromete la responsabilidad de Chile, lo que da pie a que se le pueda reprochar cualquier cosa en esta materia”, precisó Salazar.
En este momento una comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estudia la petición de Ernesto Lejderman para que conozca el caso de sus padres ultimados por militares chilenos en el norte del país en diciembre de 1973 y para quienes la justicia determinó, finalmente, bajas condenas.
De ser admisible el recurso, el Estado vuelve a quedar ante la posibilidad de ser sancionado, como ya ocurrió una vez con el caso de Luis Almonacid.
Sólo cinco años de presidio recibieron los militares que en 1973 asesinaron a Bernardo Lejderman y su esposa María del Rosario Ávalos. Ante esto, el hijo de la pareja, Ernesto Lejderman, presentó un recurso ante el tribunal en busca de real justicia.
El próximo 8 de diciembre se conmemora un año más del asesinato en el Valle del Elqui de Bernardo Lejderman y su esposa María del Rosario Ávalos, a manos de un grupo de militares bajo el mando del brigadier del Ejército Fernando Polanco y los suboficiales Héctor Vallejos y Luis Fernández Monjes.
Y aunque los tribunales sentenciaron a los responsables de esta muerte, se aplicó una figura jurídica que entre los abogados de derechos humanos califican como “justicia con clemencia”, que significa rebajar las condenas a quienes cometieron estos delitos de lesa humanidad.
Como último recurso, el hijo de la pareja, Ernesto Lejderman Ávalos, presentó hace sólo un par de semanas un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ordene al Estado de Chile a que rectifique el fallo por el crimen de sus padres, fusilados el 8 de diciembre de 1973 en el Valle del Elqui.
Y es que la Corte Suprema, que es la última instancia de justicia en Chile, condenó a los responsables de este crimen, un brigadier y dos suboficiales, aunque les dejó las penas en los cinco años de presidio. Además se negó a la petición de la parte querellante de una indemnización reparatoria.
Sin estar al tanto de la denuncia ante el tribunal interamericano, el ministro del Interior, Edmundo Pérez, señaló que cualquier persona puede iniciar las acciones judiciales que crea pertinentes y no quiso referirse a la aplicación de beneficios en delitos de lesa humanidad.
“La gente puede hacer presentaciones cuando sientan que sus derechos han sido vulnerados. Para eso se crean las instituciones y ellas tienen que procesar esos casos. El resto le incumbe netamente a los tribunales de justicia”, afirmó el secretario de Estado.
Sin embargo el propio Ernesto Lejderman, reclama que se pretenda amortiguar las responsabilidades que les caben a quienes dispararon en contra de sus padres, a través del expediente judicial.
“La justicia debe ser acorde con las circunstancias. A mis padres los mataron sin ningún tipo de miramiento, casi me matan a mí y la pena que recibieron los militares fue sólo de cinco años. A un ladrón de radios le dan lo mismo y nos parece muy injusto que se equipare la sentencia de un horrendo crimen como este a un robo”, inquirió Lejderman.
En toda la investigación llevada por la justicia se establecieron situaciones como que el tribunal de primera instancia se declaró incompetente, evitando así referirse al fondo de la querella presentada por el hijo de estos dos ejecutados a través del abogado Héctor Salazar.
El jurista indicó que esto es, a todas luces, una denegación de justicia y que si bien no cabe que el Ejecutivo se refiera a los fallos judiciales, no es comprensible la posición del ministro del Interior de intentar dejar en el plano de los tribunales un fallo que, por tratarse de un caso de derechos humanos, afecta la imagen internacional del país.
“Desde el punto de vista de la responsabilidad internacional del estado chileno, sí le cabe al Ejecutivo tener una posición, puesto que las relaciones internacionales las maneja la Presidenta de la República. La Corte Suprema, al conducir este criterio político de justicia con clemencia, compromete la responsabilidad de Chile, lo que da pie a que se le pueda reprochar cualquier cosa en esta materia”, precisó Salazar.
En este momento una comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estudia la petición de Ernesto Lejderman para que conozca el caso de sus padres ultimados por militares chilenos en el norte del país en diciembre de 1973 y para quienes la justicia determinó, finalmente, bajas condenas.
De ser admisible el recurso, el Estado vuelve a quedar ante la posibilidad de ser sancionado, como ya ocurrió una vez con el caso de Luis Almonacid.
