Está concluyendo la gestión gubernamental de la Presidenta Bachelet, y junto a ella la propuesta de un gobierno ciudadano, iniciativa que aspiraba a reencantar a los actores de la sociedad civil y hacerlos partícipes de las propuestas democratizadoras del gobierno que se inició en 2005. ¿Qué balance podemos hacer de ese ideal? ¿Qué desafíos quedaron pendientes para los futuros gobernantes?
En primer lugar, quedó claro desde el primer momento que la Presidenta Bachelet no contó con la simpatía de la clase política en esta propuesta, más bien, se hizo evidente un malestar que de modo solapado y progresivo fue minando desde el primer día de su gestión la apuesta democrática de un gobierno que pretendió cerrar la brecha que escinde la democracia chilena entre quienes gobiernan y la ciudadanía. Los resultados son elocuentes. Entre los más relevantes podemos destacar que aún no se aprueba la ley de participación ciudadana en el Congreso, proyecto que data de junio de 2004 y que contiene aspiraciones de inicios de la transición; las políticas y programas de apoyo a la participación ciudadana han estado relegadas a la División de Organizaciones Sociales, entidad dependiente de un ministerio, hecho que, junto con disminuir su capacidad operativa y de gestión limita severamente su poder para establecer lineamientos de políticas transversales al conjunto del Estado; los recursos disponibles para potenciar el desarrollo de la sociedad civil, prácticamente son los mismos que hace cinco años atrás, siendo su incremento marginal respecto del frondoso nuevo tejido social que ha emergido en estos años de nuevo Chile.
La Presidenta no ha tenido éxito en su apuesta, en parte porque los equipos que conformó poco a nada han tenido que ver con las demandas de protagonismo ciudadano en el diseño de país anhelado, prevaleciendo una visión limitada de lo que es una democracia en nuestro tiempo. Ello no desmerece por cierto lo esfuerzos llevados adelante por la minoría participacionista en el Estado, que pese a los obstáculos puestos por los tecnócratas, ha logrado instalar novedosas iniciativas a favor de una gestión pública con rostro humano, o con participación ciudadana.
Para quienes hemos seguido con interés esta dimensión de nuestra débil democracia, nos importan sobremanera los desafíos y lecciones que nos ha legado el gobierno de la Presidenta Bachelet, y que deben tenerlos presente quienes aspiren a dirigir Chile el próximo período de gobierno. Se pueden identificar desafíos institucionales y desafíos culturales.
Los primeros aluden a la necesidad de incorporar a la modernización del Estado políticas a favor de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la sociedad civil. No debe reducirse este perspectiva a un asunto de fondos públicos ni a líneas exploratorias, sino a comprender que la democracia requiere ciudadanos activos, críticos, escrutadores de los asuntos públicos. ¿De qué otro modo se evitará el envejecimiento del padrón electoral, pondrá atajo a la corrupción y faltas a la probidad en el sector público, los jóvenes volverán a creer en la democracia, o se hará uso de los espacios públicos?
Es imprescindible crear nueva institucionalidad pública sobre la materia, una subsecretaría de la vida asociativa, por ejemplo, que coordine todas las políticas estatales en la materia; destinar recursos para promover la asociatividad y la vida cívica, administrados por una entidad autónoma del gobierno, pluralista, transparente. Asimismo, integrar los programas que han logrado sortear los escollos de la tecnocracia y la política clientelar mayoritaria, y darles nuevos impulsos, como son los Consejos de la Sociedad Civil en ministerios y servicios; presupuestos participativos comunales como política nacional, cuentas y audiencias públicas, acciones a favor de la no discriminación y promoción de un voluntariado activo.
La ciudadanía espera su turno, los candidatos tienen la palabra en esta hora de definiciones.
Adolfo Castillo es historiador, cientista político y director ejecutivo de la Corporación Libertades Ciudadanas.
