En octubre de 2006 el Estado de Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la aplicación del decreto ley de amnistía en el caso de la muerte del profesor Luis Almonacid Arellano, quien fuera ejecutado pocos días después del golpe de Estado de 1973.
Este es uno de los antecedentes más directos de la jurisdicción de la corte, con sede en la capital de los Estados Unidos, en donde se falló en contra de Chile luego de la presentación hecha por el abogado Mario Márquez, quien destacó la capacidad de la instancia de incluso revertir la legislación de las naciones miembros y que en el caso de las consecuencias para nuestro país aún están por determinarse.
“El caso Almonacid se reabrió, tal como lo ordenó la Corte Interamericana, se está investigando, se repuso el procesamiento de la persona sindicada como el autor del homicidio, el ministro que lleva la causa, Carlos Moreno, ha hecho una investigación bastante acuciosa que se ha encontrado con la dificultad que han pasado más de treinta años. Desde ese punto de vista hasta el momento se han llenado nuestras expectativas, el tema va estar en la sentencia definitiva en cuanto a si se condena o se absuelve a la persona por la cual nos querellamos y la otra que es la obligación de los tribunales chilenos de obedecer los fallos de la Corte Interamericana”, señaló Márquez.
Lo que resuelva la justicia chilena va a ser trascendental para sentar un antecedente al ser este el primer fallo por denegación de derechos a juicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La instancia judicial se ha convertido en los últimos años en un organismo al cual las personas dicen querer recurrir, aunque sin mucha claridad de los alcances ni la forma en que lo podrán hacer, lo que ahora quedó nuevamente normado con la última reforma realizada, que entró en vigencia recién la semana pasada.
Los cambios, especialmente la creación de un fondo para los recurrentes, fueron destacados por la encargada del departamento jurídico de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), Verónica Reyna.
“Lo que más privilegio es la creación de este fondo de asistencia legal, vamos a ver qué es lo que va a significar, porque una persona particular que no esté conectada ¿a dónde va para pedir llevar una caso a la comisión? ¿Quién le hace el escrito? Es un formulario muy modesto, porque está creado en la época en que América estaba en manos de dictaduras militares, entonces, no se poseía grande exigencias para llevar estos casos a la Comisión Interamericana”, afirmó Reyna.
Y es que el propio Fasic presentó una demanda contra el Estado peruano durante el régimen de Alberto Fujimori, quien luego de ser condenado por el caso de chilenos prisioneros políticos en esa nación acusados de “traición a la patria”, se salió del sistema interamericano para evitar la condena internacional. En ese momento todas las presentaciones, trámites y viajes a Washington y San José de Costa Rica de los abogados fueron costeados con recursos de la propia fundación versus todos los fondos que puede movilizar un país en estas circunstancias.
Además de la creación de este fondo, para el abogado Héctor Salazar, representante en el caso Lejderman-Ávalos, el que fue presentado para su estudio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cambios al reglamento hacen más sencillo el procedimiento y establece condiciones y plazos razonables para entregar un veredicto.
“Los procedimientos se van a acelerar, los plazos se acortan, la finalización de una etapa para pasar a la otra se facilita y eso agiliza el sistema. Entonces en vez de estar años esperando algo, es probable que este caso de la denuncia presentada por Ernesto Lejerman la comisión actúe de forma mucho más expedita y rápida”, sostuvo Salazar.
Sólo en el último año, profesores, deudores habitacionales y la semana pasada enfermos de cáncer anunciaron públicamente que recurrirían a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, prueba que el organismo se ha convertido en una nueva instancia de justicia y que puede tener alcances en el fundamento de las leyes internas para avanzar en el perfeccionamiento de la legislación en esta materia de los países sometidos a su jurisdicción.
En octubre de 2006 el Estado de Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la aplicación del decreto ley de amnistía en el caso de la muerte del profesor Luis Almonacid Arellano, quien fuera ejecutado pocos días después del golpe de Estado de 1973.
Este es uno de los antecedentes más directos de la jurisdicción de la corte, con sede en la capital de los Estados Unidos, en donde se falló en contra de Chile luego de la presentación hecha por el abogado Mario Márquez, quien destacó la capacidad de la instancia de incluso revertir la legislación de las naciones miembros y que en el caso de las consecuencias para nuestro país aún están por determinarse.
“El caso Almonacid se reabrió, tal como lo ordenó la Corte Interamericana, se está investigando, se repuso el procesamiento de la persona sindicada como el autor del homicidio, el ministro que lleva la causa, Carlos Moreno, ha hecho una investigación bastante acuciosa que se ha encontrado con la dificultad que han pasado más de treinta años. Desde ese punto de vista hasta el momento se han llenado nuestras expectativas, el tema va estar en la sentencia definitiva en cuanto a si se condena o se absuelve a la persona por la cual nos querellamos y la otra que es la obligación de los tribunales chilenos de obedecer los fallos de la Corte Interamericana”, señaló Márquez.
Lo que resuelva la justicia chilena va a ser trascendental para sentar un antecedente al ser este el primer fallo por denegación de derechos a juicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La instancia judicial se ha convertido en los últimos años en un organismo al cual las personas dicen querer recurrir, aunque sin mucha claridad de los alcances ni la forma en que lo podrán hacer, lo que ahora quedó nuevamente normado con la última reforma realizada, que entró en vigencia recién la semana pasada.
Los cambios, especialmente la creación de un fondo para los recurrentes, fueron destacados por la encargada del departamento jurídico de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), Verónica Reyna.
“Lo que más privilegio es la creación de este fondo de asistencia legal, vamos a ver qué es lo que va a significar, porque una persona particular que no esté conectada ¿a dónde va para pedir llevar una caso a la comisión? ¿Quién le hace el escrito? Es un formulario muy modesto, porque está creado en la época en que América estaba en manos de dictaduras militares, entonces, no se poseía grande exigencias para llevar estos casos a la Comisión Interamericana”, afirmó Reyna.
Y es que el propio Fasic presentó una demanda contra el Estado peruano durante el régimen de Alberto Fujimori, quien luego de ser condenado por el caso de chilenos prisioneros políticos en esa nación acusados de “traición a la patria”, se salió del sistema interamericano para evitar la condena internacional. En ese momento todas las presentaciones, trámites y viajes a Washington y San José de Costa Rica de los abogados fueron costeados con recursos de la propia fundación versus todos los fondos que puede movilizar un país en estas circunstancias.
Además de la creación de este fondo, para el abogado Héctor Salazar, representante en el caso Lejderman-Ávalos, el que fue presentado para su estudio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cambios al reglamento hacen más sencillo el procedimiento y establece condiciones y plazos razonables para entregar un veredicto.
“Los procedimientos se van a acelerar, los plazos se acortan, la finalización de una etapa para pasar a la otra se facilita y eso agiliza el sistema. Entonces en vez de estar años esperando algo, es probable que este caso de la denuncia presentada por Ernesto Lejerman la comisión actúe de forma mucho más expedita y rápida”, sostuvo Salazar.
Sólo en el último año, profesores, deudores habitacionales y la semana pasada enfermos de cáncer anunciaron públicamente que recurrirían a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, prueba que el organismo se ha convertido en una nueva instancia de justicia y que puede tener alcances en el fundamento de las leyes internas para avanzar en el perfeccionamiento de la legislación en esta materia de los países sometidos a su jurisdicción.
En octubre de 2006 el Estado de Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la aplicación del decreto ley de amnistía en el caso de la muerte del profesor Luis Almonacid Arellano, quien fuera ejecutado pocos días después del golpe de Estado de 1973.
Este es uno de los antecedentes más directos de la jurisdicción de la corte, con sede en la capital de los Estados Unidos, en donde se falló en contra de Chile luego de la presentación hecha por el abogado Mario Márquez, quien destacó la capacidad de la instancia de incluso revertir la legislación de las naciones miembros y que en el caso de las consecuencias para nuestro país aún están por determinarse.
“El caso Almonacid se reabrió, tal como lo ordenó la Corte Interamericana, se está investigando, se repuso el procesamiento de la persona sindicada como el autor del homicidio, el ministro que lleva la causa, Carlos Moreno, ha hecho una investigación bastante acuciosa que se ha encontrado con la dificultad que han pasado más de treinta años. Desde ese punto de vista hasta el momento se han llenado nuestras expectativas, el tema va estar en la sentencia definitiva en cuanto a si se condena o se absuelve a la persona por la cual nos querellamos y la otra que es la obligación de los tribunales chilenos de obedecer los fallos de la Corte Interamericana”, señaló Márquez.
Lo que resuelva la justicia chilena va a ser trascendental para sentar un antecedente al ser este el primer fallo por denegación de derechos a juicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La instancia judicial se ha convertido en los últimos años en un organismo al cual las personas dicen querer recurrir, aunque sin mucha claridad de los alcances ni la forma en que lo podrán hacer, lo que ahora quedó nuevamente normado con la última reforma realizada, que entró en vigencia recién la semana pasada.
Los cambios, especialmente la creación de un fondo para los recurrentes, fueron destacados por la encargada del departamento jurídico de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), Verónica Reyna.
“Lo que más privilegio es la creación de este fondo de asistencia legal, vamos a ver qué es lo que va a significar, porque una persona particular que no esté conectada ¿a dónde va para pedir llevar una caso a la comisión? ¿Quién le hace el escrito? Es un formulario muy modesto, porque está creado en la época en que América estaba en manos de dictaduras militares, entonces, no se poseía grande exigencias para llevar estos casos a la Comisión Interamericana”, afirmó Reyna.
Y es que el propio Fasic presentó una demanda contra el Estado peruano durante el régimen de Alberto Fujimori, quien luego de ser condenado por el caso de chilenos prisioneros políticos en esa nación acusados de “traición a la patria”, se salió del sistema interamericano para evitar la condena internacional. En ese momento todas las presentaciones, trámites y viajes a Washington y San José de Costa Rica de los abogados fueron costeados con recursos de la propia fundación versus todos los fondos que puede movilizar un país en estas circunstancias.
Además de la creación de este fondo, para el abogado Héctor Salazar, representante en el caso Lejderman-Ávalos, el que fue presentado para su estudio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cambios al reglamento hacen más sencillo el procedimiento y establece condiciones y plazos razonables para entregar un veredicto.
“Los procedimientos se van a acelerar, los plazos se acortan, la finalización de una etapa para pasar a la otra se facilita y eso agiliza el sistema. Entonces en vez de estar años esperando algo, es probable que este caso de la denuncia presentada por Ernesto Lejerman la comisión actúe de forma mucho más expedita y rápida”, sostuvo Salazar.
Sólo en el último año, profesores, deudores habitacionales y la semana pasada enfermos de cáncer anunciaron públicamente que recurrirían a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, prueba que el organismo se ha convertido en una nueva instancia de justicia y que puede tener alcances en el fundamento de las leyes internas para avanzar en el perfeccionamiento de la legislación en esta materia de los países sometidos a su jurisdicción.
