La polémica que se desató en la última semana en relación a libertad que tendrían los medios de comunicación en el gobierno de Sebastián Piñera, reabrió el debate en torno a la concentración de los medios, el pluralismo y la necesidad de levantar discursos que se escapen a lo oficial. Una nueva ventana que podría ser el éxito o el fracaso de los medios alternativos en Chile.

La polémica que se desató esta semana por el veto que el recién elegido Presidente, Sebastián Piñera, habría puesto a un periodista de su propio canal de televisión para que no le preguntara sobre la situación de sus acciones en la aerolínea Lan, abrió un nuevo debate en torno a los medios de comunicación.

Más allá de la clara censura que grafica este hecho, entre los círculos comunicacionales ya se perciben algunas suspicacias respecto del impacto que podría tener esta nueva administración en el ejercicio del pluralismo y la defensa de la libertad de expresión.

Esto, porque bajo el actual régimen de propiedad de los medios de comunicación, cuyos principales conglomerados muestran líneas editoriales afines al gobierno entrante, se volvería aún más complicado visibilizar aquellos temas que pudieran ser incómodos para las futuras autoridades.

Y de mantenerse esta situación el catastro no parece ser muy alentador. Para la directora de la cátedra “Medios de comunicación y participación ciudadana” de la Universidad Diego Portales, Victoria Uranga, el problema pasaría por la unilateralidad de los contenidos que marcarían la pauta informativa.

“Uno de los  roles de los medios de comunicación es poner en común temas. Más que decirnos qué pensar, hacen una selección de lo ‘significativo’. Cuando los medios de un país están mayoritariamente vinculados a una cierta visión de mundo, en este caso la derecha, necesariamente el debate se empobrece, la agenda se homogeniza y hay temas y actores que no logran entrar al espacio de lo público que los medios construyen. Eso es negativo para toda la sociedad, que requiere estar bien informada para tomar decisiones con libertad”, planteó la académica.

Un análisis similar realiza el Premio Nacional de Periodismo 2009, María Olivia Mönckeberg, quien señaló que “estamos en un cerco que asfixia a la libertad de expresión, lo que me parece muy grave para la democracia. Si eso era grave en los gobiernos de la Concertación, creo que hoy será peor. Si las mismas personas que manejan el poder económico, político y comunicacional del país tienen un representante en La Moneda, el cuadro se vuelve mucho más complejo”.

Un cuento aparte dentro del cuadro que describe Mönckeberg es el de los medios independientes o alternativos que día a día deben luchar para sobrevivir en medio de los avatares de la comunicación que se sostiene del avisaje publicitario.

Y pese a que ya existen proyectos de ley – como el de las radios comunitarias y el de la televisión digital – que deberían beneficiar a la diversidad y sustentabilidad de estas iniciativas, no es seguro que durante este gobierno puedan llegar a buen puerto.

“Si con la Concertación hubo un acercamiento mínimo, siempre cautelando los derechos de propiedad que ya tienen los comerciales, ¿qué se puede esperar de un gobierno de derecha? Las autoridades anteriores no entendieron que esto es un tema de derechos humanos, de derecho a la comunicación, de libertad de expresión y de democracia de las comunicaciones. Con la derecha se espera abrir un diálogo, pero obviamente que hay peores expectativas”, indicó el integrante de la ONG Educación y Comunicaciones (Eco), Enrique Ortega.

¿El fin de La Nación?

Sin embargo, uno de los temas que más se ha debatido y que se ha transformado casi en un paradigma dentro de la discusión es el futuro del diario La Nación. Asociado a la administración del Estado, este periódico ha sido aportillado, incluso desde antes que Piñera resultara electo.

La estrategia de denostar, en ocasiones burdamente, su campaña, tal vez no fue la mejor forma de ganar  la simpatía del futuro Presidente, la amenaza de cierre fue interpretada como otra mala señal para los medios de comunicación

Y aunque la intención ya quedó plasmada, su concreción no será tan fácil. Según constató la periodista Alejandra Matus en su investigación “La Nación Gate: cómo se privatizó el diario del Gobierno”, el 30 por ciento de las acciones de La Nación S.A tienen calidad de “preferentes”. Desde 1992, este tipo de acciones pertenecen a una sociedad de particulares, compuesta por tres personas denominada Colliguay S.A. En tanto, todas las acciones que posee el Fisco  son “ordinarias”, por lo tanto, Colliguay sería  la sociedad accionista “controladora” de la empresa, es decir, su verdadera dueña

Los integrantes de Colliguay pertenecen al directorio del periódico y tienen derecho a veto. Dentro de esta composición ninguna decisión sobre La Nación puede ser tomada sin la venia de los socios privados.

“Cualquier cambio significativo estaría fuera de la ley”, precisó Luis Eduardo Thayer, uno de los directores con derecho a veto.
Respecto de la posibilidad de separar La Nación del Diario Oficial, principal fuente de financiamiento de la empresa, Thayer indicó que aún no se ha dicho nada y que esperarán los planteamientos del gobierno entrante para tomar las decisiones.

El futuro

Junto con el panorama actual vienen aparejadas nuevas opciones que, en el mejor de los casos, podrían significar superar las ataduras que han tenido los medios de comunicación desde la dictadura y que se acentuaron durante la democracia.

Según  Enrique Ortega, “puede ser que los medios de comunicación comunitarios tengan el regreso de una sociedad civil que nunca los tomó muy en cuenta. Puede que se conviertan en una plataforma para que se surjan medios alternativos, se produzca información y haya legislación favorable a estos cometidos. Eso sería lo ideal. Si en estos cuatro años existiera una convergencia de los discursos que tengan asidero en los medios comunitarios, se fortalecerían éstos mismos y los discursos de oposición.

En la misma línea, María Olivia Mönckeberg vislumbra la posibilidad de dar paso a medios que no se apeguen al discurso oficial.

“La libertad de expresión no debe tener límites. Quizás si la gente y sobre todo los periodistas vamos viendo que no se están generando los causes, esto puede convertirse en un remezón para que por fin aparezcan medios sustentables que no sean de derecha”, afirmó la autora.

De todas maneras, parece haber un consenso en que la única manera para lograr estos cambios es aprovechar todas las plataformas que ofrece la tecnología actual y las redes sociales, con el fin de nutrir el flujo de informaciones, además de crear un vínculo creativo y veraz para generar productos noticiosos, fomentar el debate y cultivar el pluralismo.