Organizaciones ciudadanas asesoran a los dueños de casas o departamentos dañados en el terremoto en cómo hacer efectivos los seguros y cuándo demandar a las constructoras. Además la Superintendencia de Valores habilitó un teléfono para consultas.
Los teléfonos de la Asociación de Consumidores Inmobiliarios (ACOIN) no han dejado de sonar estos últimos días. Una gran cantidad de propietarios consulta por las fallas que han sufrido sus casas y departamentos tras el movimiento telúrico.
Tanta necesidad ha motivado a esta asociación para coordinar reuniones con el superintendente de Valores y Seguros, Óscar Mancilla, con el fin de convertirse en el medio competente que informe a la ciudadanía y logre traducir el lenguaje técnico y legal para toda la población, especialmente para los propietarios afectados.
Muchas inmobiliarias están respondiendo a las quejas de los propietarios a través de hacer válidos los seguros que estos contrajeron con distintos bancos o a través de los créditos hipotecarios.
Algunas empresas ya estarían respondiendo a los afectados. Sin embargo, el abogado Jorge Martínez Cornejo ha alertado que bancos, compañías de seguros, constructoras e inmobiliarias estarían urdiendo una estrategia jurídica para evitar pagar indemnización a las víctimas.
Marta Ramos, presidenta de la ACOIN, cree que este panorama es posible y manifiesta que los propietarios ante las empresas están en una situación bastante desfavorable, pues señaló que “aquí se defiende el dinero y a los que tienen plata”.
Ramos cuestiona acciones de las casas financieras que podrían estar escondiendo otros planes y estrategias comerciales, como por ejemplo “cuando los bancos te endosan seguros adicionales. ¿Por qué nos hacen tomar seguros que no hemos solicitado?, ¿estarán trabajando con algunas aseguradoras?”.
Tomás Fabres, abogado del mismo organismo señaló que al momento de hacer válido un seguro la compañía lo liquida de forma automática. No obstante, existe un derecho a “pataleo”. Es decir, se puede impugnar la liquidación. En caso de no haber acuerdo entre el ciudadano y la compañía se puede establecer un juicio arbitral.
Pero Chile es un país sísmico, por tanto, el seguro para terremotos debe ser obligatorio para quien asume la construcción de la obra, al menos mientras la inmobiliaria sea responsable. Es opción del propietario contraer un seguro opcional por 20 o 30 años más, pues los primeros 10 años ya estarían asegurados, dijo el abogado.
En caso de no contar con un seguro contra sismo o terremoto, “no hay más opción que demandar a la inmobiliaria, sólo si está dentro de los plazos de prescripción”, sugiere Fabres. Estos plazos están consagrados en la ley chilena y contemplan una garantía de diez años para las estructuras soportantes; cinco años para elementos constructivos e instalaciones y tres años para las terminaciones. “Fuera de estos plazos la inmobiliaria no es responsable, puesto que el periodo para reclamar una indemnización de perjuicios se ha extinguido”, explica Tomás Fabres.
Frente a la esta situación, las demandas personales son la única solución. Sin embargo, para hacerlo, cada propietario debe demandar de forma independiente, pues no existe la posibilidad de que las comunidades propietarias comiencen procesos legales.
Ante este problema, la senadora demócrata cristiana, Soledad Alvear, se reunió con ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, para presentar dos proyectos de ley, con carácter de urgencia, que permitirán a las personas interponer “demandas colectivas” y facilitar el proceso judicial. Además, otro proyecto que busca que sean los municipios los que represente a los dueños de las viviendas ante la instancia legal. “Eso va a posibilitar que se resuelva con el fallo de un tribunal la situaciones de los propietarios de varios departamentos o casa de una misma villa”.
Por otra parte, la senadora propuso la creación de un “subsidio para zonas en reconstrucción”, con el fin de brindar un soporte económico a quienes se vean afectados.
Para más detalles, la Superintendencia de Valores y Seguros ha habilitado un teléfono, donde se están respondiendo todas estas consultas. El 600-473-8000. Pues ante la devastación sufrida por el terremoto buscan protegerse los derechos de quienes han adquirido una vivienda y hoy temen perderla.
Organizaciones ciudadanas asesoran a los dueños de casas o departamentos dañados en el terremoto en cómo hacer efectivos los seguros y cuándo demandar a las constructoras. Además la Superintendencia de Valores habilitó un teléfono para consultas.
Los teléfonos de la Asociación de Consumidores Inmobiliarios (ACOIN) no han dejado de sonar estos últimos días. Una gran cantidad de propietarios consulta por las fallas que han sufrido sus casas y departamentos tras el movimiento telúrico.
Tanta necesidad ha motivado a esta asociación para coordinar reuniones con el superintendente de Valores y Seguros, Óscar Mancilla, con el fin de convertirse en el medio competente que informe a la ciudadanía y logre traducir el lenguaje técnico y legal para toda la población, especialmente para los propietarios afectados.
Muchas inmobiliarias están respondiendo a las quejas de los propietarios a través de hacer válidos los seguros que estos contrajeron con distintos bancos o a través de los créditos hipotecarios.
Algunas empresas ya estarían respondiendo a los afectados. Sin embargo, el abogado Jorge Martínez Cornejo ha alertado que bancos, compañías de seguros, constructoras e inmobiliarias estarían urdiendo una estrategia jurídica para evitar pagar indemnización a las víctimas.
Marta Ramos, presidenta de la ACOIN, cree que este panorama es posible y manifiesta que los propietarios ante las empresas están en una situación bastante desfavorable, pues señaló que “aquí se defiende el dinero y a los que tienen plata”.
Ramos cuestiona acciones de las casas financieras que podrían estar escondiendo otros planes y estrategias comerciales, como por ejemplo “cuando los bancos te endosan seguros adicionales. ¿Por qué nos hacen tomar seguros que no hemos solicitado?, ¿estarán trabajando con algunas aseguradoras?”.
Tomás Fabres, abogado del mismo organismo señaló que al momento de hacer válido un seguro la compañía lo liquida de forma automática. No obstante, existe un derecho a “pataleo”. Es decir, se puede impugnar la liquidación. En caso de no haber acuerdo entre el ciudadano y la compañía se puede establecer un juicio arbitral.
Pero Chile es un país sísmico, por tanto, el seguro para terremotos debe ser obligatorio para quien asume la construcción de la obra, al menos mientras la inmobiliaria sea responsable. Es opción del propietario contraer un seguro opcional por 20 o 30 años más, pues los primeros 10 años ya estarían asegurados, dijo el abogado.
En caso de no contar con un seguro contra sismo o terremoto, “no hay más opción que demandar a la inmobiliaria, sólo si está dentro de los plazos de prescripción”, sugiere Fabres. Estos plazos están consagrados en la ley chilena y contemplan una garantía de diez años para las estructuras soportantes; cinco años para elementos constructivos e instalaciones y tres años para las terminaciones. “Fuera de estos plazos la inmobiliaria no es responsable, puesto que el periodo para reclamar una indemnización de perjuicios se ha extinguido”, explica Tomás Fabres.
Frente a la esta situación, las demandas personales son la única solución. Sin embargo, para hacerlo, cada propietario debe demandar de forma independiente, pues no existe la posibilidad de que las comunidades propietarias comiencen procesos legales.
Ante este problema, la senadora demócrata cristiana, Soledad Alvear, se reunió con ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, para presentar dos proyectos de ley, con carácter de urgencia, que permitirán a las personas interponer “demandas colectivas” y facilitar el proceso judicial. Además, otro proyecto que busca que sean los municipios los que represente a los dueños de las viviendas ante la instancia legal. “Eso va a posibilitar que se resuelva con el fallo de un tribunal la situaciones de los propietarios de varios departamentos o casa de una misma villa”.
Por otra parte, la senadora propuso la creación de un “subsidio para zonas en reconstrucción”, con el fin de brindar un soporte económico a quienes se vean afectados.
Para más detalles, la Superintendencia de Valores y Seguros ha habilitado un teléfono, donde se están respondiendo todas estas consultas. El 600-473-8000. Pues ante la devastación sufrida por el terremoto buscan protegerse los derechos de quienes han adquirido una vivienda y hoy temen perderla.
Organizaciones ciudadanas asesoran a los dueños de casas o departamentos dañados en el terremoto en cómo hacer efectivos los seguros y cuándo demandar a las constructoras. Además la Superintendencia de Valores habilitó un teléfono para consultas.
Los teléfonos de la Asociación de Consumidores Inmobiliarios (ACOIN) no han dejado de sonar estos últimos días. Una gran cantidad de propietarios consulta por las fallas que han sufrido sus casas y departamentos tras el movimiento telúrico.
Tanta necesidad ha motivado a esta asociación para coordinar reuniones con el superintendente de Valores y Seguros, Óscar Mancilla, con el fin de convertirse en el medio competente que informe a la ciudadanía y logre traducir el lenguaje técnico y legal para toda la población, especialmente para los propietarios afectados.
Muchas inmobiliarias están respondiendo a las quejas de los propietarios a través de hacer válidos los seguros que estos contrajeron con distintos bancos o a través de los créditos hipotecarios.
Algunas empresas ya estarían respondiendo a los afectados. Sin embargo, el abogado Jorge Martínez Cornejo ha alertado que bancos, compañías de seguros, constructoras e inmobiliarias estarían urdiendo una estrategia jurídica para evitar pagar indemnización a las víctimas.
Marta Ramos, presidenta de la ACOIN, cree que este panorama es posible y manifiesta que los propietarios ante las empresas están en una situación bastante desfavorable, pues señaló que “aquí se defiende el dinero y a los que tienen plata”.
Ramos cuestiona acciones de las casas financieras que podrían estar escondiendo otros planes y estrategias comerciales, como por ejemplo “cuando los bancos te endosan seguros adicionales. ¿Por qué nos hacen tomar seguros que no hemos solicitado?, ¿estarán trabajando con algunas aseguradoras?”.
Tomás Fabres, abogado del mismo organismo señaló que al momento de hacer válido un seguro la compañía lo liquida de forma automática. No obstante, existe un derecho a “pataleo”. Es decir, se puede impugnar la liquidación. En caso de no haber acuerdo entre el ciudadano y la compañía se puede establecer un juicio arbitral.
Pero Chile es un país sísmico, por tanto, el seguro para terremotos debe ser obligatorio para quien asume la construcción de la obra, al menos mientras la inmobiliaria sea responsable. Es opción del propietario contraer un seguro opcional por 20 o 30 años más, pues los primeros 10 años ya estarían asegurados, dijo el abogado.
En caso de no contar con un seguro contra sismo o terremoto, “no hay más opción que demandar a la inmobiliaria, sólo si está dentro de los plazos de prescripción”, sugiere Fabres. Estos plazos están consagrados en la ley chilena y contemplan una garantía de diez años para las estructuras soportantes; cinco años para elementos constructivos e instalaciones y tres años para las terminaciones. “Fuera de estos plazos la inmobiliaria no es responsable, puesto que el periodo para reclamar una indemnización de perjuicios se ha extinguido”, explica Tomás Fabres.
Frente a la esta situación, las demandas personales son la única solución. Sin embargo, para hacerlo, cada propietario debe demandar de forma independiente, pues no existe la posibilidad de que las comunidades propietarias comiencen procesos legales.
Ante este problema, la senadora demócrata cristiana, Soledad Alvear, se reunió con ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, para presentar dos proyectos de ley, con carácter de urgencia, que permitirán a las personas interponer “demandas colectivas” y facilitar el proceso judicial. Además, otro proyecto que busca que sean los municipios los que represente a los dueños de las viviendas ante la instancia legal. “Eso va a posibilitar que se resuelva con el fallo de un tribunal la situaciones de los propietarios de varios departamentos o casa de una misma villa”.
Por otra parte, la senadora propuso la creación de un “subsidio para zonas en reconstrucción”, con el fin de brindar un soporte económico a quienes se vean afectados.
Para más detalles, la Superintendencia de Valores y Seguros ha habilitado un teléfono, donde se están respondiendo todas estas consultas. El 600-473-8000. Pues ante la devastación sufrida por el terremoto buscan protegerse los derechos de quienes han adquirido una vivienda y hoy temen perderla.
