En noviembre de 1996 Fidel Castro, que asistía la Sexta Cumbre Iberoamericana, se dirigió a Canelo de Nos, a reunirse con las élites izquierdistas de Chile. Al saludar afectuosamente a Hortensia Bussi, la respetada viuda de Salvador Allende le preguntó cuándo habría elecciones libres en  Cuba.

Este fue el comienzo de una lenta evolución de los lazos de los socialistas chilenos con el régimen revolucionario, y que el jueves tuvo un punto de inflexión cuando la bancada de diputados del partido apoyó implícitamente lo obrado en la víspera por los senadores socialistas. Estos suscribieron un proyecto de acuerdo presentado por los democratacristianos que demandaba la liberación de los presos políticos y condenaba la actitud de La Habana en contra de los opositores.

Los diputados dieron un paso adelante al afirmar que su afecto y deuda de gratitud con Cuba no les impide bregar por “el más pleno e irrestricto respeto por los derechos fundamentales a todo nivel de los ciudadanos, especialmente en la libre expresión de las ideas”.

A estas alturas son muchas las voces no asociadas a los intereses de Washington que claman por el fin de los prisioneros de conciencia en la isla. Si se quiere estigmatizar a estos defensores internacionales como liberales y social demócratas que abdicaron de su apoyo a la histórica Revolución Cubana –con todos los logros sociales que exhibe-, se cae en un simplismo para defender lo indefendible. Como dijo el trovador Pablo Milanés, un fidelista de alma, “las ideas  se discuten y se combaten, no se encarcelan”. Y no lo dijo porque “nos vamos poniendo viejos”.

Aunque algunos de los 50 opositores que quedan tras las rejas –de los 75 encarcelados hace siete años- hayan cometido actos contrarrevolucionarios, el Estado cubano se debilita con su cerrada actitud ante los 26 presos enfermos y la huelga de hambre del albañil Orlando Zapata, muerto en la cárcel, para luego hidratar y alimentar por la fuerza a su seguidor Guillermo Fariñas.

La inhumanidad se vuelve contra los ideales de la Revolución y contra la propia condición de un pueblo castigado por los Estados Unidos con un embargo que ya lleva medio siglo. Algunos socialistas chilenos como Jorge Arrate se niegan a criticar lo malo o insuficiente que pueda haber al interior de la isla mientras penda sobre ella esta prolongada agresión, pero la verdad es que una injusticia no se puede justificar con otra.

No se trata tampoco de caer en el complejo de la consecuencia y aplicar ciegamente un standard único a situaciones que pueden ser distintas, y el caso cubano se ha desarrollado específicamente en el contexto de ese bloqueo, que, por lo demás, resultó ineficaz y contraproducente para los fines que sus autores buscaron.

El propio gobierno de Raúl Castro cae en la trampa de la inconsecuencia y el doble standard y muestra debilidad adicional cuando compara a sus presos con los cinco cubanos contraterroristas que permanecen en cárceles estadounidenses hace ya 12 años, sin derecho a ver a sus cónyuges. Entonces cita a Amnesty International e invoca las mismas condiciones de encarcelamiento que se le achacan a su propio sistema.

Al fin de cuentas, queda claro que todo esto no es sino el destino inevitable de los más exaltados ideales políticos. Una vez que ellos se pueden concretar desde el Estado, la Revolución cede su paso al Poder, entendido como un bien en sí. La Habana no cederá ante las Damas de Blanco que reparten flores marchando por las calles desde una iglesia. No por la convicción de que no todo movimiento de este tipo y de cualquier color es necesariamente justo, sino porque desafía al Estado y éste –ya lo demostró Lenin- es esencialmente represor.