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Con amplio rechazo ciudadano se votará proyecto de ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación

Agencia de Calidad y Superintendencia de Educación son las dos nuevas entidades cuyos proyectos serán votados durante esta jornada en la Cámara de Diputados. Sin embargo, algunos parlamentarios, funcionarios del Ministerio de Educación y profesores no están de acuerdo con la iniciativa, ya que desde su perspectiva son ideas que avanzan en la privatización.

Raúl Martínez

  Martes 4 de mayo 2010 10:01 hrs. 
parlamento

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Esta mañana se va a votar en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Aseguramiento de la Calidad de Educación que crea la Agencia de Calidad y Superintendencia de Educación, ambos proyectos presentados por el gobierno de Michelle Bachelet luego del acuerdo alcanzado con la Alianza y que se celebró con un acto en La Moneda.

La iniciativa cuenta con el apoyo de los parlamentarios de RN y la UDI, como se lo hicieron ver al ministro de Educación, Joaquín Lavín, quien junto a su par de la secretaría general de la Presidencia, Cristián Larroulet, acudieron hasta el edificio del ex Congreso en Santiago para conocer el respaldo que tiene la iniciativa, aunque no hablaron sobre el tema con la prensa.

Quien sí expresó que el voto del bloque será favorable fue el vicepresidente de la Cámara de Diputados Germán Becker. “Con los profesores no hemos estado de acuerdo en muchas leyes, a lo mejor tenemos una visión distinta de lo que es la educación. Si en el proyecto de fortalecimiento de la educación pública, que es otro que está en la Cámara, no se le ha puesto urgencia, creemos que ahí podemos hacer algunos ajustes de modo de lograr  que  la educación pública sea de calidad y para todos los niños de Chile”, dijo Becker.

Pero la iniciativa es resistida por los funcionarios del Ministerio de Educación (Mineduc), quienes expresaron sus reparos a la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda, con quien se reunieron la tarde de ayer.

Nelson Viveros, presidente de la Agrupación de Funcionarios del Mineduc, sostuvo que el proyecto de ley que se va a votar en la sala de la cámara privatiza responsabilidades que hoy le corresponden al Estado. “Tanto es así que los artículos que le dan origen establecen principios  como el despido arbitrario de los funcionarios por necesidad de la empresa, establece listas de trabajadores condicionales que pueden ser despedidos en cualquier instante por la decisión de la jefatura y la mayoríaa del quehacer de este organismo lo van a hacer funcionarios del Estadio”, agregó  Viveros.

En el caso de la Agencia, señaló el dirigente, será una entidad externa contratada por el Ministerio de Educación la que establezca los parámetros de calidad, mientras que en la Superintendencia ocurrirá algo similar al tener auditorías licitadas a empresas privadas.

Por eso, el diputado PS e integrante de la comisión de Educación, Sergio Aguiló,adelantó que las bancadas de la Concertación votarán contra la propuesta.

“Tenemos reparos respecto a los artículos que violan derechos laborales de los funcionarios del Ministerio de Educación que son trasladados a la Agencia de Calidad y a la Superintendencia de Educación. Quedan con una condición de precariedad del trabajo muy grande, a punto que pueden ser echados de sus trabajos por la sola voluntad del intendente o del agente de calidad”, acusó el parlamentario.

Mientras, para el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, es complejo llegar a un acuerdo frente a esta iniciativa, con la cual también están absolutamente en desacuerdo. “Creemos que aquí se quiere eliminar la educación de mercado con más mercado y, desafortunadamente es un proyecto que no orienta las cosas a establecer la educación pública”, afirmó Gajardo.

Si bien en este punto no hay acuerdo de los profesores con la iniciativa, donde sí se mostraron satisfechos fue en la señal dada por los representantes de la Cámara de Diputados, quienes plantearon la necesidad de estudiar una fórmula para cancelar la deuda histórica que reclaman los docentes y de la que hasta hoy no han tenido una respuesta concreta de las sucesivas autoridades.

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