Por ocho votos contra dos, el Tribunal Constitucional determinó que la Ley 18.933 de Isapres contenía una Tabla de Factores de Riesgo discriminatoria contra los usuarios por edad y sexo.
Los cuatro numerales del artículo 38 ter de la citada ley apuntaban a que los tramos serían determinados por edad y diferenciados por sexo y la Superintendencia de Salud la encargada de fijar los diversos factores.
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, antes de conocer el acuerdo del Tribunal Constitucional, indicó que el gobierno trabajará en la elaboración de un proyecto de ley que modifique el sistema de financiamiento del sistema.
“Es un tema que tiene que ser revisado completamente y, en ese contexto ,se ha citado a una comisión de expertos que va a ser convocada por el propio Presidente en los próximos días para abordar una propuesta que puede ser entregada al Ejecutivo y que pueda llevar a un nuevo proyecto de ley, que sería enviado al Parlamento a más tardar durante el primer semestre del próximo año”, precisó el secretario de Estado.
La Comisión Nacional de Expertos sólo cuenta con miembros del mundo de la salud privada y ex directivos de las superintendencias de Salud y Isapres, por lo que los parlamentarios hacen un llamado a ser considerados por el Ejecutivo en la discusión.
“Es hora de discutir una nueva tabla y por eso el ministerio de Salud debería considera al Parlamento para participar en la comisión que se ha convocado para analizar profundamente qué va a pasar con las Isapres y el funcionamiento de la salud. Esto tiene un impacto enorme sobre las personas que son beneficiarias de este sistema y ha sido un anuncio que ha revolucionado a este sector”, manifestó el diputado PPD de la comisión de Salud, Marco Antonio Núñez.
El abogado Pedro Barría, quien expuso ante el Tribunal Constitucional en representación de los usuarios de la salud privada, indicó que éstos quedarán en buen pie después que el fallo sea publicado en el Diario Oficial en un plazo de 30 días.
Esto, porque una nueva ley será la que determine los criterios que se usen para fijar los precios de los planes de salud y no un organismo administrativo como lo es hasta hoy la Superintendencia de Salud.
Pese a ello, Barría sostuvo que “mientras no haya una ley nueva, las Isapres no van a querer afiliar personas porque no saben la tabla de factores que va a operar”, pero aseguró que “lo bueno es que esto ha generado un debate que creo que llevará a un mejoramiento de la situación”.
Según el abogado José Luis Baro, director de Defensalud, una iniciativa de defensa de los usuarios perjudicados por las alzas en los planes de las Isapres, no se advierten grandes cambios, pues la tabla de factores de riesgo seguirá rigiendo.
Y es que mientras no haya una nueva legislación, la actual ley sigue diciendo que “las Isapres serán libres para determinar los factores de cada tabla que empleen (…) autorización previa de la Superintendencia”.
“Prescindiéndose de las edades, la superintendencia tendrá que acudir a otros parámetros para determinar cómo va a quedar la tabla de riesgos de ahora en adelante. Esos mismos factores podrían ser en sí mismos discriminatorios y, por eso, seguiremos estando atentos a lo que ocurra”, dijo.
Desde el 1 de abril próximo, la Tabla de Factores de Riesgo funcionará bajo nuevos criterios a la espera del proyecto de ley que envíe el Ejecutivo, momento en que, como comentó el diputado UDI Juan Lobos, “va a significar un encarecimiento para las personas jóvenes a favor de ser solidarios con las personas mayores”, es decir, el problema cambia de afectado.
Por ocho votos contra dos, el Tribunal Constitucional determinó que la Ley 18.933 de Isapres contenía una Tabla de Factores de Riesgo discriminatoria contra los usuarios por edad y sexo.
Los cuatro numerales del artículo 38 ter de la citada ley apuntaban a que los tramos serían determinados por edad y diferenciados por sexo y la Superintendencia de Salud la encargada de fijar los diversos factores.
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, antes de conocer el acuerdo del Tribunal Constitucional, indicó que el gobierno trabajará en la elaboración de un proyecto de ley que modifique el sistema de financiamiento del sistema.
“Es un tema que tiene que ser revisado completamente y, en ese contexto ,se ha citado a una comisión de expertos que va a ser convocada por el propio Presidente en los próximos días para abordar una propuesta que puede ser entregada al Ejecutivo y que pueda llevar a un nuevo proyecto de ley, que sería enviado al Parlamento a más tardar durante el primer semestre del próximo año”, precisó el secretario de Estado.
La Comisión Nacional de Expertos sólo cuenta con miembros del mundo de la salud privada y ex directivos de las superintendencias de Salud y Isapres, por lo que los parlamentarios hacen un llamado a ser considerados por el Ejecutivo en la discusión.
“Es hora de discutir una nueva tabla y por eso el ministerio de Salud debería considera al Parlamento para participar en la comisión que se ha convocado para analizar profundamente qué va a pasar con las Isapres y el funcionamiento de la salud. Esto tiene un impacto enorme sobre las personas que son beneficiarias de este sistema y ha sido un anuncio que ha revolucionado a este sector”, manifestó el diputado PPD de la comisión de Salud, Marco Antonio Núñez.
El abogado Pedro Barría, quien expuso ante el Tribunal Constitucional en representación de los usuarios de la salud privada, indicó que éstos quedarán en buen pie después que el fallo sea publicado en el Diario Oficial en un plazo de 30 días.
Esto, porque una nueva ley será la que determine los criterios que se usen para fijar los precios de los planes de salud y no un organismo administrativo como lo es hasta hoy la Superintendencia de Salud.
Pese a ello, Barría sostuvo que “mientras no haya una ley nueva, las Isapres no van a querer afiliar personas porque no saben la tabla de factores que va a operar”, pero aseguró que “lo bueno es que esto ha generado un debate que creo que llevará a un mejoramiento de la situación”.
Según el abogado José Luis Baro, director de Defensalud, una iniciativa de defensa de los usuarios perjudicados por las alzas en los planes de las Isapres, no se advierten grandes cambios, pues la tabla de factores de riesgo seguirá rigiendo.
Y es que mientras no haya una nueva legislación, la actual ley sigue diciendo que “las Isapres serán libres para determinar los factores de cada tabla que empleen (…) autorización previa de la Superintendencia”.
“Prescindiéndose de las edades, la superintendencia tendrá que acudir a otros parámetros para determinar cómo va a quedar la tabla de riesgos de ahora en adelante. Esos mismos factores podrían ser en sí mismos discriminatorios y, por eso, seguiremos estando atentos a lo que ocurra”, dijo.
Desde el 1 de abril próximo, la Tabla de Factores de Riesgo funcionará bajo nuevos criterios a la espera del proyecto de ley que envíe el Ejecutivo, momento en que, como comentó el diputado UDI Juan Lobos, “va a significar un encarecimiento para las personas jóvenes a favor de ser solidarios con las personas mayores”, es decir, el problema cambia de afectado.
Por ocho votos contra dos, el Tribunal Constitucional determinó que la Ley 18.933 de Isapres contenía una Tabla de Factores de Riesgo discriminatoria contra los usuarios por edad y sexo.
Los cuatro numerales del artículo 38 ter de la citada ley apuntaban a que los tramos serían determinados por edad y diferenciados por sexo y la Superintendencia de Salud la encargada de fijar los diversos factores.
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, antes de conocer el acuerdo del Tribunal Constitucional, indicó que el gobierno trabajará en la elaboración de un proyecto de ley que modifique el sistema de financiamiento del sistema.
“Es un tema que tiene que ser revisado completamente y, en ese contexto ,se ha citado a una comisión de expertos que va a ser convocada por el propio Presidente en los próximos días para abordar una propuesta que puede ser entregada al Ejecutivo y que pueda llevar a un nuevo proyecto de ley, que sería enviado al Parlamento a más tardar durante el primer semestre del próximo año”, precisó el secretario de Estado.
La Comisión Nacional de Expertos sólo cuenta con miembros del mundo de la salud privada y ex directivos de las superintendencias de Salud y Isapres, por lo que los parlamentarios hacen un llamado a ser considerados por el Ejecutivo en la discusión.
“Es hora de discutir una nueva tabla y por eso el ministerio de Salud debería considera al Parlamento para participar en la comisión que se ha convocado para analizar profundamente qué va a pasar con las Isapres y el funcionamiento de la salud. Esto tiene un impacto enorme sobre las personas que son beneficiarias de este sistema y ha sido un anuncio que ha revolucionado a este sector”, manifestó el diputado PPD de la comisión de Salud, Marco Antonio Núñez.
El abogado Pedro Barría, quien expuso ante el Tribunal Constitucional en representación de los usuarios de la salud privada, indicó que éstos quedarán en buen pie después que el fallo sea publicado en el Diario Oficial en un plazo de 30 días.
Esto, porque una nueva ley será la que determine los criterios que se usen para fijar los precios de los planes de salud y no un organismo administrativo como lo es hasta hoy la Superintendencia de Salud.
Pese a ello, Barría sostuvo que “mientras no haya una ley nueva, las Isapres no van a querer afiliar personas porque no saben la tabla de factores que va a operar”, pero aseguró que “lo bueno es que esto ha generado un debate que creo que llevará a un mejoramiento de la situación”.
Según el abogado José Luis Baro, director de Defensalud, una iniciativa de defensa de los usuarios perjudicados por las alzas en los planes de las Isapres, no se advierten grandes cambios, pues la tabla de factores de riesgo seguirá rigiendo.
Y es que mientras no haya una nueva legislación, la actual ley sigue diciendo que “las Isapres serán libres para determinar los factores de cada tabla que empleen (…) autorización previa de la Superintendencia”.
“Prescindiéndose de las edades, la superintendencia tendrá que acudir a otros parámetros para determinar cómo va a quedar la tabla de riesgos de ahora en adelante. Esos mismos factores podrían ser en sí mismos discriminatorios y, por eso, seguiremos estando atentos a lo que ocurra”, dijo.
Desde el 1 de abril próximo, la Tabla de Factores de Riesgo funcionará bajo nuevos criterios a la espera del proyecto de ley que envíe el Ejecutivo, momento en que, como comentó el diputado UDI Juan Lobos, “va a significar un encarecimiento para las personas jóvenes a favor de ser solidarios con las personas mayores”, es decir, el problema cambia de afectado.
