Como “un problema histórico” calificaron los investigadores y académicos la situación que afecta al pueblo mapuche y que gatilló la huelga de hambre de los 32 presos que se acerca peligrosamente al umbral de los 60 días, acarreando serios problemas para la salud de los comuneros.
Así lo señaló Sergio Grez, historiador de la Universidad de Chile, para quien la inminencia del Bicentenario ha evidenciado un conflicto que en un primero momento el Gobierno intentó ahogar en el silencio.
“Los problemas históricos de largo arrastre que Chile ha tenido desde su conformación como Estado nacional, en particular la relación con los pueblos originarios y en general el trato que se le ha dado a los sectores populares de distinto tipo, son problemas que no han sido solucionados. Chile vive desde su nacimiento un profundo desgarramiento estructural y eso está quedando de relieve de manera patética en éste deslucido Bicentenario”, explicó el profesor.
Para Grez, la estrategia del Gobierno fue, en un comienzo, vencer a través del cansancio que generan este tipo de movimientos, pero se encontró con la firmeza de los comuneros, los que hasta el día de hoy siguen declarando que mantendrán la medida “hasta las últimas consecuencias”.
El académico también criticó la lentitud con la que las autoridades se han informado al respecto, recordando que el mismo ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a un mes de iniciada la huelga de hambre, declaró que “no estaba al tanto de la situación”.
“Me parece que el Gobierno ha reaccionado muy lentamente y tengo la impresión de que está actuando sobre la base de presumir que el conflicto se va a resolver reprimiendo, criminalizando y aplicando con toda la dureza posible, las normativas de las cuales dispone el Estado, como si se tratará de un problema al que se le pueden aplicar esas normas. Se trata de un conflicto que lleva más de 120 años de naturaleza distinta”, indicó Jorge Pinto, historiador y especialista de la Universidad de La Frontera en Temuco.
Si bien se han dado señales a través del anuncio de dos reformas de ley, los comuneros requieren compromisos firmados para deponer la huelga, pero el Gobierno llama a detener el movimiento antes de iniciar cualquier conversación, lo que claramente ha estancado lo que pudo llegar a ser una expedita vía de solución.
Ante esta situación, la vocera María Tralcal hizo un llamado a los medios de comunicación y al pueblo chileno a defender con fuerza la vida humana, en lo que sería “una semana clave” en el conflicto, según palabras del subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla.
“Nosotros estamos en un momento histórico y en un momento en que todos se deben mostrar de acuerdo a defender la vida humana, porque en este momento tenemos 32 personas que dependen de nosotros y dependen de que la opinión pública le haga entender al Gobierno que es un tema país que debe resolver. Decir que el tema de tener presos políticos mapuches que es una consecuencia de un proceso de demanda social. Si esto ha pasado es porque los gobiernos no han tenido la capacidad de resolver nuestras demandas de forma medular, porque solamente lo que han hecho es traer medidas paliativas”, enfatizo María Tralcal.
Para los historiadores la solución va más allá de un anuncio genérico desde la cartera del Interior, sino por la necesidad de que el Gobierno exprese una verdadera voluntad política, brindando pruebas contundentes de que sus intenciones son sinceras.
Mientras el conflicto no tenga una solución, las movilizaciones continuarán. Para el martes 7 de septiembre los historiadores convocan a una manifestación a las 12:00 horas en las puertas del Archivo Histórico Nacional, desde donde marcharán al centro de Santiago.
A partir de este lunes, todos los miércoles se realizarán jornadas de movilización a favor de los presos políticos mapuche hasta alcanzar acuerdos concretos que permitan avanzar hacia una solución e iniciar el tan pendiente diálogo entre el Estado Chileno y los pueblos originarios.
Como “un problema histórico” calificaron los investigadores y académicos la situación que afecta al pueblo mapuche y que gatilló la huelga de hambre de los 32 presos que se acerca peligrosamente al umbral de los 60 días, acarreando serios problemas para la salud de los comuneros.
Así lo señaló Sergio Grez, historiador de la Universidad de Chile, para quien la inminencia del Bicentenario ha evidenciado un conflicto que en un primero momento el Gobierno intentó ahogar en el silencio.
“Los problemas históricos de largo arrastre que Chile ha tenido desde su conformación como Estado nacional, en particular la relación con los pueblos originarios y en general el trato que se le ha dado a los sectores populares de distinto tipo, son problemas que no han sido solucionados. Chile vive desde su nacimiento un profundo desgarramiento estructural y eso está quedando de relieve de manera patética en éste deslucido Bicentenario”, explicó el profesor.
Para Grez, la estrategia del Gobierno fue, en un comienzo, vencer a través del cansancio que generan este tipo de movimientos, pero se encontró con la firmeza de los comuneros, los que hasta el día de hoy siguen declarando que mantendrán la medida “hasta las últimas consecuencias”.
El académico también criticó la lentitud con la que las autoridades se han informado al respecto, recordando que el mismo ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a un mes de iniciada la huelga de hambre, declaró que “no estaba al tanto de la situación”.
“Me parece que el Gobierno ha reaccionado muy lentamente y tengo la impresión de que está actuando sobre la base de presumir que el conflicto se va a resolver reprimiendo, criminalizando y aplicando con toda la dureza posible, las normativas de las cuales dispone el Estado, como si se tratará de un problema al que se le pueden aplicar esas normas. Se trata de un conflicto que lleva más de 120 años de naturaleza distinta”, indicó Jorge Pinto, historiador y especialista de la Universidad de La Frontera en Temuco.
Si bien se han dado señales a través del anuncio de dos reformas de ley, los comuneros requieren compromisos firmados para deponer la huelga, pero el Gobierno llama a detener el movimiento antes de iniciar cualquier conversación, lo que claramente ha estancado lo que pudo llegar a ser una expedita vía de solución.
Ante esta situación, la vocera María Tralcal hizo un llamado a los medios de comunicación y al pueblo chileno a defender con fuerza la vida humana, en lo que sería “una semana clave” en el conflicto, según palabras del subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla.
“Nosotros estamos en un momento histórico y en un momento en que todos se deben mostrar de acuerdo a defender la vida humana, porque en este momento tenemos 32 personas que dependen de nosotros y dependen de que la opinión pública le haga entender al Gobierno que es un tema país que debe resolver. Decir que el tema de tener presos políticos mapuches que es una consecuencia de un proceso de demanda social. Si esto ha pasado es porque los gobiernos no han tenido la capacidad de resolver nuestras demandas de forma medular, porque solamente lo que han hecho es traer medidas paliativas”, enfatizo María Tralcal.
Para los historiadores la solución va más allá de un anuncio genérico desde la cartera del Interior, sino por la necesidad de que el Gobierno exprese una verdadera voluntad política, brindando pruebas contundentes de que sus intenciones son sinceras.
Mientras el conflicto no tenga una solución, las movilizaciones continuarán. Para el martes 7 de septiembre los historiadores convocan a una manifestación a las 12:00 horas en las puertas del Archivo Histórico Nacional, desde donde marcharán al centro de Santiago.
A partir de este lunes, todos los miércoles se realizarán jornadas de movilización a favor de los presos políticos mapuche hasta alcanzar acuerdos concretos que permitan avanzar hacia una solución e iniciar el tan pendiente diálogo entre el Estado Chileno y los pueblos originarios.
Como “un problema histórico” calificaron los investigadores y académicos la situación que afecta al pueblo mapuche y que gatilló la huelga de hambre de los 32 presos que se acerca peligrosamente al umbral de los 60 días, acarreando serios problemas para la salud de los comuneros.
Así lo señaló Sergio Grez, historiador de la Universidad de Chile, para quien la inminencia del Bicentenario ha evidenciado un conflicto que en un primero momento el Gobierno intentó ahogar en el silencio.
“Los problemas históricos de largo arrastre que Chile ha tenido desde su conformación como Estado nacional, en particular la relación con los pueblos originarios y en general el trato que se le ha dado a los sectores populares de distinto tipo, son problemas que no han sido solucionados. Chile vive desde su nacimiento un profundo desgarramiento estructural y eso está quedando de relieve de manera patética en éste deslucido Bicentenario”, explicó el profesor.
Para Grez, la estrategia del Gobierno fue, en un comienzo, vencer a través del cansancio que generan este tipo de movimientos, pero se encontró con la firmeza de los comuneros, los que hasta el día de hoy siguen declarando que mantendrán la medida “hasta las últimas consecuencias”.
El académico también criticó la lentitud con la que las autoridades se han informado al respecto, recordando que el mismo ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a un mes de iniciada la huelga de hambre, declaró que “no estaba al tanto de la situación”.
“Me parece que el Gobierno ha reaccionado muy lentamente y tengo la impresión de que está actuando sobre la base de presumir que el conflicto se va a resolver reprimiendo, criminalizando y aplicando con toda la dureza posible, las normativas de las cuales dispone el Estado, como si se tratará de un problema al que se le pueden aplicar esas normas. Se trata de un conflicto que lleva más de 120 años de naturaleza distinta”, indicó Jorge Pinto, historiador y especialista de la Universidad de La Frontera en Temuco.
Si bien se han dado señales a través del anuncio de dos reformas de ley, los comuneros requieren compromisos firmados para deponer la huelga, pero el Gobierno llama a detener el movimiento antes de iniciar cualquier conversación, lo que claramente ha estancado lo que pudo llegar a ser una expedita vía de solución.
Ante esta situación, la vocera María Tralcal hizo un llamado a los medios de comunicación y al pueblo chileno a defender con fuerza la vida humana, en lo que sería “una semana clave” en el conflicto, según palabras del subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla.
“Nosotros estamos en un momento histórico y en un momento en que todos se deben mostrar de acuerdo a defender la vida humana, porque en este momento tenemos 32 personas que dependen de nosotros y dependen de que la opinión pública le haga entender al Gobierno que es un tema país que debe resolver. Decir que el tema de tener presos políticos mapuches que es una consecuencia de un proceso de demanda social. Si esto ha pasado es porque los gobiernos no han tenido la capacidad de resolver nuestras demandas de forma medular, porque solamente lo que han hecho es traer medidas paliativas”, enfatizo María Tralcal.
Para los historiadores la solución va más allá de un anuncio genérico desde la cartera del Interior, sino por la necesidad de que el Gobierno exprese una verdadera voluntad política, brindando pruebas contundentes de que sus intenciones son sinceras.
Mientras el conflicto no tenga una solución, las movilizaciones continuarán. Para el martes 7 de septiembre los historiadores convocan a una manifestación a las 12:00 horas en las puertas del Archivo Histórico Nacional, desde donde marcharán al centro de Santiago.
A partir de este lunes, todos los miércoles se realizarán jornadas de movilización a favor de los presos políticos mapuche hasta alcanzar acuerdos concretos que permitan avanzar hacia una solución e iniciar el tan pendiente diálogo entre el Estado Chileno y los pueblos originarios.
