La unánime votación en el Senado chileno exigiendo a la Presidenta Cristina Fernández la extradición del ex frentista Galvarino Apablaza, deja al desnudo los avances que el modelo de Pinochet ha tenido en el autodenominado “progresismo chileno” y en su mentalidad para abordar determinados asuntos.
Porque en medio de la histeria colectiva de la UDI reclamando y vociferando a favor de derechos humanos que jamás defendieron cuando ellos fijaban las reglas de juego político detrás del dictador, y que hoy surgen como bandera para reclamar por Apablaza, aparecen los voceros concertacionistas acompañando en un destemplado coro los reclamos a favor de que la República Argentina extradite al ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, desconociendo la institución del asilo y el refugio político a que cada nación tiene el libre derecho de ejercitar sin tener que dar explicaciones a nadie.
Estos, son resortes exclusivos y soberanos de cada estado, y se aplica de acuerdo con los mejores criterios desde el punto de vista humanitario y político, y no necesariamente desde el estrictamente jurídico, aunque en este caso, también corresponde desde lo legal refugiar a una persona que mediática y políticamente ya ha sido sentenciada y condenada antes de ir a un juicio en su país de origen.
Pero no llama la atención esta actitud de la Concertación, en general y de los dirigentes PS y PPD en particular. Y es aquí donde entra a jugar el denominado “Síndrome de Estocolmo”. Es decir, quienes fueron víctimas de los ejecutores e inspiradores del más cruel sistema represivo en Chile, hoy aparecen enamorados de la causa de sus propios verdugos, ejerciendo no una solidaridad, sino ya, una verdadera complicidad en los propósitos de buscar no justicia, sino una lisa y llana venganza por el asesinato del verdadero ideólogo de la dictadura militar y ex senador, Jaime Guzmán Errázuriz.
Son los mismos que estaban felices el día del frustrado atentado en contra del dictador, rogando a Dios y todos los santos que Pinochet hubiera muerto en el mismo y padeciendo luego una nueva persecución y venganza, a cuenta de un hecho que al final resultó frustrado y que trajo como consecuencia una criminal razzia de sangre y muerte producto de la venganza ordenada por el entonces general todopoderoso y dueño de la vida y de la muerte de todos los chilenos.
Por eso resulta cuando menos paradójico ver al Presidente Piñera quejándose por el refugio que soberanamente otorgó la Argentina a Galvarino Apablaza, aduciendo que esto atenta en contra de la defensa de los Derechos Humanos, algo así como “el diablo vendiendo cruces”.
Por eso no sorprende ver al Presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, rasgándose las vestiduras en nombre de la justicia y asumiendo una conducta absolutamente reñida con los principios fundacionales de su propia tienda política. Compró a paquete cerrado las bondades del modelo y el credo de sus verdugos. ¿O puede buenamente Andrade decir que Apablaza será objeto de un juicio justo en Chile cuando todos los medios de comunicación ya han pronunciado su sentencia de culpabilidad, sin que siquiera se le haya interrogado al respecto?
No, no existe esa garantía jurídica en Chile, por más que la derecha histérica ande reclamando por derechos humanos que ellos le negaron a Dios y María Santísima y aunque anden pregonando un verdadero “Casus Belli” a raíz de la concesión de refugio por parte del Estado argentino.
Creo que la lucidez de la Presidenta, Cristina Fernández, se ha impuesto con claridad ante los estertores chauvinistas que en Chile claman venganza. Una muestra más de que la institución del refugio debe ser salvaguardada con todo y contra todo. Así reza el derecho internacional y los tratados sobre la materia ya que, con esto, la República Argentina no ha hecho más que ajustarse a derecho y cumplir a rajatabla con los convenios internacionales que ha contraído, lo que define muy bien –además- la calidad de sus instituciones y su propia solvencia en materia de apego irrestricto a las normas que rigen la defensa de los Derechos Humanos.
Finalmente, pienso que el caso de Andrade y Cía. es digno de analizar a nivel siquiátrico. Si no rompen con el Síndrome de Estocolmo, volverán una y otra vez a tropezar con la misma piedra, o sea, seguir levantando banderas que, lejos de tener algo que ver con el socialismo, son las banderas de quienes durante 17 años se ensañaron con el pueblo de Chile, sometiendo a su libre arbitrio a todo un país, sin el más mínimo respeto por la vida de nadie. Los mismo que hoy echan espuma por la boca insultando a un estado soberano, que ha aplicado ni más ni menos un derecho que legal y legítimamente le asiste, al conceder refugio político a quien fue un baluarte en la lucha contra la más feroz dictadura que haya tenido Chile.
Buenos Aires, 2 de octubre de 2010
