- Se profundiza la crisis
En marzo de 2008, a través de un ensayo de mi autoría y diversas conferencias dictadas en universidades estatales a lo largo de todo el país, pude dar a conocer entre otros aspectos, los diferentes problemas que viene enfrentando el Sistema Universitario Chileno, en particular, el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH), y de cómo este organismo ha ido perdiendo legitimidad en su rol de interlocutor de la Educación Superior con el Gobierno y ante la sociedad chilena toda. Visión, que por lo demás, ha sido compartida por otros informes internacionales como el desarrollado por la OCDE varios meses más tarde, en septiembre de 2008 y, posteriormente, en una versión completa aparecida a comienzos del año 2009.
Este análisis, en su concepción más gruesa, expone las limitaciones que este Consejo Nacional tiene al representar a sólo una fracción de las entidades universitarias, vale decir, a las dieciséis universidades estatales y a las nueve universidades privadas tradicionales, dejando fuera de su organización a más de treinta universidades privadas fundadas con posterioridad al año 81 y que, evidentemente, también contribuyen al sistema universitario en su conjunto. Más cuando estas últimas instituciones, hoy día acogen a casi el cincuenta por ciento del estudiantado universitario chileno, con proyecciones de seguir creciendo.
Junto con ello, cabe señalar también, que se ha venido observando por más de dos décadas una falta de equidad en la aplicación de las políticas estatales cuando, por ejemplo, a nivel institucional, del conjunto de universidades privadas sólo las nueve consideradas tradicionales acceden a fondos estatales, sin mediar concurso alguno o sin programas de desempeño con rendición de cuentas, en tanto que, a nivel estudiantil, las diferentes redes de apoyo crediticio y de becas que el Estado entrega van orientadas, de manera casi exclusiva, a los estudiantes que acceden a las universidades del CRUCH.
Sin duda que ha faltado el sentido de la oportunidad por parte de quiénes han encabezado la conducción del CRUCH, al no actuar proactivamente frente a una ley obsoleta en la práctica y que sólo mantiene privilegios históricos, a pesar de la evolución que el mismo sistema universitario ha venido experimentando. El no actuar oportunamente por resolver estos problemas que, a todas luces, tarde o temprano desencadenarían un proceso de deslegitimación ante sus mismas instituciones miembros, ha conducido finalmente a una pérdida de las confianzas existentes al interior del propio CRUCH, de modo que, ante diferentes demandas, se han producido fraccionamientos internos a la hora de rescatar para sí nuevos derechos o privilegios de grupo. Sin duda que, este tipo de actuaciones, deja al margen una cultura de entendimientos y ordenamiento del sistema universitario, el que resulta ser cada vez más complejo por las demandas propias del país en materias de cultura, ciencia, tecnología e innovación. Además, no podemos ignorar el efecto que desencadena la creciente matrícula de nuevos estudiantes que se incorporan en primera generación a la universidad, con una desgastada y desprestigiada Enseñanza Media, particularmente en el ámbito de los colegios municipalizados.
De ahí que el cuadro que observamos al interior de este actual CRUCH, en el presente se nos muestra debilitado y carente de liderazgos académicos sólidos, en donde pareciera que, articularlo nuevamente, no será una tarea trivial ni de corto plazo.
2. Un viejo lema: “el Nuevo Trato”
Uno de los ingredientes con que se afectó significativamente la estabilidad del actual CRUCH, surgió de modo particular en Febrero del 2009, con una carta pública que el rector Víctor Pérez Vera de la Universidad de Chile dirigió al Gobierno, en términos de constituir un “Nuevo Trato” de carácter preferencial en la relación del Estado con sus dieciséis Universidades Públicas. Este nuevo intento por situar la discusión con el Estado en una perspectiva de mayores impetraciones económicas, producto de un financiamiento cada vez más reducido del sector estatal, en relación a las renovadas demandas que impone el mercado y las exiguas inversiones que vienen enfrentando las universidades estatales, hizo que, producto de las vulnerabilidades que también experimentan las universidades privadas del CRUCH, vieran en esta petición al Gobierno una amenaza para sus propios intereses.
Esta legítima e ineficaz demanda que instala como bloque al Consorcio de Universidades Estatales en el interior del CRUCH, desde mi perspectiva, no avanzó más de lo que fueron las propuestas de Jaime Lavados Montes, bajo la concepción de una Universidad Paradigmática y, más tarde, de Luis Riveros Cornejo, con su defensa de la Educación Pública. Propuestas que enfatizaron el rol de las universidades públicas en la movilidad social del país. No obstante el esfuerzo desplegado por ellos, los gobiernos de la Concertación siguieron durante veinte años por el mismo camino trazado por el Gobierno Militar en estas materias, sin modificar el único instrumento de financiamiento de base del Estado al Sistema Universitario Tradicional (Aporte Fiscal Directo o AFD), el cual ha sido sistemáticamente favorable a las universidades privadas del CRUCH, con casi un 45% de dicho Fondo, respecto del 55% restante distribuido en las dieciséis universidades estatales.
De ahí que, el “Nuevo Trato”, como renovada propuesta hacia el Gobierno por parte de Víctor Pérez Vera, no introduce ningún elemento conceptual adicional en la reinstalación de un nuevo Sistema Universitario que permita recoger la diversidad y complejidad alcanzada en la última década, en vistas a reformar el Sistema imperante. Es por ello que, en la lógica de las universidades privadas del CRUCH, una nueva petición meramente económica y preferencial para las universidades estatales se les transformaría en una amenaza, dado que verían afectada la distribución histórica del AFD, con riesgos en el mejoramiento de sus actuales planteles y coberturas académicas por aportes del Estado, proposición que, evidentemente, tampoco compartieron las nuevas universidades privadas fuera del CRUCH, las que, ya en la modalidad actual, a través de algunas vocerías han manifestado la discriminación que experimentan por parte del Estado.
De modo que no nos ha resultado extraño observar que, desde el interior del propio CRUCH, las principales universidades privadas constituyeran un nuevo referente universitario que confrontase el bloque de las universidades estatales, que se ha denominado Cruz del Sur, agrupando a las de mayor trayectoria y antigüedad: Pontificia Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad Federico Santa María y Universidad Austral de Chile.
Este nuevo referente universitario Cruz del Sur, que de paso, ha buscado equiparar el quehacer académico de las dos primordiales universidades estatales con trayectoria nacional en los principales ámbitos que las caracterizan, ha dejado en evidencia una situación bastante desmejorada que viven las universidades estatales regionales en materias de investigación, creación y formación de postgrado, sin por ello, dejar al margen las falencias que éstas tienen en pregrado y los distintos niveles de acreditación con que se distinguen al interior del CRUCH. En esta misma dirección, la instalación de esta nueva hegemonía académica, deja a la vera del camino a las Universidades Católicas del Norte, del Maule, de la Santísima Concepción y de Temuco, las que similarmente a sus pares estatales regionales, parecieran enfrentar un destino más incierto, en razón a sus más precarias existencias académicas y financieras, mostrando con todo ello, las debilidades actuales que mantiene el propio Sistema Universitario Tradicional o CRUCH.
Efectivamente, la división interna a la que han llegado el conjunto de estas instituciones universitarias del CRUCH no sólo las deja en un estado de indeterminación al destino conjunto de casi tres décadas, sino que además, introduce una nueva variable de impacto en las propias políticas ministeriales, en cuanto a que, si bien, el propio Ministerio de Educación ha carecido de un programa de reformas que le hubiese permitido enfrentar el natural desarrollo evolutivo que ha seguido la educación universitaria, hoy día, podríamos decir, se hace menos vinculante con el destino de las mismas. Bástenos apreciar que este deterioro se venía progresivamente acentuando desde hace algunos años atrás, siendo después del paro de los “pingüinos”, en mayo del 2006, el punto más gravitante al constituir el Gobierno la Comisión Presidencial de Educación Superior y encomendar su presidencia a un rector de una universidad privada no perteneciente al CRUCH. A esto, sumemos lo acontecido hacia el término del período presidencial pasado, cuando en diciembre de 2009, y convocado por la propia Ministra de Educación, se realiza la primera Conferencia de Rectores de Universidades Chilenas, para analizar el futuro del sistema universitario chileno, al margen del CRUCH.
3. Las tendencias actuales
No podemos desconocer los problemas económicos que han estado experimentando los países del hemisferio norte en los últimos años, a pesar de los buenos deseos de sus gobernantes. Diferentes enfoques se han planteado para superar la crisis, siendo notable la perspectiva e impulso político que ha intentado dar a su gestión el Presidente Obama, como se pudo apreciar desde el inicio de su período presidencial: “la ciencia hay que colocarla en el lugar que le corresponde y vamos a hacer de la educación el pilar fundamental a través de la reforma de colegios y universidades para enfrentar esta crisis mundial”.
Por su parte, Francia, enfrenta una situación crítica en medio de un conjunto de países que han comenzado a mostrar los efectos de este fenómeno económico mundial, con serios problemas sociales que empiezan a emerger en diferentes puntos de Europa. Sin duda que, ante los evidentes ajustes económicos que se irán produciendo para paliar esta crisis mundial de largo aliento, la disminución de la cobertura estatal en amplias materias como educación y políticas de ayuda social, serán blancos naturales del proceso de ajuste que irán experimentando los países afectados. Bástenos apreciar de cómo los sistemas de Previsión Laboral ya comienzan a mostrar señales de las primeras medidas restrictivas desde la acción gubernamental.
No obstante la complejidad de este panorama internacional, reflejo de las alteraciones que ha venido experimentando en las últimas décadas el Estado Protector, tendencias muy claras en materia de educación universitaria comienzan a emerger tanto fuera5 como dentro de nuestro país, en donde el mundo privado cobra más presencia producto de políticas surgidas desde el seno de los propios gobiernos que tratan de reducir el apoyo estatal.
De entre las principales tendencias que se observan en materia de educación universitaria, cuatro de ellas parecieran estar gravitando en la mayoría de las políticas de Estado, a saber: (1) Una creciente necesidad de homologar Programas o Planes de Estudio; (2) Un tránsito hacia la competitividad universitaria por fondos estatales concursables; (3) Una ampliación de la matrícula hacia los niveles socioeconómicos más bajos con becas o apoyo de origen estatal; y (4) Un creciente involucramiento de entidades privadas en el financiamiento, planificación y organización.
Sin duda que, estas tendencias, se han ido plasmando mediante medidas implícitas y explícitas desde diversas regulaciones gubernamentales que se han aplicado al existente Sistema de Educación Superior, generando cambios inorgánicos que han hecho más inviable la comprensión del mismo y, de paso, aumentar las variables que determinan la crisis en curso.
De ahí que resulte inexcusable desatender la correcta interpretación de los códigos políticos y gubernamentales que, en materia de organización y financiamiento universitario, se han estado planteando por casi treinta años en nuestro país. Esta evolución interna ha de ser analizada con la consideración de las permanentes perturbaciones que los procesos de moda han influenciado el sistema universitario. Modas que han surgido de adaptaciones de realidades externas o de políticas económicas innovadoras que han surgido desde el seno de entidades financieras mundiales. Materias que por lo demás, han venido a ser agentes de cambio para introducir mecanismos paliativos o compensatorios que justifiquen políticas sociales de inversión gubernamental.
Después de todo, un análisis comparado a nivel mundial sitúa al actual Sistema Universitario Chileno en uno de los modelos de financiamiento más extremos del planeta, al evidenciar que éste, en más de un 80%, se circunscribe a un sistema sustentado por el sector privado familiar y que, en su apertura a una formación masiva del estudiantado chileno, el lucro se ha instalado de manera subrepticia al amparo de la actual legislación que, contrariamente a lo observado, lo prohíbe.
En este aspecto, debe hacernos sentido que cada día que pase, se hará más difícil el proceso de alcanzar propuestas consensuadas, toda vez que desde el Gobierno se agilizarán medidas concretas para rediseñar este Sistema Universitario sobre la base de acciones financieras y organizacionales afines con las políticas económicas de quién posee los recursos. Ya en días pasados, el Presidente Piñera ha convocado a los Rectores de las Universidades Chilenas, sin distinción de origen institucional, a un proceso de discusión respecto de las políticas de Estado en materias de Educación Superior que le son de mayor urgencia en su período presidencial, de por sí corto en el tiempo, anunciando medidas de financiamiento concursables a todas las instituciones, sin exclusión, como hasta hace poco fueron los proyectos MECESUP, orientados exclusivamente a universidades del CRUCH.
4. Hacia un nuevo Sistema Universitario
Intentar destruir el pasado histórico de las alianzas que las universidades del CRUCH han establecido por más de cinco décadas, en el caso de las siete universidades más antiguas del país, y por casi tres décadas, con las que se incorporan después de la reforma del 81, sería perder un valioso capital de vinculaciones académicas y de programas cooperativos fundamentales en el desarrollo universitario que el país requiere.
Convenir que el CRUCH hoy día no responde a los principales desafíos que el país tiene en materia de conducción del sistema universitario o establecer que se ha producido una falta de vinculación apropiada con el MINEDUC, no amerita buscar un nuevo referente nacional fuera del CRUCH, si efectivamente y a pesar de las diferencias y faltas de confianzas existentes entre sus integrantes, sigue siendo el CRUCH el principal reservorio del quehacer académico y universitario nacional.
Es por ello que, debemos centrar nuestra atención en realizar una apropiada adecuación de la organización existente, a fin de que responda a principios universales de interés común para el bienestar y realización de nuestra sociedad, sin perder de vista que, las universidades, son algo más que entidades formadoras de profesionales y la investigación, creación, asistencialidad y fomento de la cultura son sus tareas intrínsecas y de país, aún cuando no todas estén en condiciones de realizar tales tareas al más alto nivel ni estén todas obligadas a seguir la misma ruta.
4.1 Principio de Inclusión. En esta perspectiva, debemos propender a tener un Sistema que sea inclusivo, sobre la base de agrupar a todas las entidades universitarias que cumplen con ciertos estándares mínimos de calidad y que, obedeciendo fielmente en el espíritu y en la letra de la ley, no son entidades comerciales y que, por el contrario, se caractericen por tener un patrimonio propio al servicio de sus propias comunidades universitarias y del país.
4.2 Principio de Estratificación. Sobre la base de aceptar este primer principio de inclusividad, necesariamente nos habrá de llevar a establecer un segundo principio de estratificación, que aborde la actual diversidad existente en cuanto a los niveles de complejidad que les son intrínsecos. En este contexto resulta coherente establecer dicha estratificación con definiciones amplias y universalmente aceptadas en el mundo académico y universitario como lo son (i) las universidades docentes (colleges), asociadas principalmente a la formación de profesionales de pregrado, (ii) las universidades de investigación, como aquellas que además de las docentes abordan áreas específicas de investigación, tecnología e innovación y se asocian con el destino de sus propias regiones y su desarrollo, y finalmente con (iii) las universidades complejas, que suman a lo antes establecido, una amplia cobertura de intereses en investigación y creación, además de potenciar fuertemente el postgrado y un sentido de la competitividad a nivel internacional.
Con la puesta en marcha de los aranceles de referencia para las carreras de pregrado, el MINEDUC inició algunos años atrás un tímido paso por crear esta suerte de estratificación institucional en las cuatro categorías que son ampliamente conocidas. Hoy día se hace necesario extender este avance como un hecho en si mismo, en donde la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago de Chile, conjuntamente con la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción, conforman, sin lugar a dudas, el grupo de universidades con el más alto nivel en nuestro país, dándose una paridad que viene a equilibrar el Sistema Universitario entre las que conforman el conglomerado de las universidades estatales y privadas. De igual modo, las demás universidades del CRUCH deberían clasificarse sin menoscabo, y más bien, en lo que a su naturaleza y esencia corresponden, en universidades de investigación y de docencia, para así dar paso, progresivamente, a la ampliación de este Consejo con las otras instituciones nacionales que cumplen con las mismas o similares acreditaciones.
4.3 Principio de Simetría en la Gestión Universitaria. En relación con la Gestión Institucional de este nuevo CRUCH, debiera iniciarse un proceso de reglamentación que, con el correspondiente respaldo legal por parte del Gobierno y del Congreso, se establezca de manera universal, un tercer principio de Simetría en la Gestión Universitaria, particularmente en lo concerniente a derechos y deberes para todas las instituciones que gocen del beneficio de contar con aportes estatales permanentes. Así, se establecerían modos comunes de rendición de cuentas sobre recursos adjudicados por el Estado y por Privados, en tanto que, en materia de empréstitos se adjudicarían en un mismo nivel de oportunidades y condiciones que mejoren e igualen los niveles de exigencia en la gestión y administración universitaria.
5. Estructura y Organización
Constituido el nuevo CRUCH se debería conformar una nueva estructura de su organización interna, de modo que su conducción sea paritaria en la naturaleza jurídica de las universidades que lo componen, en donde, además de las cuatro universidades complejas, a su directorio se integren representantes de cada uno de los dos niveles restantes, manteniendo la paridad entre privadas y estatales. La presidencia de este Consejo ya no debería corresponder al Ministro de Educación, de modo que sea de una representación eminentemente universitaria y no política o gubernamental, como se estableció en tiempos de la dictadura, y que, desafortunadamente, rige hasta hoy. Sin embargo, por la naturaleza jurídica de origen de este CRUCH, debiera seguir siendo una corporación de derecho público, y por lo tanto, su presidencia debería volver a recaer en el rector de la Universidad de Chile, como lo fue en sus inicios, no sólo por ser la más antigua del país, sino que además, por tener los indicadores nacionales de mayor excelencia en el plano internacional.
De esta forma, el nuevo CRUCH pasaría a constituirse como eje articulador del Sistema de Educación Superior, dando pié a un proceso permanentemente abierto, tanto en la adscripción de nuevas universidades como en su abandono, de no cumplirse con los estándares de calidad y de patrimonio que sean establecidos en su reglamento estatutario.
6. Recursos Estatales y Privados
Quizás este sea el tema más sensible a la situación que viven las actuales universidades del CRUCH, de ahí que, esta nueva institucionalidad, debería estar fundada en la disposición de abrirse con el Gobierno un nuevo camino de diálogo y entendimiento para seguir las diferentes indicaciones y propuestas nacionales e internacionales, respecto de mejorar el bajo aporte que el Estado viene realizando en materia de Educación Universitaria.
6.1 Financiamiento de base. Sin duda que, ante cualquier iniciativa que se instale en materia de financiamiento, se requerirá mantener las actuales distribuciones históricas, de modo que no se ponga en mayor riesgo a las diferentes universidades tradicionales, que ya se manejan con situaciones económicas límites. Es sobre esta base que debe iniciarse un proceso de nuevos modos de financiamientos para cada estratificación establecida al interior de la nueva estructura del CRUCH, terminando con competencias impropias entre entidades tan diversas. Sólo así, incorporaremos conceptos de equidad y solidaridad en la distribución de los nuevos fondos estatales, esfuerzos sociales que darán más garantías de progreso efectivo ante la realidad que experimentan cada una de las universidades comprometidas con el desarrollo del país, particularmente las universidades regionales más extremas, con patrimonios y recursos menores, en todo el sentido amplio de la palabra.
6.2 Aumento de la Matrícula. Contrariamente a las tasas de crecimiento que experimenta el número de egresados de Enseñanza Media, las dos principales universidades estatales no han modificado sustancialmente las matrículas de ingreso, al menos, en tendencias similares de cómo ha sido el crecimiento de la población estudiantil universitaria en nuestro país. Este nivel de estancamiento las ha vuelto universidades más elitistas, perdiéndose una propiedad esencial de ser universidades públicas y nacionales, en cuanto a que ya no brindan igualdad de oportunidades a los estudiantes provenientes de todos los segmentos socio-económicos del país.
Aun cuando sabemos que hay áreas profesionales y disciplinarias más asequibles de crecer que otras, con una adecuada canalización de estímulos se permitiría ampliar tanto la matrícula existente como la apertura de nuevas carreras, particularmente en áreas que fueron cerradas o transferidas a instituciones menores durante el Gobierno Militar y que hoy, frente a diversos indicadores de calidad, no cumplen con los estándares apropiados ni cuentan con el potencial para alcanzar los niveles esperados.
6.3 Territorialidad a nivel nacional. La territorialidad es un tercer factor que se viene a sumar a las anteriores, como necesidad evidente de crecimiento. Nuestras principales universidades estatales se han quedado focalizadas en el ámbito metropolitano, sin embargo, las proyecciones de crecimiento de nuestro país nos muestran que en los próximos veinte años Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Temuco y Puerto Montt alcanzarán niveles de megaciudades. Así lo demuestran los índices de crecimiento regional, de modo que, de no mediar un cambio de política institucional y de Estado, estas instituciones públicas quedarán fuera de esos grandes espacios nacionales, que a futuro afectarán su presencia y rol de universidades nacionales complejas, frente a las diferentes universidades privadas que ya han iniciado una arremetida de instalación territorial.
Después de todo, no podemos olvidar que se cuenta con el reconocimiento nacional y el interés de cientos de estudiantes de regiones para ingresar a estas universidades complejas, las que a su vez, tienen la capacidad académica y administrativa para abrir nuevas sedes regionales en una reconstitución del escenario de los años sesenta, iniciada por el rector Juan Gómez Millas, pero en una nueva proyección, acorde con el actual y futuro escenario nacional.
Sabemos que no será posible, en el mediano plazo, generar carreras paralelas de igual calidad a las que, actualmente, se imparten en las Facultades en Santiago, pero con la instalación de Programas de Bachilleratos de formación disciplinaria básica por grandes áreas del conocimiento, se permitirá que muchos estudiantes se formen, adquieran definiciones vocacionales claras y permanezcan en zonas relativamente cercanas a sus hogares, en un período universitario de dos años, para posteriormente trasladarse a las carreras en Santiago o buscar otros oficios, éstos últimos, en la articulación necesaria con entidades de Educación Superior que se orienten hacia Institutos Profesionales o Centros de Formación Técnica regionales.
Este nuevo modelo sería el semillero para iniciar la instalación futura de áreas disciplinarias de carreras que se imparten o que no se impartirían en Santiago, pero que por las condiciones geográficas y ambientales de las regiones se podrían proyectar hacia dichas zonas con mayor propiedad (acuicultura, forestal, minería, etc.).
Junto con acceder a la cobertura nacional territorial, estas iniciativas permitirán acelerar el crecimiento de matrículas en el pregrado, así como la cobertura de nuevas carreras, fortaleciendo y dando un destino de mayor trascendencia a Programas de Bachillerato pioneros en el país. Programas que por lo demás, permitieron dar una nueva mirada a la reconstrucción de las carreras de pregrado en la mayoría de las universidades chilenas, pero que en nuestro caso, se han mantenido como programas pilotos, que no han pasado de ser un experimento docente que se añeja por falta de un destino apropiado.
7. Universidad Nacional como principal agente de movilidad social
Junto al potencial laboral que representa la posesión de un título o grado académico universitario, la red de contactos que se requiere establecer o el llegar a incorporarse a una red de su propio ámbito profesional, suelen ser los grandes escollos que deben enfrentar los jóvenes profesionales, particularmente los que provienen de los primeros quintiles de la escala socioeconómica de nuestro país. Por ello, el contar con una formación del más alto nivel y el prestigio que le otorga el ser egresado de universidades complejas, son parte de su capital más preciado para acceder a estas redes e insertarse económica y socialmente en los niveles superiores de nuestra sociedad. De ahí, que nuestras principales universidades adquieren una importancia trascendental para los sectores más vulnerables de nuestro país, que las hacen ser verdaderamente nacionales por sus fines y por las oportunidades que brindan a todo el estudiantado nacional a través de su excelencia.
De tal manera, para lograr con éxito esta gran función social, deberíamos focalizarnos al menos en tres grandes tareas: (i) Apertura a nuevos sistemas de selección alternativos a la PSU; (ii) Ampliación del Programa de Bachillerato y Programas de Nivelación; y (iii) Aumento de la matrícula en los tres primeros quintiles y en la cobertura de su diversidad geográfica.
7.1 Apertura a nuevos sistemas de selección alternativos a la PSU. Efectivamente el talento es un bien que lo encontramos distribuido en toda la población, sin mediar factores económicos ni sociales. Sin embargo, dada la mala calidad de la educación básica y media de carácter municipal, sumado a las escasas posibilidades de crecimiento personal en medios sociales y económicos adversos que encuentran los estudiantes de los primeros quintiles, tanto en su ambiente familiar como vecinal y escolar, hace que la educación adquirida en los colegios municipales no logre equilibrar las desigualdades que el origen de nacimiento determina en nuestro país.
De ahí que el sistema de selección estudiantil, elaborado para ingresar a la universidad, no sea independiente del resultado esperado, acrecentando las inequidades de origen y de educación a la hora de abrir nuevas oportunidades para continuar en la universidad.
Es por ello que, generando procedimientos complementarios de selección, se recuperaría la amplitud de la cobertura estudiantil nacional, especialmente en los estudiantes de los segmentos económicos más vulnerables, que no acceden por la Prueba de Selección Universitaria (PSU) por estar centrada sólo en la medición de conocimientos, lo que no asegura necesariamente el éxito universitario. Es con esta PSU y otras pruebas complementarias que deberemos conformar el ranking nacional de selección de ingreso a nuestras universidades, con fundamentos más justos y equitativos para todos sus genuinos postulantes.
7.2 Ampliación del Programa de Bachillerato y Programas de Nivelación. El abrir el sistema a estudiantes con menor formación en conocimientos fundamentales y universales que no provee la Enseñanza Media, aún cuando tengan una potencialidad que amerite su selección e ingreso, su adscripción adquiere significación en la medida que la propia universidad les brinde las herramientas necesarias para alcanzar niveles de conocimientos y criterios valóricos suficientes para enfrentar apropiadamente y con éxito las carreras de la institución, particularmente en los dos primeros años de estudios.
Por más de quince años la admisión al Programa de Bachillerato se ha centrado en torno al 5% de la matrícula de ingreso a la universidad, manteniendo su calidad de programa piloto, a pesar de haber sido pionero en su género y revolucionario en lo conceptual, al inducir a un mejor ordenamiento del pregrado en la mayoría de las universidades chilenas que imitaron nuestra propuesta.
Es por ello que, con todo el bagaje adquirido en casi dos décadas de exitosa experimentación, estos Programas de Bachillerato adquieren una dimensión especial de la docencia universitaria al proveer de la adecuada nivelación, de formación básica y valórica, de definiciones vocacionales y de detección de habilidades que orienten a estos nuevos estudiantes a una elección informada sobre oficios profesionales y grados académicos.
El fomento del grado de Bachiller en las diferentes menciones, sumado a los planes de ciclos básicos existentes en diferentes programas académicos, permitirán no sólo tender a una armonización gradual de los estudios de pregrado, sino que también, acrecentar y ampliar la matrícula, favoreciendo a estos nuevos contingentes de estudiantes más vulnerables, al abrirles expectativas de efectiva movilidad social, sobre la base del esfuerzo y dedicación que se inicia con este programa académico, lo que finalmente se les traducirá en mérito, como base de un progreso ascendente.
7.3 Aumento de la matrícula en los tres primeros quintiles y en la cobertura de su diversidad geográfica. Los intentos por otorgar mayor equidad en el ingreso a los estudiantes de los quintiles más bajos, se han centrado recientemente en seleccionar los estudiantes de colegios municipalizados y subvencionados que se ubican por notas en el 5% superior de sus colegios, con puntajes PSU de corte sobre 600 puntos. Este mecanismo no ha rendido los frutos apropiados puesto que no se han llenado los cupos generados, ni necesariamente ha seleccionado estudiantes provenientes de los segmentos más vulnerables. Por otra parte, al no estar acompañado de un programa de nivelación termina siendo un esfuerzo poco redituable al estudiante y a la institución.
De modo que, focalizar este esfuerzo a una selección que se oriente al ingreso de un programa como Bachillerato, estableciendo como condición mínima un rendimiento acorde con determinados estándares, debiera proyectar nuevas alternativas de continuidad en otros grados o profesiones. Este tipo de programa, orientado de forma preferencial a estudiantes provenientes de colegios municipalizados, generaría una oportunidad real de inserción y éxito de movilidad social.
Al extender este renovado Programa de Bachillerato a regiones, abriría mayores niveles de equidad geográficos en estudiantes que no estando en condiciones de viajar a Santiago en sus primeros años de universidad, les permitiría realizar esta primera fase en condiciones más favorables para ellos y sus familias. Esta primera fase de cobertura geográfica nos haría volver a situarnos como universidades nacionales en el ámbito territorial pero en una perspectiva diferente a los que fueron los años sesenta.
Por otra parte, los programas de becas y financiamientos de créditos con aval del Estado que las políticas gubernamentales han focalizado en los estudiantes de los dos primeros quintiles, sobre la base de los aranceles de referencia, viene a dotar de un financiamiento efectivo a este nuevo programa de inserción estudiantil que estaríamos propiciando como universidad efectivamente nacional. Este mismo esfuerzo de llevar nuestras principales universidades a regiones, daría pié a un gradual desarrollo de nuevas disciplinas que, aprovechando las condiciones ambientales y regionales del país, presentarían ventajas comparativas respecto de su localización en el área metropolitana.
8. Notas finales
Hemos alcanzado el estadio del bicentenario. En múltiples ocasiones, desde el mundo político se proyectó alcanzar el estatus de país desarrollado al iniciar este nuevo ciclo centenal. Los resultados están a la vista y nuevas proyecciones económicas postergan este gran anhelo hacia fines del próximo decenio. Sin embargo, nunca antes nuestro país había alcanzado una situación económica, política y social suficientemente holgada para entender la dinámica de la educación como principal motor del desarrollo de los pueblos.
Las experiencias internacionales son variadas y, en diferentes esquemas económicos de gobierno, el desarrollo ha pasado por dotar de un alto estándar educacional a sus habitantes.
Nuestro país, aún no ha logrado converger en un consenso nacional respecto de sus próximas políticas de Estado en materia educacional. Al parecer, la discusión pública de este gran tema ha quedado a la espera de las propuestas universitarias que, desafortunadamente, todavía no se articulan.
Los diagnósticos son variados, certeros y contundentes, sin embargo, aún las propuestas de solución a la crisis que se vive no alcanzan el nivel necesario de activación que induzca a una espontaneidad social respecto de los cambios que requiere la instalación de un nuevo Sistema.
El paradigma sobre el cual hemos basado la construcción de este sistema educacional lo sabemos sobrepasado y no permite corregir las deficiencias inherentes que han aflorado producto de la propia evolución que la sociedad ha experimentado. El necesario análisis sobre Educación y Estado, debe llevarnos a comprender que si no cambiamos la perspectiva en que emerge este nuevo paradigma de Educación y Sociedad, seguiremos anclados a esquemas que sabemos obsoletos con resultados que se nos presentan insatisfactorios para todos, tanto quiénes están dentro como fuera del sistema.
Estamos sin duda, frente a uno de los principales desafíos de país al comenzar este nuevo siglo.
Profesor Titular y Senador Universitario
Universidad de Chile
