Se retoman las negociaciones entre el ministerio de Hacienda y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) para definir el reajuste del sector público, luego del paro de 24 horas convocado por los funcionarios el miércoles.

El diálogo no ha sido fructífero, puesto que el Ejecutivo ofrece sólo un 3,7% de alza en las remuneraciones, mientras que los trabajadores exigen un 8,9%.

A esto se suma que el Gobierno, a través del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, le bajara el perfil a la movilización cifrando la adhesión al paro en sólo un 10%, versus el 90% comunicado por los funcionarios estatales.

“Desafortunadamente algunas personas del sector público han declarado un paro que, como todos sabemos, no está dentro del marco de la ley. Pero bueno, las cifras que tiene nuestro Gobierno dicen que ha tenido una adhesión baja, con suerte va a llegar al 10% u 11%. Lo importante es que los principales servicios públicos han podido mantenerse atendiendo a los chilenos en sus necesidades. Hemos creado cerca de 300 mil puestos de trabajo con salarios dignos dentro de este año y eso es una muy buena noticia”, comentó Hinzpeter.

Además, a diferencia de los gobiernos anteriores, que lo despachaban a mediados de noviembre, el Ejecutivo decidió enviar el proyecto al Parlamento recién la próxima semana, postergando así la discusión legislativa.

El presidente del Senado, Jorge Pizarro, calificó la decisión como una insensatez y una irresponsabilidad, pues afirmó que el Gobierno no puede pretender que el proyecto se trate en un día, sobre todo en un tema tan relevante para trabajadores.

“Las señales que se están entregando por parte del Gobierno son las peores, porque en la práctica significa no dar reajuste, solamente están planteando la inflación estimada. La señal para el sector privado es que paguen poco, que sean empleos precarios, mal remunerados, en circunstancias que públicamente es una contradicción con el discurso que se le escucha al Presidente y al ministro de Hacienda de avanzar hacia empleos de calidad, mejor remunerados y estables. Y más encima con los despidos indiscriminados que están llevando adelante en el sector público”, declaró Pizarro.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda, lamentó que no se concretara un consenso previamente: “Ojalá el proyecto de reajuste hubiese llegado con un nivel de consenso suficiente, lamento que eso no haya ocurrido. Va a tener que ser en el Parlamento donde se produzca el diálogo, ojalá que a través de las reuniones que vamos a sostener podamos llegar a un acuerdo con la ANEF y con la CUT”, dijo.

La diputada del PRI explicó que el proyecto ingresará el lunes al Parlamento, a las comisiones de Hacienda y Trabajo de la Cámara y, como tiene discusión inmediata, debería ser revisado el miércoles o jueves en sala antes de su despacho al Senado.

Por su parte, el economista Manuel Riesco, del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), aseguró que la movilización y las demandas de los trabajadores son justas, “porque los trabajadores públicos, en general, todavía están muy por debajo del promedio de la población en términos de recuperar sus remuneraciones anteriores al golpe de Estado. La población en general recuperó ese nivel a fines de 1999, pero los empleados fiscales, y particularmente algunos como los profesores, todavía no recuperan el nivel de recuperación que tenían antes del golpe”.

Para Riesco, el grado de desmantelamiento del Estado ha implicado que más de la mitad de los trabajadores públicos están a contrata y muchos otros a honorarios. Por lo tanto, ni siquiera tienen previsión.

El economista afirmó además que la tendencia de los países desarrollados es a la reconstrucción de los servicios públicos con beneficios para sus trabajadores y el primer paso es aumentar las remuneraciones.