El Estado chileno es dueño, a través del Ministerio de Bienes Nacionales y otras reparticiones, de una gran cantidad de inmuebles en todas nuestras ciudades.

Como todos sabemos, el Estado debe asumir el costo del subsidio a la vivienda social y, con el objeto de optimizar la cantidad de viviendas sociales otorgadas (o subsidiadas), se ha optado por localizar estas viviendas en la periferia de la ciudad o en aéreas con servicios deficitarios, ya que el precio del suelo en esos lugares es menor.

Como consecuencia de lo anterior, el Estado, por otra vía, debe gastar aun más recursos en los servicios y conexiones para esas localizaciones de vivienda social, que constituyen verdaderos depósito de pobres, situación inaceptable desde el punto de vista urbano, cultural y ético.

Pero, si el problema lo analizáramos solamente desde una perspectiva económica, sería interesante hacer un cálculo de cuanto es el ahorro sectorial en el precio del suelo para localizar estas viviendas en la periferia de la ciudad, y comparar dicho ahorro con el sobre gasto en otros sectores que debe realizar el fisco, producto de esta ubicación periférica: obras publicas, dotación de servicios, políticas sociales, seguridad ciudadana, etc. Seguramente, nos llevaríamos una sorpresa, y veríamos que el “ahorro” no es tal.

Con el actual crecimiento segregado de la ciudad, el Estado y la sociedad deben hacerse cargo de problemas sociales, casi insolubles e incontrolables. Problemas relacionados con la seguridad, pobreza, no pertenencia, violencia, etc.

Es en el contexto descrito, donde podría aparecer económicamente viable, socialmente justificable y éticamente necesario que el Estado destine los inmuebles de su propiedad, en lugares centrales de nuestras ciudades, para la construcción de viviendas sociales.

Sin duda, que una solución como la propuesta seria inicialmente más cara, debido al costo alternativo de esos terrenos, pero habría ahorro en dotación de infraestructura y servicios. Y, sobre todo, habría ahorro en temas de seguridad, combate al micro tráfico y, especialmente, en integración social.

Además, una acción como esta significaría una interesante señal política para atacar la intolerable segregación de nuestras ciudades. Esta iniciativa debería ser complementada por un acuerdo político y social que se tradujera en una ley que obligue a todo nuevo emprendimiento inmobiliario a tener un porcentaje de vivienda social. Política que debería ser complementada por un trabajo social que facilite la integración social y cultural de distintos sectores socioeconómicos, tal como sucede en las ciudades europeas.

De esta manera se evitaría que todo nuevo emprendimiento urbano, incluso el estatal, signifique expulsión de pobres a la periferia, y se avanzaría en mejorar las condiciones de nuestras ciudades, marcadas por una profunda segregación.