Una de las características más notables de nuestra sociedad, y que la alejan de la posibilidad de modernizarse plenamente, es la impermeabilidad de las elites. Es así que, por un lado, el país crece (triplicó el ingreso en los últimos 20 años), se moderniza, se culturiza, baja notablemente los niveles de pobreza, etc. Pero, todo ese proceso, modernizador y democratizador, tiene un techo que se refleja en la desigualdad y, especialmente, en la impenetrabilidad de las elites, las cuales constituyen una especie de trinchera, parapetada en el 2% más rico del país.

Estas elites no se conforman con generar abultadas ganancias, reproducirse, protegerse, y controlar la casi totalidad de los ámbitos del poder del país, sino que, además, hace todos los esfuerzos posibles (la mayoría exitosamente) por imponer sus patrones culturales al resto de la sociedad. Para ello, históricamente, ha recurrido a alianzas estratégicas con los cuerpos armados y con agrupaciones religiosas conservadoras.

Esta brutal característica de nuestra sociedad se expresa de manera evidente en nuestras ciudades (no nos olvidemos que la ciudad es la expresión física de ciertas relaciones de poder y de una determinada división de actividades económicas), específicamente en la segregación urbana.

Debemos reconocer que las elites chilenas tuvieron un gran logro político, económico, social y cultural al lograr legitimar y consensuar democráticamente, durante los gobiernos de la Concertación,  un modelo de desarrollo que impusieron a sangre y fuego durante la dictadura. Este proceso se logró gracias a la administración con ciertos toques socialdemócratas que realizó la centroizquierda política durante veinte años, tal como ha sucedido en muchos países europeos: Francia, Inglaterra y España, entre otros.

El problema se presenta (el estado de efervescencia nacional así lo demuestra) cuando las elites quisieron administrar directamente el aparato estatal. Es decir, la elite no se conformó con no abrirse a nuevos sectores, sino que además quiso manejar “su” modelo, “su” país y “sus” ciudades directamente y/o a través de sus empleados de confianza. Es así que al analizar la procedencia social de los más altos funcionarios del gobierno, vemos que en su gran mayoría provienen del mundo de la empresa privada.

La superposición de intereses es evidente e inédita en la historia del país. Los más altos funcionarios tienen intereses, pasados o presentes, en los sectores de la actividad económica sobre los que deben generar políticas y a los que deben supervisar.

Esta tremenda e insostenible concentración de recursos y de poder, reflejados en la impresentable convivencia entre el poder político y el económico, tiene una evidente expresión en las ciudades chilenas, que cada día están más contaminadas, congestionadas y segregadas.

Lo peor, es que nadie parece cuestionar esta realidad.