Los últimos meses hemos sido testigos de un creciente y masivo descontento popular frente a la desigualdad económica y social, y a la exclusión política, hoy existentes en el país. También hemos constatado, una vez más, la inefectividad de la institucionalidad jurídico política vigente -sustentada en la Constitución Política de 1980 (CP)- para procesar y dar respuesta a las demandas ciudadanas y a la voluntad popular.
En efecto, a las movilizaciones de las organizaciones que se oponen, por sus graves impactos ambientales y sociales, a la construcción de HidroAysén, proyecto impuesto desde Santiago para alimentar a industrias extractivas ubicadas en el otro extremo del país, han seguido aquellas impulsadas por los estudiantes en demanda de una educación pública, gratuita y de calidad. Más recientemente los trabajadores del cobre han salido en defensa de sus derechos laborales y en reclamo ante el peligro de la privatización de CODELCO, la única empresa minera que aún nos pertenece a todos los chilenos.
Aunque no se trata de un fenómenos nuevo, puesto a que por años los propios estudiantes y trabajadores, los movimientos indígenas, las organizaciones sociales regionales, entre otras, han venido manifestándose en protesta frente a las injusticias del sistema y en demanda de sus derechos, existe consenso de que las movilizaciones recientes han sido las de mayor magnitud desde el término de la dictadura. Expresadas en multitudinarias marchas en las principales ciudades del país -mayoritariamente pacíficas y a pesar de ello reprimidas por carabineros-, en creativas manifestaciones culturales, y en ocupaciones de establecimientos educacionales y asambleas, tales movilizaciones han concitado el respaldo de miles de chilenos y chilenas que se han sumado a ellas, solidarizando con estas reclamaciones en contra de la inequidad y el lucro descarado de unos pocos que han prevalecido ya por tanto tiempo en nuestro país.
La respuesta desde el gobierno no ha sido una sorpresa para nadie. Éste poco o nada ha retrocedido en sus políticas neoliberales, que buscan la expansión de la economía globalizada hasta los últimos rincones del país –como lo demuestra su respaldo a HidroAysén- o que incentivan el lucro en desmedro del acceso gratuito a la educación y cultura de las nuevas generaciones, como lo dejara en evidencia Piñera con su “Gran Acuerdo Nacional por la Educación”. Más aún, la crisis política generada por la incapacidad del manejo de los conflictos generados por la protesta social, ha sido abordada a través de un cambio de gabinete, el que se transforma en una nueva burla a la soberanía popular. Ello al recurrirse a parlamentarios electos por la ciudadanía, por segunda vez en un semestre, para llenar las carteras ministeriales, parlamentarios que a su vez han sido reemplazados – como lo hizo también la Concertación- por otros “designados” por sus partidos, reeditando de esta manera una institución nefasta que se entendía superada.
Algunos sectores presentes en el Parlamento parecen estar conscientes de que las movilizaciones sociales, en particular las estudiantiles, evidencian un agotamiento de los mecanismos existentes en la CP de 1980 para el procesamiento de las demandas sociales de equidad e inclusión, y que por lo mismo, se requiere de reformas urgentes. Es así como en las últimas semanas surgió de un grupo de diputados una iniciativa que busca abrir la decisión de grandes temas como la regionalización, el uso de energías renovables no convencionales, la educación, entre otros, a consultas populares a través del mecanismo del plebiscito. Más audaz resulta la reciente iniciativa promovida por un grupo de diputados que constata las limitantes que la institucionalidad constitucional vigente pone a la participación política y social ciudadana, proponiendo una reforma constitucional que permita una reforma integral de la carta de 1980 mediante la conformación de una asamblea constituyente.
Es interesante ver como personalidades y sectores políticos hoy opositores que por años avalaron, y porque no decirlo, se beneficiaron de la institucionalidad constitucional vigente, han reconocido recientemente que la reforma sustantiva de la CP de 1980 es un requisito indispensable para la proyección democrática del país. Me refiero al ex Presidente Lagos, quien luego de las reformas del 2005 refrendó con su firma dicha carta, y que, hace poco, admitiera en su propuesta sobre Chile 2030 que está debe ser sustituida y que debemos “dotarnos de una nueva Constitución, una definida de manera democrática y en consulta con la ciudadanía”. Es el caso también del PS cuyo pleno ha reconocido, tardíamente por cierto, que la crisis institucional actual requiere de “un nuevo proyecto de país que rompa con la desigualdad y el centralismo, y que genere al menos un pacto tributario, la defensa real de los trabajadores, un nuevo modelo de desarrollo sustentable y una nueva Constitución, que deberá surgir de una Asamblea Constituyente”. De modo similar, los máximos personeros de la DC -aunque no proponen un proceso constituyente- hace poco sostuvieron que “la actual Constitución, a pesar de todas las reformas introducidas desde 1989, no tiene legitimidad suficiente, y que la crisis de la institucionalidad actual requiere de reformas constitucionales urgentes, entre otras materias, como término del sistema binominal y los quórums de súper mayoría para la reforma legal antes de que destruya el régimen democrático.”
Tales iniciativas y planteamientos son consecuencia directa de las movilizaciones sociales de los últimos meses, y en particular de aquellas impulsadas por los estudiantes. Lo relevante de esta última es que ha logrado hacer el cruce entre las demandas específicas relativas a la educación con la demanda mayor referida a la necesidad de generar una nueva institucionalidad democrática para Chile emanada de la voluntad popular. Consistente con ello, los estudiantes han llamado a un pacto social por la educación, así como a la generación de un plebiscito para dirimir las bases de una reforma educacional.
Todas estas iniciativas, como sabemos, se enfrentan a una CP que fue establecida en forma autoritaria para perpetuarse, y junto con ello, perpetuar la inequidad sustentada en la apropiación de los bienes comunes, así como la exclusión de amplios sectores de las instancias de participación política y toma de decisiones. En efecto, junto con establecerse en ella las bases jurídicas del orden económico neoliberal imperante, la CP de 1980 consagró dos instituciones esenciales para estos efectos; el sistema binominal y los quórum contramayoritarios. A través del primero sus autores se aseguraban que el Congreso Nacional estuviese compuesto por dos grandes coaliciones, excluyendo a las minorías de la posibilidad de tener representación en él, e impidiendo además las mayorías holgadas. A través de la segunda se aseguraba que los quórums requeridos para la reforma constitucional -3/5 como regla general o 2/3 del Congreso pleno para las disposiciones que tratan sobre las bases de la institucionalidad, los derechos y deberes, la reforma de la Constitución, entre otras, y 4/7 del mismo pleno para la reforma de las leyes orgánicas constitucionales-, nunca fuesen alcanzados.
Es por ello que las reformas institucionales propuestas por los movimientos sociales se enfrentan a dilemas no menores. Ellas requerirán de una articulación sin precedentes de todos los actores sociales conscientes de la urgente necesidad de lograr un acuerdo en que se cimente una nueva democracia política, económica y social que ponga fin a las desigualdades y a las exclusiones generadas por la CP de 1980. Se requerirá para el logro de este objetivo, además de los estudiantes y trabajadores, del involucramiento de muchos otros sectores sociales que, como se señalara, por años han venido cuestionando los límites anti democráticos de la institucionalidad vigente.
Es el caso de, entre otros, los pueblos indígenas, que desde hace más de una década vienen movilizándose en defensa de sus tierras y recursos naturales, alertando al país sobre las implicancias del modelo extractivo imperante; los movimientos regionales, que han cuestionado el centralismo endémico del país sin hasta ahora ser escuchados en su demanda de descentralización; las organizaciones de derechos humanos, que hemos venido llamando la atención sobre la impunidad existente frente a los crímenes de la dictadura, a la permanencia de una legalidad y política pública que concentra la riqueza y el poder político en unos pocos, discrimina por razones étnicas, de género y de orientación sexual, y que criminaliza la protesta social. Por cierto deberán estar presentes, además, las organizaciones que desde hace algunos años han venido planteando la necesidad de una asamblea constituyente como mecanismo para la generación de un nuevo acuerdo político social del país, las que con su análisis y experiencia pueden realizar un aporte fundamental en esta tarea.
Solo en la medida en que se genere un gran acuerdo social entre estos movimientos se podrá avanzar en el desmantelamiento de la institucionalidad heredada de la dictadura, y en la construcción de una nueva basada en el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos y las personas hoy negados.
Se requerirá en su momento también, por cierto, de una articulación con los sectores políticos progresistas que hoy reconocen, aunque sea tardíamente, que ha llegado el momento de un nuevo pacto social para la generación de una nueva institucionalidad democrática. El rol de aquellos en este proceso no puede ser obviado, no solo por cuanto es indispensable sumar fuerzas para hacer posible los cambios anhelados, sino también por cuanto tienen un espacio en las instancias de toma de decisión actualmente negadas a quienes con su protesta han dejado en evidencia el agotamiento institucional. Dicho rol, sin embargo, deberá ser esclarecido prontamente de modo de evitar los protagonismos y exclusiones que han sido característicos en las luchas por la democratización del país.
Ha llegado la hora. ¿Qué estamos esperando?
* José Aylwin es Co-Director del Observatorio Ciudadano y Vicepresidente de Acción AG
