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Nueva Ley de Pesca contempla licitaciones y artesanales abogan por mayores cuotas

Juan San Cristóbal | 21:12 hrs.

pesca

El subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, informó sobre diversos aspectos que tendrá la nueva Ley de Pesca, uno de los proyectos emblemáticos preparados durante este segundo semestre en La Moneda. Si bien se establece un sistema de licitaciones que alcanza un 50% de la cuota, los pescadores artesanales recalcan quedar desplazados en este esquema.

Luego de diez años de vigencia, la Ley de Pesca será reemplazada en los próximos meses por un nuevo documento que actualmente prepara la subsecretaría del ramo. El proyecto es uno de los puntos clave de la agenda de gobierno del segundo semestre, el cual deberá establecer nuevas condiciones de explotación para los próximos 25 años.

El subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, señaló que la nueva regulación contempla un 50 por ciento de las cuotas de pesca según derechos históricos, mientras que  el otro 50 por ciento será entregado mediante licitaciones, siendo esta la principal renovación legal de una normativa que hasta ahora entregaba derechos de captura por armador, vigente hasta 2012.

Ante ello, el director de Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas, apuntó sobre los esfuerzos de Gobierno por privatizar la industria pesquera, lo que significa entregar la productividad de este rubro a empresas extranjeras, esto por favorecer una licitación de corte económico.

“Constituye uno de los mayores esfuerzos por parte de las grandes empresas para apropiarse de las pesquerías nacionales, esta situación se da en un contexto de privatización de los últimos recursos en el país, los pesqueros, unido al galopante proceso de concentración económica que existe en el sector”, denunció.

El subsecretario de Pesca indicó que la licitación se realizará segmentada, con diez por ciento ofertado cada dos años, más un 20 por ciento será adjudicado a condición, esto considerando las cuotas originales con el objetivo de impedir concentración de las mismas.

Artesanales exigen participación
Los pescadores artesanales, en tanto, son los actores que mayor atención tienen sobre la nueva normativa, y temen ser nuevamente desplazados a manos de la gran industria pesquera, quienes esperan cambios a favor de una cultura destinada a desaparecer.

Ante ello, Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales, Conapach, indicó que el supuesto convenio entre artesanales y la industria es la forma que tiene el Ejecutivo para traspasar el problema hacia los propios perjudicados.

La dirigente, quien ha sostenido distintos encuentros, incluso con el ministro de Economía, Pablo Longueira, destacó que “(el ministro) indicó que con acuerdo no hay licitación, me parece que así el Gobierno se quiere lavar las manos y nos tira la pelota para ver qué solución le damos a un tema de Gobierno. Hoy recién vimos la forma de licitar, y nos indican que se licitará la cuota global, sin afectar la cuota artesanal y la fracción industrial”.

Impacto ambiental
La nueva regulación sobre la actividad pesquera cobra relevancia no sólo desde la participación laboral de productores artesanales, sino además de un fuerte interés de organizaciones medioambientales respecto al cuidado del patrimonio natural del país, el que se ha visto afectado en la alteración del ecosistema a causa de la pesca de arrastre.

Por ejemplo, cabe destacar que una industria que mueve actualmente más de 3 mil 500 millones de dólares, se ha visto perjudicada al extremo de reducir la explotación de jurel de 4,5 millones de toneladas, a apenas 300 mil toneladas anuales en el último período, según informó Ecocéanos.

Ante ello, esu director apuntó a la gran crisis que atraviesa el sector, por lo que una nueva normativa favorece una situación terminal respecto a la riqueza pesquera. Cárdenas advirtió que “esta situación se da en medio de la mayor crisis pesquera en la historia del país. Al día de hoy, el 49 por ciento de las principales pesquerías está colapsada y en proceso de activa sobreexplotación, otro 18 por ciento restante está siendo explotado más allá de sus propias capacidades. Esto es consecuencia de más de 20 años de una política de extracción tipo minera de los recursos pesqueros. El Gobierno y las grandes compañías están utilizando esta crisis para apropiarse de los recursos”.

El ministro de Economía, Pablo Longueira, no ha estado ausente de esta agenda, quien se sumó a una mesa de trabajo que contempla 26 actores de participación activa en el rubro, los que permitirán establecer acuerdos y condiciones en forma previa al envío del documento al Congreso, donde se espera una promulgación oficial dentro de este año.

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