Los nombres de las personas, de los lugares y de las cosas significan una modalidad de propiedad colectiva y de consenso cultural. Constituyen una forma real de acuerdo social. El río Mapocho, la Alameda de las Delicias, las Torres del Paine y el Desierto de Atacama, entre otros miles, constituyen (con su nombre mediante) un patrimonio de todos los chilenos. Así sucede en general con el nombre de las calles, de las ciudades, de los cerros, de los parques, de los objetos, etc.

Es por eso que es tan desconcertante la noticia aparecida en la prensa en el sentido que, en la búsqueda de los restos del accidente aéreo que sufrió un avión de la FACH que transportaba civiles en el Archipiélago Juan Fernández, uno de los navíos (al parecer el que comanda las operaciones) se llama Almirante Merino.

Quisiera creer que estamos ante un inesperado y curioso alcance de nombres, y que ese navío, de todos los chilenos, no se llama así por el almirante que en 1973 conspiró contra el ordenamiento democrático chileno; aquél que durante su mandato, en  recintos y significativos navíos de la institución que comandaba, se produjeron privaciones de libertad y torturas;  y,  quien  fue una figura principal de la dictadura militar de 17 años que sufrió nuestro país.

Quisiera creer además, que el nombre de 11 de septiembre para una de las principales avenidas de nuestra ciudad capital se refiere a alguna festividad desconocida y no un homenaje al trágico día del golpe de Estado en 1973.

Quisiera creer que un monumento enorme  en la comuna de Vitacura no es en homenaje a quien (brutal y cobardemente asesinado) fue el soporte ideológico de la dictadura, creador de la Constitución impuesta por la fuerza, y que tan destacado papel tuvo en el quiebre democrático de nuestro país.

Reitero que los nombres de las calles, de los monumentos, de los espacios públicos, constituyen un capital simbólico que debería pertenecer y enorgullecer a todos los chilenos. No sucede así con los casos citados.

Aclaro que no se trata de generar una exclusión ideológica de ningún tipo. No estamos hablando de avenidas con los nombres de O’Higgins, Carrera o Prat, que pese a las diferencias de interpretación histórica, constituyen nombres que nos representan a todos. Ni tampoco Alessandri, Allende o Frei Montalva, quienes, independientemente de la opinión que tengamos acerca de su actuación política e histórica, fueron personas, dirigentes, que trascendieron su época por su desempeño dentro del ámbito democrático.

Cabe entonces preguntarse quiénes (y cómo) deciden los nombres de los lugares y objetos de dominio público. Obviamente que detrás de los casos mencionados existe un intento  de dominación e imposición ideológica, promovido por sectores fundamentalistas, autoritarios y minoritarios, nostálgicos de la dictadura, que no tienen otra forma de pasar a la historia sino que imponiendo sus particulares símbolos, aún a costa de profundizar las heridas latentes en nuestras ciudades y sociedad.