Por una serie de infracciones cometidas al debido proceso en el llamado “Juicio de Cañete”, es que el caso de los comuneros mapuche Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, llegará a tribunales internacionales.
Los dirigentes de la Coordinadora Arauco-Malleco fueron acusados de atentar contra el fiscal Mario Elgueta en octubre de 2008, por lo que se les sometió a casi dos años de prisión preventiva y luego a un largo proceso judicial, que fue sumamente cuestionado y que revisó incluso el Máximo Tribunal, determinando reducir las altísimas penas que se solicitaban pero, con ello, avalando el procedimiento.
En ambas instancias estuvieron presentes una serie de observadores internacionales, a raíz del escándalo que desató la aplicación de la Ley Antiterrorista, que amparó la utilización de testigos protegidos o “sin rostro”, entre otras polémicas como la denuncia de torturas por parte de la Fiscalía para obtener confesiones.
El abogado de Derechos Humanos Adolfo Montiel, uno de los patrocinadores de la causa, afirmó que los comuneros además fueron sometidos a un doble procesamiento en la justicia civil y militar, y calificó el proceso como “inconstitucional e inadmisible”.
“Es discriminatorio, racial e inconstitucional al condenarse dos veces por el mismo hecho. La Justicia Militar absolvió y después la Corte de Apelaciones confirmó la absolución por ataque a carabineros, y luego la Corte Suprema dice que el dolo es contra carabineros y no contra el fiscal, y condena a los comuneros por atentado contra el fiscal. Baja las penas de 15 a 3 años y un día, pero quedan condenados igual”, indicó.
El abogado advirtió que en este juicio se violó también el derecho a la legítima defensa, ya que el actuar de la defensa fue muy acotado. Por todas estas razones, la Comisión podría exigir que se entregue una indemnización a los comuneros y condenar al Estado por violar los Derechos Humanos, lo que también permitiría acelerar cualquier beneficio carcelario que hoy pueda estar entrampado.
Por su parte, la vocera de los presos políticos mapuche, Natividad Llanquileo, recordó que estos comuneros protagonizaron las huelgas de hambre del año 2010 y 2011, siempre exigiendo un juicio justo y que, pese a los cuestionamientos a las pruebas, fueron condenados.
Por eso añadió que el pueblo mapuche ya no tiene confianza en los tribunales chilenos y ha debido buscar real justicia fuera del país, y subrayó que “los tribunales son tribunales, la labor de justicia no se está ejerciendo con el tema mapuche, ni en varios temas más, donde la justicia es una aplicación de leyes hechas a medida de quienes las hacen y se favorecen”.
La dirigente mapuche añadió que este tipo de tramitación es carísima y se requiere apoyo de diversas organizaciones para poder financiarla. En tanto, los abogados defensores, entre los que figura Adolfo Montiel, Pablo Ortega y Alberto Espinoza, están trabajando para afinar detalles de la presentación y llegar a la Comisión antes del seis de diciembre, fecha en que vence el plazo para presentar este tipo de acciones.
Por una serie de infracciones cometidas al debido proceso en el llamado “Juicio de Cañete”, es que el caso de los comuneros mapuche Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, llegará a tribunales internacionales.
Los dirigentes de la Coordinadora Arauco-Malleco fueron acusados de atentar contra el fiscal Mario Elgueta en octubre de 2008, por lo que se les sometió a casi dos años de prisión preventiva y luego a un largo proceso judicial, que fue sumamente cuestionado y que revisó incluso el Máximo Tribunal, determinando reducir las altísimas penas que se solicitaban pero, con ello, avalando el procedimiento.
En ambas instancias estuvieron presentes una serie de observadores internacionales, a raíz del escándalo que desató la aplicación de la Ley Antiterrorista, que amparó la utilización de testigos protegidos o “sin rostro”, entre otras polémicas como la denuncia de torturas por parte de la Fiscalía para obtener confesiones.
El abogado de Derechos Humanos Adolfo Montiel, uno de los patrocinadores de la causa, afirmó que los comuneros además fueron sometidos a un doble procesamiento en la justicia civil y militar, y calificó el proceso como “inconstitucional e inadmisible”.
“Es discriminatorio, racial e inconstitucional al condenarse dos veces por el mismo hecho. La Justicia Militar absolvió y después la Corte de Apelaciones confirmó la absolución por ataque a carabineros, y luego la Corte Suprema dice que el dolo es contra carabineros y no contra el fiscal, y condena a los comuneros por atentado contra el fiscal. Baja las penas de 15 a 3 años y un día, pero quedan condenados igual”, indicó.
El abogado advirtió que en este juicio se violó también el derecho a la legítima defensa, ya que el actuar de la defensa fue muy acotado. Por todas estas razones, la Comisión podría exigir que se entregue una indemnización a los comuneros y condenar al Estado por violar los Derechos Humanos, lo que también permitiría acelerar cualquier beneficio carcelario que hoy pueda estar entrampado.
Por su parte, la vocera de los presos políticos mapuche, Natividad Llanquileo, recordó que estos comuneros protagonizaron las huelgas de hambre del año 2010 y 2011, siempre exigiendo un juicio justo y que, pese a los cuestionamientos a las pruebas, fueron condenados.
Por eso añadió que el pueblo mapuche ya no tiene confianza en los tribunales chilenos y ha debido buscar real justicia fuera del país, y subrayó que “los tribunales son tribunales, la labor de justicia no se está ejerciendo con el tema mapuche, ni en varios temas más, donde la justicia es una aplicación de leyes hechas a medida de quienes las hacen y se favorecen”.
La dirigente mapuche añadió que este tipo de tramitación es carísima y se requiere apoyo de diversas organizaciones para poder financiarla. En tanto, los abogados defensores, entre los que figura Adolfo Montiel, Pablo Ortega y Alberto Espinoza, están trabajando para afinar detalles de la presentación y llegar a la Comisión antes del seis de diciembre, fecha en que vence el plazo para presentar este tipo de acciones.
Por una serie de infracciones cometidas al debido proceso en el llamado “Juicio de Cañete”, es que el caso de los comuneros mapuche Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, llegará a tribunales internacionales.
Los dirigentes de la Coordinadora Arauco-Malleco fueron acusados de atentar contra el fiscal Mario Elgueta en octubre de 2008, por lo que se les sometió a casi dos años de prisión preventiva y luego a un largo proceso judicial, que fue sumamente cuestionado y que revisó incluso el Máximo Tribunal, determinando reducir las altísimas penas que se solicitaban pero, con ello, avalando el procedimiento.
En ambas instancias estuvieron presentes una serie de observadores internacionales, a raíz del escándalo que desató la aplicación de la Ley Antiterrorista, que amparó la utilización de testigos protegidos o “sin rostro”, entre otras polémicas como la denuncia de torturas por parte de la Fiscalía para obtener confesiones.
El abogado de Derechos Humanos Adolfo Montiel, uno de los patrocinadores de la causa, afirmó que los comuneros además fueron sometidos a un doble procesamiento en la justicia civil y militar, y calificó el proceso como “inconstitucional e inadmisible”.
“Es discriminatorio, racial e inconstitucional al condenarse dos veces por el mismo hecho. La Justicia Militar absolvió y después la Corte de Apelaciones confirmó la absolución por ataque a carabineros, y luego la Corte Suprema dice que el dolo es contra carabineros y no contra el fiscal, y condena a los comuneros por atentado contra el fiscal. Baja las penas de 15 a 3 años y un día, pero quedan condenados igual”, indicó.
El abogado advirtió que en este juicio se violó también el derecho a la legítima defensa, ya que el actuar de la defensa fue muy acotado. Por todas estas razones, la Comisión podría exigir que se entregue una indemnización a los comuneros y condenar al Estado por violar los Derechos Humanos, lo que también permitiría acelerar cualquier beneficio carcelario que hoy pueda estar entrampado.
Por su parte, la vocera de los presos políticos mapuche, Natividad Llanquileo, recordó que estos comuneros protagonizaron las huelgas de hambre del año 2010 y 2011, siempre exigiendo un juicio justo y que, pese a los cuestionamientos a las pruebas, fueron condenados.
Por eso añadió que el pueblo mapuche ya no tiene confianza en los tribunales chilenos y ha debido buscar real justicia fuera del país, y subrayó que “los tribunales son tribunales, la labor de justicia no se está ejerciendo con el tema mapuche, ni en varios temas más, donde la justicia es una aplicación de leyes hechas a medida de quienes las hacen y se favorecen”.
La dirigente mapuche añadió que este tipo de tramitación es carísima y se requiere apoyo de diversas organizaciones para poder financiarla. En tanto, los abogados defensores, entre los que figura Adolfo Montiel, Pablo Ortega y Alberto Espinoza, están trabajando para afinar detalles de la presentación y llegar a la Comisión antes del seis de diciembre, fecha en que vence el plazo para presentar este tipo de acciones.
