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Año XVI, 28 de marzo de 2024


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Estudio comparado en cuatro países

Unesco revela que leyes chilenas son débiles para superar la desigualdad en educación

Una grave falencia en nuestra legislación para hacer frente a la desigualdad reveló un estudio comparado sobre el marco normativo que rige la educación en Argentina, Uruguay, Finlandia y Chile, y que desarrolló la Unesco frente la urgencia del tema educativo en la agenda pública chilena.

Paula Correa

  Sábado 10 de diciembre 2011 13:39 hrs. 
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Distinta es la forma de estos cuatro países de comprender el concepto “derecho a la educación”, que se plasma en sus cartas fundamentales. Uruguay establece la educación como un bien público, en Argentina se habla de gratuidad y es un elemento casi intocable de la Constitución.

El estudio muestra que las legislaciones de nuestros vecinos son muy explicitas en restringir cualquier posibilidad de mercantilización de este derecho, incluso prohibiendo la suscripción de tratados internacionales que faciliten que la educación sea tratada como un bien de consumo.

También en Finlandia están garantizadas las oportunidades, mientras que Chile le da énfasis a la responsabilidad de los padres de asegurar la educación de sus hijos, y a las comunidades la responsabilidad de ofrecer una educación de calidad e impedir la discriminación, esto en desmedro del rol del Estado como garante de este derecho.

Sin embargo, el director de la Oficina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y el Caribe, Jorge Sequeira, advirtió que en todos estos países existen vacíos legales entre lo establecido formalmente y cómo se aplica en concreto la legislación.

“Una cosa es la parte jurídico legal o Constitución en este caso, que está escrita y está vigente, pero otra es la práctica. En la parte escrita hay muy buena la legislación, muy buenos elementos han sido incorporados, sin embargo, en la práctica poco a poco el modelo se ha distorsionado y existen los problemas que todos conocemos. Por eso los problemas no se tratan sólo de la parte jurídico legal, que no está mal, sino en la interpretación en la práctica, que ha generado está discusión, que sobre todo gira en torno a problemas económicos y de deuda”, explicó Sequeira.

Por ejemplo, en Chile la ley prohíbe la discriminación en el trato a los estudiantes, pero el estudio demuestra que las pruebas de admisión establecen criterios y efectos de diferenciación, los que conducen a la selectividad y probablemente a la estigmatización.

Justamente, entre los retos más significativos para nuestro país se observa la debilidad de las leyes para hacer frente a la desigualdad. Aún cuando existen una serie de estrictos procesos de supervisión y control, el estudio explica que el sistema está orientado por procesos privatizadores, que causan segmentación, exclusión, discriminación y desencadenan mecanismos selectivos.

“El problema de fondo de Chile y de toda la región es la desigualdad y sobre todo responder a la pregunta. ¿La educación como derecho para todos los ciudadanos?  ¿Cuál es su contribución para mitigar la desigualdad? Eso es importante porque forma parte de todo el tejido social del país y cómo el desarrollo nacional se puede beneficiar de una mejor educación para todos. Ese el primer punto”, precisó Jorge Sequeira.

Frente a esto, el estudio recuerda los tratados internacionales firmados por Chile, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo segundo obliga a los estados a tomar medidas “inmediatas y no postergables” para lograr instalar gradualmente la gratuidad en la educación secundaria y universitaria.

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