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Nueva alza y debate por subsidio

El eterno problema del financiamiento al Transantiago

Este miércoles se concreta el alza de pasajes del Transantiago, en medio de críticas por el alto valor que alcanzará y los problemas que siguen sin solución. Diputados de la Concertación anunciaron su rechazo a entregar nuevos fondos para financiarlo. Por otro lado, las políticas de control de evasión denotan la capacidad de pago de los usuarios del transporte.

Paula Correa y radio.uchile.cl

  Martes 31 de enero 2012 20:32 hrs. 
transantiago paro

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Quinientos ochenta pesos costará desplazarse en bus y 600 pesos en Metro en Horario Valle, mientras el pasaje del tren subterráneo en hora punta alcanzará los 660 pesos. Además, subirá la tarifa escolar a 190 pesos.

Este es el incremento más alto desde febrero del año pasado y se debería, según explicaron las autoridades, al aumento del precio de los combustibles y la alta evasión del sistema. Un alza que irrumpe cuando el grueso de los chilenos se alista a salir de vacaciones o viene retornando a la capital.

En este contexto los diputados Gabriel Silber y Enrique Accorsi se refirieron a los dichos del ministro del ramo, Pedro Errázuriz, quien afirmó que ya existiría un acuerdo parlamentario para dar al sistema un nuevo subsidio para Santiago y regiones.

“El gobierno se comprometió a cumplir una serie de acuerdo, incluso se firmaron, que tenían que ver con operatividad y el grupo de expertos, que sigue pendiente, entonces no es llegar y anunciar un acuerdo. Nosotros estamos disponibles para subsidiar el Transantiago, pero si no se cumplen los acuerdos, no estaremos disponibles”, apuntó Accorsi.

Esto podría frenar los cambios que el ministerio está realizando, entre los que se encuentran medidas para frenar la evasión, cuando se dio a conocer un informe de la Unidad de Fiscalización del Ministerio  que reveló que entre los años 2010 y 2011, sólo el 43 por ciento de los infractores citados a un juzgado dieron su domicilio real y cancelaron la multa cursada por evasión.

Por esta razón los nuevos contratos de las empresas concesionarias señalan que, a partir de este año, serán los choferes los encargados de vigilar que los pasajeros paguen su pasaje.

Sobre esto se refirió el presidente de la Asociación Gremial de Trabajadores del Transporte, Oscar Olivos, quien señaló que “es un error del ministerio el volver al pasado, la instalación del Transantiago tuvo el logro que los choferes conduzcan y no cobren los pasajes, entonces volvemos a la práctica de competir por pasajeros para que no sean despedidos”.

Olivos añadió que esto no sólo daña a los conductores, sino también a los pasajeros, porque expone su seguridad. Además criticó con fuerza la decisión del titular de Transportes de no llamar a licitación para este año 2012, sino llegar a “acuerdos directos” con las empresas.

Para el dirigente, todas las medidas que se han tomado no resuelven ni resolverán problema estructural del trasporte “público”, por lo que criticó también la decisión del ministro de ampliar las funciones del  Panel de Expertos, a quienes considero como directos responsables de lo que denominó “la eterna crisis del Transantiago”.

Evasión versus subsidio
La ley establece un retiro progresivo del rol del Estado sobre las políticas de definición de tarifas del Transantiago, una situación que variará del 14 al 40 por ciento, lo que se traduce en un alza que en un año pudiera alcanzar los 80 pesos. Ante ello, expertos apuntan a un año decisivo para establecer participación estatal en el sistema de tarifa de transporte.

Ante ello, el Ingeniero de Transportes Louis de Grange, apuntó que el subsidio es una medida populista, pero que arrastra recursos que podrían ir a otras áreas, situación que impide comparación con el escenario internacional.

“No se trata de resolver los problemas a billetazos, que porque las alzas de tarifas son impopulares hay que meter más plata, a los políticos les encanta eso. Cada peso debe ser justificado, porque es un peso que se quita a educación, salud o infraestructura, por eso no es bueno subsidiar porque sí, o compararse con países muchos más ricos que nosotros”, indicó..

En esta dirección, el experto de la Universidad Diego Portales subrayó en la revisión de recorridos y mejorar la demanda, por lo que se hace necesario examinar el actual sistema de cobros y beneficiar el uso de Metro, y recalcó que “se tiene que modificar la estructura de muchos recorridos, conocer la oferta y adecuar la demanda, eso debiera traducirse en menos costo. Además de una tarifa distinta, en el Metro puedes bajar la tarifa en un horario y de todas formas los ingresos serían mayores”.

El ministerio de Transportes estudia un proyecto de subsidio estatal sobre el transporte público de todo el país, y el ministro Errázuriz indicó tener un apoyo transversal del Congreso, situación desmentida por la propia Comisión de Transportes de la Cámara Baja.

Ante ello, la diputada Clemira Pacheco indicó que el rol del Estado debe aumentar, y declaró que “todos los transportes públicos en el mundo son subsidiados por el Estado, y el Estado debe tomar cartas respecto a una condición necesaria para este tipo de servicios, sobre todo cuando se le entregan recursos a empresas privadas y el Estado queda sin mayor representación”.

Comunas alejadas y sectores de menores recursos son los que encabezan el índice de evasión en el Gran Santiago, donde la mayoría de las comunas alcanza una tasa entre el 25 y 50 por ciento.

Al respecto la diputada señaló que muchos santiaguinos no tienen opción y deben aceptar un sistema en malas condiciones, y que “la gente que tiene más escasos recursos, con sueldos muy bajos, trata de evadir ciertos pagos para no incurrir en gastos, tiene que ver también con un transporte público en mejores condiciones. Entonces tenemos por un lado a los que no quieren pagar y otros cuya condición social les obliga al uso de un sistema de transporte que no es de los más eficientes”.

Las políticas de evasión no han tenido impacto en el índice de no pago de pasajeros, obligando a los choferes a que nuevamente vigilen el ingreso a las micros, mientras que sólo un 43 por ciento de las personas multadas ha cancelado la infracción.

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