Al rechazo a la nueva Ley de Pesca que se manifestó en diciembre del año pasado en Valparaíso con la protesta de un grupo de pescadores artesanales, se sumó este miércoles una nueva movilización realizada en la comuna de Lebu, también en repudio a dicha legislación.
La manifestación consistió en el corte de vías de acceso a la ciudad, quema de neumáticos y la toma de una plaza, lo que según algunos demuestra el descontento a nivel nacional sobre este tema.
Según el vocero del movimiento Chile Pesca, Alfredo Irarrázaval, existe confusión porque el Gobierno ha optado por negociar y externalizar sus propuestas sólo con algunos sectores
“Hay desconocimiento de muchos actores del sector pesquero particularmente los pescadores artesanales de Lebu, que tienen sus propias demandas y que dicen no sentirse representados por los acuerdos que ha estado propiciando el Ministerio de Economía con algunos dirigentes de la Pesca Artesanal. Esto deja en evidencia que hay muchos pescadores que no conocen los convenios que se están alcanzando”, comentó Irarrázaval.
El dirigente afirmó que este escenario se explica por las presiones del sector industrial y de la UDI, que habría tomado el control de estas negociaciones.
“Vemos la forma sorpresiva en la que salió el ministro Juan Andrés Fontaine de su cargo para ser sucedido por el ministro Pablo Longueira. Este último fue el que propició este acuerdo de la mesa de pesca para reducir las licitaciones al sector industrial bajo una serie de condiciones para que se mantengan los privilegios que hoy existen entre los pocos grupos económicos que hay a nivel nacional”, sostuvo.
Las peticiones de la manifestación en Lebu, se basan en la eliminación de la pesca industrial de arrastre, aplicando políticas de sustentabilidad no sólo para el sector artesanal, además de la eliminación del uso de geoposicionadores satelitales y el establecimiento de libre tránsito para los pequeños pescadores.
Irarrázaval denunció que el proyecto en cuestión aborda la sustentabilidad de la industria, pero en el articulado “nada se va a llevar a efecto”, por lo que planteó que esto debe abordarse con asesorías científicas.
“Si queremos buscar medidas de sustentabilidad tenemos que crear un comité científico de expertos que tenga una decisión vinculante al momento de definir cuál es el porcentaje que se podrá pescar durante el año y no dejar esto a la discrecionalidad y arbitrio de la subsecretaria de Pesca, porque nuevamente estaríamos bajo presiones políticas y económicas del sector industrial para que se fijen cuotas de acuerdo a los intereses de los grandes industriales”, dijo.
Además, el dirigente reclamó que con esto no habría cabida para la participación de las pequeñas empresas en el debate de la llamada Ley Larga de Pesca, por lo que anunció la realización, este viernes, de un encuentro de pequeñas plantas de proceso de varias regiones.
En esta cita se definirán posturas para presentar al Congreso y participar en el debate parlamentario, donde plantearán que se reserve una cuota social de la industria pesquera, para tener sostenibilidad en el funcionamiento de las empresas.
Al rechazo a la nueva Ley de Pesca que se manifestó en diciembre del año pasado en Valparaíso con la protesta de un grupo de pescadores artesanales, se sumó este miércoles una nueva movilización realizada en la comuna de Lebu, también en repudio a dicha legislación.
La manifestación consistió en el corte de vías de acceso a la ciudad, quema de neumáticos y la toma de una plaza, lo que según algunos demuestra el descontento a nivel nacional sobre este tema.
Según el vocero del movimiento Chile Pesca, Alfredo Irarrázaval, existe confusión porque el Gobierno ha optado por negociar y externalizar sus propuestas sólo con algunos sectores
“Hay desconocimiento de muchos actores del sector pesquero particularmente los pescadores artesanales de Lebu, que tienen sus propias demandas y que dicen no sentirse representados por los acuerdos que ha estado propiciando el Ministerio de Economía con algunos dirigentes de la Pesca Artesanal. Esto deja en evidencia que hay muchos pescadores que no conocen los convenios que se están alcanzando”, comentó Irarrázaval.
El dirigente afirmó que este escenario se explica por las presiones del sector industrial y de la UDI, que habría tomado el control de estas negociaciones.
“Vemos la forma sorpresiva en la que salió el ministro Juan Andrés Fontaine de su cargo para ser sucedido por el ministro Pablo Longueira. Este último fue el que propició este acuerdo de la mesa de pesca para reducir las licitaciones al sector industrial bajo una serie de condiciones para que se mantengan los privilegios que hoy existen entre los pocos grupos económicos que hay a nivel nacional”, sostuvo.
Las peticiones de la manifestación en Lebu, se basan en la eliminación de la pesca industrial de arrastre, aplicando políticas de sustentabilidad no sólo para el sector artesanal, además de la eliminación del uso de geoposicionadores satelitales y el establecimiento de libre tránsito para los pequeños pescadores.
Irarrázaval denunció que el proyecto en cuestión aborda la sustentabilidad de la industria, pero en el articulado “nada se va a llevar a efecto”, por lo que planteó que esto debe abordarse con asesorías científicas.
“Si queremos buscar medidas de sustentabilidad tenemos que crear un comité científico de expertos que tenga una decisión vinculante al momento de definir cuál es el porcentaje que se podrá pescar durante el año y no dejar esto a la discrecionalidad y arbitrio de la subsecretaria de Pesca, porque nuevamente estaríamos bajo presiones políticas y económicas del sector industrial para que se fijen cuotas de acuerdo a los intereses de los grandes industriales”, dijo.
Además, el dirigente reclamó que con esto no habría cabida para la participación de las pequeñas empresas en el debate de la llamada Ley Larga de Pesca, por lo que anunció la realización, este viernes, de un encuentro de pequeñas plantas de proceso de varias regiones.
En esta cita se definirán posturas para presentar al Congreso y participar en el debate parlamentario, donde plantearán que se reserve una cuota social de la industria pesquera, para tener sostenibilidad en el funcionamiento de las empresas.
Al rechazo a la nueva Ley de Pesca que se manifestó en diciembre del año pasado en Valparaíso con la protesta de un grupo de pescadores artesanales, se sumó este miércoles una nueva movilización realizada en la comuna de Lebu, también en repudio a dicha legislación.
La manifestación consistió en el corte de vías de acceso a la ciudad, quema de neumáticos y la toma de una plaza, lo que según algunos demuestra el descontento a nivel nacional sobre este tema.
Según el vocero del movimiento Chile Pesca, Alfredo Irarrázaval, existe confusión porque el Gobierno ha optado por negociar y externalizar sus propuestas sólo con algunos sectores
“Hay desconocimiento de muchos actores del sector pesquero particularmente los pescadores artesanales de Lebu, que tienen sus propias demandas y que dicen no sentirse representados por los acuerdos que ha estado propiciando el Ministerio de Economía con algunos dirigentes de la Pesca Artesanal. Esto deja en evidencia que hay muchos pescadores que no conocen los convenios que se están alcanzando”, comentó Irarrázaval.
El dirigente afirmó que este escenario se explica por las presiones del sector industrial y de la UDI, que habría tomado el control de estas negociaciones.
“Vemos la forma sorpresiva en la que salió el ministro Juan Andrés Fontaine de su cargo para ser sucedido por el ministro Pablo Longueira. Este último fue el que propició este acuerdo de la mesa de pesca para reducir las licitaciones al sector industrial bajo una serie de condiciones para que se mantengan los privilegios que hoy existen entre los pocos grupos económicos que hay a nivel nacional”, sostuvo.
Las peticiones de la manifestación en Lebu, se basan en la eliminación de la pesca industrial de arrastre, aplicando políticas de sustentabilidad no sólo para el sector artesanal, además de la eliminación del uso de geoposicionadores satelitales y el establecimiento de libre tránsito para los pequeños pescadores.
Irarrázaval denunció que el proyecto en cuestión aborda la sustentabilidad de la industria, pero en el articulado “nada se va a llevar a efecto”, por lo que planteó que esto debe abordarse con asesorías científicas.
“Si queremos buscar medidas de sustentabilidad tenemos que crear un comité científico de expertos que tenga una decisión vinculante al momento de definir cuál es el porcentaje que se podrá pescar durante el año y no dejar esto a la discrecionalidad y arbitrio de la subsecretaria de Pesca, porque nuevamente estaríamos bajo presiones políticas y económicas del sector industrial para que se fijen cuotas de acuerdo a los intereses de los grandes industriales”, dijo.
Además, el dirigente reclamó que con esto no habría cabida para la participación de las pequeñas empresas en el debate de la llamada Ley Larga de Pesca, por lo que anunció la realización, este viernes, de un encuentro de pequeñas plantas de proceso de varias regiones.
En esta cita se definirán posturas para presentar al Congreso y participar en el debate parlamentario, donde plantearán que se reserve una cuota social de la industria pesquera, para tener sostenibilidad en el funcionamiento de las empresas.
