Condenan a juez Garzón a 11 años de inhabilitación profesional
La sentencia, que termina con la carrera del magistrado, es por haber ordenado escuchas ilegales mientras investigaba la corrupción del Partido Popular en España. Garzón es reconocido internacionalmente por su defensa a los derechos humanos.
Jueves 9 de febrero 2012 11:05 hrs.
El célebre juez español Baltasar Garzón, de 56 años, juzgado en España por haber investigado los crímenes del franquismo, fue condenado el jueves a 11 años de inhabilitación profesional por haber ordenado escuchas ilegales.
La sentencia, que pone fin a la carrera del magistrado de 56 años, responde a otra investigación en su contra y ocurre justo un día después de terminado el juicio por las indagaciones que el juez realizó sobre el franquismo.
La condena, aprobada por unanimidad por el Tribunal Supremo, es por vulnerar el derecho a la defensa por ordenar la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes, presuntos cabecillas de una red corrupta que en 2009 implicó a altos cargos del Partido Popular (PP), que ahora gobierna España.
La carrera de Garzón ha estado marcada por casos de alta relevancia pública mundial, como sus investigaciones sobre el grupo separatista ETA; al mayor banco español, el BBVA por lavado de dinero; la solicitud de desafuero del ex premier italiano Silvio Berlusconi, sus críticas a Estados Unidos por la cárcel de Guatánamo y la guerra de Irak, además de ordenar el arresto de Osama bin Laden.
Sin embargo, el caso que lo impulsó a la vitrina mundial de la defensa de los derechos humanos fue el arresto del ex dictador Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad, además de tortura y homicidio de ciudadanos españoles durante la dictadura.
Ante esto, Garzón indicó a través de un comunicado en la tarde del jueves que acudirá “a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido”.
“Tomé todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción (…) para evitar la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban (…) a los abogados”, dijo y agregó que en este juicio “mis derechos han sido sistemáticamente violentados”.
El célebre juez español Baltasar Garzón, de 56 años, juzgado en España por haber investigado los crímenes del franquismo, fue condenado el jueves a 11 años de inhabilitación profesional por haber ordenado escuchas ilegales.
La sentencia, que pone fin a la carrera del magistrado de 56 años, responde a otra investigación en su contra y ocurre justo un día después de terminado el juicio por las indagaciones que el juez realizó sobre el franquismo.
La condena, aprobada por unanimidad por el Tribunal Supremo, es por vulnerar el derecho a la defensa por ordenar la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes, presuntos cabecillas de una red corrupta que en 2009 implicó a altos cargos del Partido Popular (PP), que ahora gobierna España.
La carrera de Garzón ha estado marcada por casos de alta relevancia pública mundial, como sus investigaciones sobre el grupo separatista ETA; al mayor banco español, el BBVA por lavado de dinero; la solicitud de desafuero del ex premier italiano Silvio Berlusconi, sus críticas a Estados Unidos por la cárcel de Guatánamo y la guerra de Irak, además de ordenar el arresto de Osama bin Laden.
Sin embargo, el caso que lo impulsó a la vitrina mundial de la defensa de los derechos humanos fue el arresto del ex dictador Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad, además de tortura y homicidio de ciudadanos españoles durante la dictadura.
Ante esto, Garzón indicó a través de un comunicado en la tarde del jueves que acudirá “a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido”.
“Tomé todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción (…) para evitar la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban (…) a los abogados”, dijo y agregó que en este juicio “mis derechos han sido sistemáticamente violentados”.
El célebre juez español Baltasar Garzón, de 56 años, juzgado en España por haber investigado los crímenes del franquismo, fue condenado el jueves a 11 años de inhabilitación profesional por haber ordenado escuchas ilegales.
La sentencia, que pone fin a la carrera del magistrado de 56 años, responde a otra investigación en su contra y ocurre justo un día después de terminado el juicio por las indagaciones que el juez realizó sobre el franquismo.
La condena, aprobada por unanimidad por el Tribunal Supremo, es por vulnerar el derecho a la defensa por ordenar la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes, presuntos cabecillas de una red corrupta que en 2009 implicó a altos cargos del Partido Popular (PP), que ahora gobierna España.
La carrera de Garzón ha estado marcada por casos de alta relevancia pública mundial, como sus investigaciones sobre el grupo separatista ETA; al mayor banco español, el BBVA por lavado de dinero; la solicitud de desafuero del ex premier italiano Silvio Berlusconi, sus críticas a Estados Unidos por la cárcel de Guatánamo y la guerra de Irak, además de ordenar el arresto de Osama bin Laden.
Sin embargo, el caso que lo impulsó a la vitrina mundial de la defensa de los derechos humanos fue el arresto del ex dictador Augusto Pinochet por crímenes de lesa humanidad, además de tortura y homicidio de ciudadanos españoles durante la dictadura.
Ante esto, Garzón indicó a través de un comunicado en la tarde del jueves que acudirá “a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido”.
“Tomé todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción (…) para evitar la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban (…) a los abogados”, dijo y agregó que en este juicio “mis derechos han sido sistemáticamente violentados”.
