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Año XVI, 28 de marzo de 2024


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Días cruciales para termoeléctrica Castilla: Ambientalistas confiados en decisión de la Suprema

El 12 de junio se realizará una audiencia de conciliación entre los representantes del proyecto termoeléctrico Central Castilla y sus opositores. Éstos, esperan que se ratifique el fallo de la Corte de Antofagasta que anuló la resolución del ex seremi de Salud de Atacama que cambió de “contaminante” a “molesta” la calificación de la central que busca instalarse a 80 kilómetros de Copiapó.

Héctor Areyuna

  Miércoles 23 de mayo 2012 12:52 hrs. 
castilla

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La Tercera Sala de la Corte Suprema citó para el 12 de junio una audiencia de conciliación entre los representantes del proyecto Termoeléctrica Castilla y los opositores a la iniciativa, entre quienes se encuentran pobladores, pescadores y ambientalistas.

Esto luego de revisar las apelaciones del recurso de protección que rechazó la Corte de Antofagasta dándole la razón a la comunidad y anulando los procedimientos que llevaron a aprobar el proyecto Termoeléctrica Castilla.

Este tribunal de alzada había fallado a favor de los vecinos de Totoral y pescadores que presentaron dos recursos de protección durante el año pasado debido a las irregularidades en el proceso de evaluación ambiental de la generadora eléctrica.

De no llegar a acuerdo en la conciliación,  la determinación de la Corte Suprema que podría dar luz verde al inicio de la construcción del proyecto o paralizarlo definitivamente, lo que se sabría sólo alrededor de dos meses más.

El vocero del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, junto con mostrarse sorprendido por la determinación del máximo tribunal, manifestó su confianza de que en junio se ratifiquen los fallos anteriores y la anulación de la resolución del ex seremi de Salud de la región de Atacama, Raúl Martínez.

“Los argumentos que hemos llevado adelante hasta ahora, más el fallo unánime que tenemos a favor de la Corte de Apelaciones de Antofagasta debería seguir dándonos la razón, por lo tanto, ratificar la anulación del dictamen del Seremi de Salud de Atacama que permitió aprobar el proyecto ambientalmente, incluso hay un informe de la Contraloría, que salió posterior al recurso de protección, donde también se ratifica que hubo irregularidades en procedimientos anteriores a los hechos que se llevaron a la Corte de Apelaciones de Antofagasta”, señaló Cuenca.

Dichas irregularidades en el proceso fueron  detalladas por el abogado representante de la comunidad, Álvaro Toro, quien denunció la inexperiencia de Raúl Martínez en la materia.

“Hicieron cambios absolutamente irregulares, para lo cual trajeron a un seremi ginecólogo que no tiene ninguna relación con materias ambientales, luego de transcurridos dos meses acogió el recurso presentado por la empresa, después de fue, ahora ya no trabaja en el servicio ambiental y la seremi que evaluó el proyecto como contaminante conoció el proyecto desde sus inicios y trabajó en la seremi de Salud en la región de Atacama durante todo su período. Una experta en la materia”, detalló el representante de la comunidad.

Además, el abogado explicó las presiones a funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental, producto de los cuales existe una investigación en la Contraloría General de la República, generada a partir de las denuncias de los técnicos involucrados.

Además, el abogado Álvaro Toro dijo que “han sabido a través de un informe de la Contraloría que este seremi se dedicó permanentemente a presionar a los funcionario, como por ejemplo, “técnicos y especialistas de la Unidad Ambiental de Salud de la región de Atacama, para que cambiaran su parecer, cosa que ellos en ningún momento quisieron realizar y hasta que al final se sintieron tan presionados que firmaron un oficio con el cual se pretende fundamentar este cambio, pero la intervención que hubo de parte del seremi hacia ellos fue enorme, incluso ellos hicieron una denuncia ante la Contraloría y en este momento hay una investigación en curso”.

Ambientalistas, pobladores y el abogado, aseguran que el proyecto debe volver a su calificación original de contaminante, mientras que las juntas de vecinos y los dirigentes de la pesca que se encuentran en la defensa del territorio por sobre los intereses de la empresa del magnate brasileño Eike Batista, aseguran que se mantendrán atentos al desarrollo del caso, ante lo que no descartan coordinaciones con más organizaciones ambientales internacionales, ni movilizaciones.

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