Diversas organizaciones de la sociedad civil llegaron este martes a la Contraloría para solicitarle, en base a una serie de documentos que entregaron, que rechace y devuelva al Consejo Regional Metropolitano, CORE, la expansión urbana de la región en más de diez mil hectáreas impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera.
Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, recalcó que la modificación es antojadiza e improcedente, entre otros motivos, porque por una decisión administrativa se violenta la Ley General de Urbanismo y Construcción que establece que este tipo de negocios inmobiliarios no se pueden ejecutar en sectores rurales y agrícolas y añadió que un 30 por ciento de estas hectáreas están definidas como “parcelas de agrado” lo que impide a sus dueños cambiar el destino de éstas.
Herman además criticó que la medida, que afecta a ocho comunas de la capital, ha sido manejada con absoluto secreto por parte del ministerio de Vivienda y Urbanismo.
En ese sentido, el dirigente de Defendamos la Ciudad dijo que “aquí hay un lobby abierto entre ellos, pero el Gobierno a través del ministerio de la Vivienda se ha negado sistemáticamente a dar los nombres de todas estas personas naturales o personas jurídicas que se van a ver beneficiados con estos cambios de uso de suelo. Nosotros hicimos una presentación ante el Consejo para la Transparencia para que se nos entregarán esos nombres, el Consejo falló a favor de la transparencia y el Minvu insiste en su política pro secreto, es decir, la opinión pública no sabe a quién va a beneficiar esto, lo cual es muy grave”.
Por su parte, Julio Alegría, secretario general del Colegio de Arquitectos, sostuvo que la llamada modificación 100 del plano regulador tiene problemas de forma, que debe ver el Contralor, y de fondo, y recalcó que no es una medida necesaria.
“Se habla de diez mil hectáreas necesarias, sin embargo nuestros estudios y estudios del ministerio de Vivienda señalan que al menos hay ya siete mil hectáreas al interior del perímetro urbano que estarían disponibles para un desarrollo bien organizado, planificado de vivienda. Después de eso hay alrededor de tres mil hectáreas más, que sería reutilización d las áreas que son industriales, que están dentro del perímetro de Vespucio y por lo tanto no tendrían la autorización necesaria para eso y que hoy están disponibles también. de manera que ya tenemos las diez mil hectáreas que son necesarias y esa justificación no tendría un mayor peso”, explicó el secretario general del Colegio de Arquitectos.
En tanto Luis Mariano Rendón, coordinador de Acción Ecológica, sostuvo que la modificación es un contrasentido pues advirtió que al expandir Santiago se agravan todos los problemas de la ciudad, generando viajes motorizados más prolongados y, por lo tanto, mayores emisiones de contaminantes a la atmósfera, se pierden tierras agrícolas, se impide la infiltración del agua lluvia al pavimentar lo que produce anegamientos, entre otros problemas.
Pedro Davis, presidente de la Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana, Pequeña, Microindustria, Servicios y Artesanado de Chile (Conupia) también rechazo la modificación del plan.
En esa línea, el dirigente de la Conupia señaló que “es absolutamente inadecuada porque la ciudad de Santiago ya no resiste más crecimiento, porque es a costa de eliminar terrenos agrícolas que son fundamentales para muchos pequeños agricultores, que si bien es cierto podrían tener una ganancia desde el punto de vista inmobiliario, la principal ganancia es para los grandes capitales. Nosotros hemos manifestado que el nivel de concentración económica de este país es la principal causa de los miles de problemas que tenemos en la micro y pequeña empresa”.
En tanto, Paula Mendoza, presidenta de las Mujeres de la Plaza de Ñuñoa, subrayó que una expansión de Santiago implica una mayor segregación urbana y menor calidad de vida, a la vez que enfatizó que la modificación 100 al plano regulador ha sufrido cambios lo suficientemente importantes como para tener un nuevo Estudio de Impacto Ambiental y ser sometido a una nueva votación de los consejeros regionales.
Diversas organizaciones de la sociedad civil llegaron este martes a la Contraloría para solicitarle, en base a una serie de documentos que entregaron, que rechace y devuelva al Consejo Regional Metropolitano, CORE, la expansión urbana de la región en más de diez mil hectáreas impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera.
Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, recalcó que la modificación es antojadiza e improcedente, entre otros motivos, porque por una decisión administrativa se violenta la Ley General de Urbanismo y Construcción que establece que este tipo de negocios inmobiliarios no se pueden ejecutar en sectores rurales y agrícolas y añadió que un 30 por ciento de estas hectáreas están definidas como “parcelas de agrado” lo que impide a sus dueños cambiar el destino de éstas.
Herman además criticó que la medida, que afecta a ocho comunas de la capital, ha sido manejada con absoluto secreto por parte del ministerio de Vivienda y Urbanismo.
En ese sentido, el dirigente de Defendamos la Ciudad dijo que “aquí hay un lobby abierto entre ellos, pero el Gobierno a través del ministerio de la Vivienda se ha negado sistemáticamente a dar los nombres de todas estas personas naturales o personas jurídicas que se van a ver beneficiados con estos cambios de uso de suelo. Nosotros hicimos una presentación ante el Consejo para la Transparencia para que se nos entregarán esos nombres, el Consejo falló a favor de la transparencia y el Minvu insiste en su política pro secreto, es decir, la opinión pública no sabe a quién va a beneficiar esto, lo cual es muy grave”.
Por su parte, Julio Alegría, secretario general del Colegio de Arquitectos, sostuvo que la llamada modificación 100 del plano regulador tiene problemas de forma, que debe ver el Contralor, y de fondo, y recalcó que no es una medida necesaria.
“Se habla de diez mil hectáreas necesarias, sin embargo nuestros estudios y estudios del ministerio de Vivienda señalan que al menos hay ya siete mil hectáreas al interior del perímetro urbano que estarían disponibles para un desarrollo bien organizado, planificado de vivienda. Después de eso hay alrededor de tres mil hectáreas más, que sería reutilización d las áreas que son industriales, que están dentro del perímetro de Vespucio y por lo tanto no tendrían la autorización necesaria para eso y que hoy están disponibles también. de manera que ya tenemos las diez mil hectáreas que son necesarias y esa justificación no tendría un mayor peso”, explicó el secretario general del Colegio de Arquitectos.
En tanto Luis Mariano Rendón, coordinador de Acción Ecológica, sostuvo que la modificación es un contrasentido pues advirtió que al expandir Santiago se agravan todos los problemas de la ciudad, generando viajes motorizados más prolongados y, por lo tanto, mayores emisiones de contaminantes a la atmósfera, se pierden tierras agrícolas, se impide la infiltración del agua lluvia al pavimentar lo que produce anegamientos, entre otros problemas.
Pedro Davis, presidente de la Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana, Pequeña, Microindustria, Servicios y Artesanado de Chile (Conupia) también rechazo la modificación del plan.
En esa línea, el dirigente de la Conupia señaló que “es absolutamente inadecuada porque la ciudad de Santiago ya no resiste más crecimiento, porque es a costa de eliminar terrenos agrícolas que son fundamentales para muchos pequeños agricultores, que si bien es cierto podrían tener una ganancia desde el punto de vista inmobiliario, la principal ganancia es para los grandes capitales. Nosotros hemos manifestado que el nivel de concentración económica de este país es la principal causa de los miles de problemas que tenemos en la micro y pequeña empresa”.
En tanto, Paula Mendoza, presidenta de las Mujeres de la Plaza de Ñuñoa, subrayó que una expansión de Santiago implica una mayor segregación urbana y menor calidad de vida, a la vez que enfatizó que la modificación 100 al plano regulador ha sufrido cambios lo suficientemente importantes como para tener un nuevo Estudio de Impacto Ambiental y ser sometido a una nueva votación de los consejeros regionales.
Diversas organizaciones de la sociedad civil llegaron este martes a la Contraloría para solicitarle, en base a una serie de documentos que entregaron, que rechace y devuelva al Consejo Regional Metropolitano, CORE, la expansión urbana de la región en más de diez mil hectáreas impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera.
Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, recalcó que la modificación es antojadiza e improcedente, entre otros motivos, porque por una decisión administrativa se violenta la Ley General de Urbanismo y Construcción que establece que este tipo de negocios inmobiliarios no se pueden ejecutar en sectores rurales y agrícolas y añadió que un 30 por ciento de estas hectáreas están definidas como “parcelas de agrado” lo que impide a sus dueños cambiar el destino de éstas.
Herman además criticó que la medida, que afecta a ocho comunas de la capital, ha sido manejada con absoluto secreto por parte del ministerio de Vivienda y Urbanismo.
En ese sentido, el dirigente de Defendamos la Ciudad dijo que “aquí hay un lobby abierto entre ellos, pero el Gobierno a través del ministerio de la Vivienda se ha negado sistemáticamente a dar los nombres de todas estas personas naturales o personas jurídicas que se van a ver beneficiados con estos cambios de uso de suelo. Nosotros hicimos una presentación ante el Consejo para la Transparencia para que se nos entregarán esos nombres, el Consejo falló a favor de la transparencia y el Minvu insiste en su política pro secreto, es decir, la opinión pública no sabe a quién va a beneficiar esto, lo cual es muy grave”.
Por su parte, Julio Alegría, secretario general del Colegio de Arquitectos, sostuvo que la llamada modificación 100 del plano regulador tiene problemas de forma, que debe ver el Contralor, y de fondo, y recalcó que no es una medida necesaria.
“Se habla de diez mil hectáreas necesarias, sin embargo nuestros estudios y estudios del ministerio de Vivienda señalan que al menos hay ya siete mil hectáreas al interior del perímetro urbano que estarían disponibles para un desarrollo bien organizado, planificado de vivienda. Después de eso hay alrededor de tres mil hectáreas más, que sería reutilización d las áreas que son industriales, que están dentro del perímetro de Vespucio y por lo tanto no tendrían la autorización necesaria para eso y que hoy están disponibles también. de manera que ya tenemos las diez mil hectáreas que son necesarias y esa justificación no tendría un mayor peso”, explicó el secretario general del Colegio de Arquitectos.
En tanto Luis Mariano Rendón, coordinador de Acción Ecológica, sostuvo que la modificación es un contrasentido pues advirtió que al expandir Santiago se agravan todos los problemas de la ciudad, generando viajes motorizados más prolongados y, por lo tanto, mayores emisiones de contaminantes a la atmósfera, se pierden tierras agrícolas, se impide la infiltración del agua lluvia al pavimentar lo que produce anegamientos, entre otros problemas.
Pedro Davis, presidente de la Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana, Pequeña, Microindustria, Servicios y Artesanado de Chile (Conupia) también rechazo la modificación del plan.
En esa línea, el dirigente de la Conupia señaló que “es absolutamente inadecuada porque la ciudad de Santiago ya no resiste más crecimiento, porque es a costa de eliminar terrenos agrícolas que son fundamentales para muchos pequeños agricultores, que si bien es cierto podrían tener una ganancia desde el punto de vista inmobiliario, la principal ganancia es para los grandes capitales. Nosotros hemos manifestado que el nivel de concentración económica de este país es la principal causa de los miles de problemas que tenemos en la micro y pequeña empresa”.
En tanto, Paula Mendoza, presidenta de las Mujeres de la Plaza de Ñuñoa, subrayó que una expansión de Santiago implica una mayor segregación urbana y menor calidad de vida, a la vez que enfatizó que la modificación 100 al plano regulador ha sufrido cambios lo suficientemente importantes como para tener un nuevo Estudio de Impacto Ambiental y ser sometido a una nueva votación de los consejeros regionales.
