El sábado 27 de octubre pasado se publicó en el diario La Tercera una columna del ministro Rodrigo Pérez Mackenna titulada “La lección de la casas Copeva”, en donde despotrica con suma energía en contra de las autoridades sectoriales de los gobiernos de la Concertación a raíz de las filtraciones de aguas lluvia que sufrieron en 1997 estas viviendas sociales construidas en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Este ministro en su relato de los vergonzosos hechos que todo el país conoció en directo gracias a las pantallas de televisión, no dijo una sola palabra de reproche acerca de la responsabilidad que le cabía a la empresa constructora de los hermanitos Pérez Yoma, quienes prestamente le cambiaron el nombre a su sociedad: inmediatamente después de ese luctuoso episodio, hasta el día de hoy, se denomina constructora PY.

Pérez Mackenna no quiso enemistarse con actores privados muy influyentes, tanto en la Cámara Chilena de la Construcción como en las asociaciones  empresariales que mandan en este país, y por ello le endilgó, tal como lo dijo erróneamente la Corte Suprema de Justicia, toda la culpa de los desaciertos constructivos al Serviu Metropolitano, ente público que le encargó la edificación de estas casas, conocidas en aquella época como de nylon, a Copeva.

Recordemos que la máxima instancia jurisdiccional obligó al mencionado servicio público a indemnizar a las casi 600 familias engañadas en una suma del orden de los 3 millones de pesos por cada casa mal edificada. Pero el fallo definitivo se conoció después de una larguísima tramitación y para cargarle la mano, una vez más, al erario nacional, es decir a Moya, los intervinientes en el litigio acordaron que, por estar mal concebidas las “especificaciones técnicas” del proyecto, se liberaba de culpa a la empresa privada que hizo el negocio.

Si fuera verdad lo anterior, entonces se concluye que el incompetente Serviu Metropolitano no supo redactar tales especificaciones y que Copeva, se vio obligada a construir a sabiendas de que tales erróneas descripciones técnicas, tarde o temprano, le iban a pasar la cuenta, tal como ocurrió.

En estos negocios de viviendas sociales, en donde intervienen unos intermediarios llamados EGIS, las constructoras siempre juegan a ganador, porque una parcialidad del pago de las casas, lo reciben cuando se inician las obras y el resto del precio acordado  el Serviu se los entrega contra la recepción final de cada municipalidad.

Cada uno de estos proyectos, en promedio, alcanzan entre las 200 y 500 viviendas, las que inmediatamente después de terminadas son ocupadas por aquellas familias de escasos recursos que se han hecho acreedoras a un subsidio habitacional.

Sabemos que en la actualidad el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) está mejorando el nivel de estas construcciones, de partida las superficies mínimas de este tipo de casas con subsidios es superior a las que se edificaban en las décadas concertacionistas, de tal forma que las familias más vulnerables están recibiendo viviendas más seguras y con ciertos necesarios equipamientos.

El ministro habla mucho de sustentabilidad, de integración de barrios, de dignidad familiar, de justo equilibrio, de lo fantástico que es el gobierno de Piñera, todas expresiones de buena voluntad que fácilmente se publican en los medios de prensa, pero le recordamos a él que en el caso de las viviendas de nylon el culpable fue el privado que, con tal de ganarse la licitación del Serviu y por ende obtener la ganancia rápida en el negocio inmobiliario, aceptó construir con especificaciones técnicas truchas.

Si estuviéramos en un país en donde el estándar está exento de la pillería, ninguna constructora habría aceptado ejecutar las obras tan mal concebidas por un servicio público. En Suiza, en Noruega o en Finlandia, a modos de ejemplos, nunca un empresario estaría dispuesto a asumir una responsabilidad constructiva si sus ingenieros detectan errores en la documentación del mandante.

Y ya que estamos hablando de la corrección de prácticas habitaciones pasadas, sería muy conveniente que el ministro del ramo origine una modificación en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) de tal forma que en horizontes de plazos predeterminados exista una relación directa entre la densidad habitacional contenida en cada uno de los Planes Reguladores Comunales y la cantidad de áreas verdes materializadas en el territorio de las distintas municipalidades, ya que el déficit actual, en la gran mayoría de los casos, es sumamente preocupante.

Esta puntual medida que proponemos, de tipo ambiental, social y paisajístico, se debería implementar con cierta premura en todas las regiones cuya calidad del aire no es satisfactoria y para ello sólo basta atreverse, sin temor a las críticas que surgirían de parte de aquellos que lucran con el recurso suelo.