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Análisis:

El día después de La Haya

Pablo Jofré Leal | Viernes 7 de diciembre 2012 - 19:10 hrs. |

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Luego que todos los ojos del país estuvieran puestos en las jornadas de alegatos de Chile y Perú ante la Corte Internacional de La Haya, el resultado ya comienza a rondar en La Moneda como un fantasma que podría convertirse en la peor pesadilla en un año electoral. Y es que si bien se ha argumentado que los jueces de La Haya sólo emiten su dictamen bajo consideraciones jurídicas, lo cierto es que después del fallo Colombia-Nicaragua quedó claro que también entran en juego los equilibrios regionales.

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El diferendo limítrofe marítimo, que enfrenta en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) a los gobiernos de Chile y Perú encontró en los alegatos jurídicos, la presentación de memorias, contramemorias, replicas,  dúplicas y fases de defensa oral de los argumentos esgrimidos por uno y otro país, el espacio menos sangriento donde dirimir  un contencioso que se arrastra ya por 27 años.

Hablamos de casi tres décadas, pues el año 1986 Perú, por primera vez, a través del fallecido ex Canciller Juan Miguel Bákula presentó el 23 de mayo del año 1986 ante su par chileno de la época (el ex canciller Jaime del Valle) la exigencia de proceder a la delimitación de los espacios marítimos entre Chile y Perú. Tal presentación se conoce como el memorándum Bákula y ha sido exhibido por Torre Tagle (la sede de la cancillería peruana)  como una muestra que la exigencia de delimitar la zona en disputa estaba presente en la política exterior peruana. Y en ayuda de esa postura el dictamen de la CIJ en favor de Nicaragua contra Colombia vino a allegar más agua al molino favorable a la pretensión peruana de acceder a 35 mil kilómetros cuadrados de mar frente a sus costas.

Tratado or not Tratado

El memorándum Bákula fue presentado 33 años después que el año 1954 se firmara el denominado  Convenio Sobre Zona Especial Fronteriza Marítima, que vino a complementar la Declaración de Zona Marítima del año 1952, también llamada Declaración de Santiago, firmada conjuntamente con Ecuador. Esos convenios,  han constituido para los gobiernos chilenos, sin excepción,  documentos que definieron los límites marítimos en forma indiscutible. En cambio, para  Perú, esos convenios simplemente establecieron líneas de acción,  para una política común destinada “a defender y proteger sus recursos vivos marítimos que estaban siendo explotados por grandes flotas balleneras y pesqueras” como lo presentó el Agente peruano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), Allan Wagner.

El dilucidar si se trata de convenios meramente orientativos sobre el qué hacer frente a terceros, delimitando zonas de explotación marítima o si se refieren a Tratados que deben ser respetados sin discusión alguna, como argumenta la parte chilena, viene a ser  el meollo de las exposiciones que se están dando en tierras holandesas. Para Perú, la presentación de su demanda ante la CIJ de La Haya, el 16 de enero del año 2008,  era una necesidad visto que el límite marítimo con Chile nunca había sido delimitado. Para la defensa chilena, los acuerdos del año 1952 y 1954 son Tratados y  su modificación resulta jurídicamente inaceptable, toda vez que los Tratados se firman para “respetarlos” como se suele repetir, casi como una letanía en los círculos diplomáticos y políticos chilenos. Ello ha sido el eje de la presentación chilena en los alegatos orales en La Haya

Tanto el diplomático Allan Wagner como el jurista Alain Pellet sustentaron argumentos, para demostrar que los supuestos Tratados invocados por Chile no son tal. “Contrario a las pretensiones chilenas, afirma Wagner, el Perú no está violando el principio de pacta sunt servanda o de estabilidad de las fronteras. El Perú rechaza tajantemente esta imputación hecha por Chile. Nunca se ha celebrado acuerdo de delimitación marítima alguno entre las Partes”. Por su parte, el abogado francés Alain Pellet señaló en una presentación más irónica que “Chile se esfuerza en demostrar que la práctica de las partes y países terceros se hace de acuerdo al Acuerdo de Santiago de 1952, en cuanto a la soberanía chilena sobre la zona en disputa… Dicha práctica no significa que exista un tratado. Chile pretende demostrar, a través de contorsiones del derecho, que sí se establecieron límites a través de la Declaración de Santiago de 1952”. Chile hace sufrir al derecho, de la manera insólita que entienden los tratados Chile presenta un embrollo de argucias jurídicas (…) No sé a partir de qué alquimia misteriosa Chile transformó acuerdos pesqueros en tratados, generando un debate falso”

Esta consideración casi como auto de fe de la política chilena respecto a que los tratados son intocables parece no tener consideración alguna con la evolución que han tenido las relaciones internacionales, en el avance tecnológico, para delimitar puntos geográficos que antaño se hacían a “ojo” y que hoy poseen la ayuda inestimable de aparatos de geolocalización o métodos tecnológicos que eliminan cualquier tipo de error. Pero, sobre todo, con consideraciones más estratégicas como son el desarrollo conjunto con nuestros vecinos, la cooperación regional, la búsqueda de soluciones pacíficas a diferendos por vía del diálogo, por compensaciones e incluso soluciones novedosas como sería pensar en regiones de soberanía compartida como podría ser el límite entre Chile y Perú, invitando a ese desarrollo a Bolivia, quien aspira centenariamente a volver al Pacífico ¿por qué no? Pensar y actuar así podría evitar demandas como las que estamos viviendo y ahorrar al Estado chileno cifras millonarias en esta defensa.

La peor pesadilla de La Moneda

Chile, su clase política, los gobiernos que han estado en la Moneda, sean estos democracias o dictadura han señalado que no hay revisión de límites con sus vecinos, que los Tratados son intangibles y que cualquier discusión debía ser bilateral. Esa postura ha sido derrotada, en específico con Perú, toda vez que el caso está en La Haya y con posibilidades ciertas de enfrentar una decisión basada en criterios técnicos-jurídicos pero también políticos, con base al denominado criterio de equidad, como sucedió en el dictamen frente a la demanda de Managua contra Bogotá en materia de delimitación y soberanía de espacios marítimos. Ese criterio de equidad es la peor pesadilla que ronda los pasillos de la Moneda, que analiza en profundidad ese dictamen y las reacciones de Colombia.

Y hablamos de pesadilla, pues el 19 de Noviembre la CIJ de La Haya falló “salomónicamente” en el diferendo marítimo entre Nicaragua y Colombia de una forma que dejó muy mal parada la posición colombiana, que argumentó permanentemente, desde el año 2001 a la fecha del dictamen, que esos límites eran intocables, que la zona marítima que rodeaba el Archipiélago de San Andrés y los cayos cercanos a esa posesión eran colombianos y que Nicaragua no tenía derecho alguno. Sin embargo, la Corte, conformada por 15 jueces determinó que si bien la soberanía de las Islas y los sietes cayos adyacentes a san Andrés se mantendrían bajo la bandera colombiana, Nicaragua ganaba 90 mil kilómetros cuadrados de mar, que le permitirá explotar riquezas marítimas allí donde hasta el 19 de noviembre de 2012 no tenía presencia.

La determinación “equitativa” “salomónica” “de justicia con el más débil” en el caso del diferendo entre Managua y Bogotá echó por tierra la argumentación de juristas, políticos y cuanto analista chileno comenta el caso con Perú, bajo el supuesto que los jueces de La Haya sólo emiten su dictamen bajo consideraciones jurídicas. Con ello olvidan,  que si bien se trata de un organismo con nombres eminentes en el campo del derecho internacional, cada uno de ellos representa sensibilidades, corrientes y opiniones en campos tan diversos como los Derechos Humanos, el derecho económico internacional y las relaciones entre Estados entre otros, que le da un carácter mucho más amplio que la asepsia de presentarlos casi como “leguleyos” sin visión de otras aristas que suelen mover estos contenciosos.

El fallo de la Haya generó tal golpe en el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos, que su porcentaje de adhesión cayó abruptamente y encendió las alarmas en Palacio Nariño, que obligó a Santos a realizar declaraciones para calmar, primero, a la clase política colombiana, luego a sus bases de votantes y posteriormente comenzar a buscar responsables, que se han orientado al equipo que defendió sus intereses en La Haya, por considerar que presentaron un caso ganado de antemano y finalmente hubieron de retirarse con el rabo bajo las piernas. Además, en declaraciones fuertemente criticadas en el plano internacional, Santos anunció que Colombia se retiraría del Pacto de Bogotá,  que reconoce la jurisdicción de la CIJ de La Haya.

Tanto Chile como Perú han señalado en sendas declaraciones que respetarán la decisión de la Corte sea cual sea el dictamen, que tiene carácter de definitiva e inapelable. Si una de las partes estima que la otra no ha acatado el fallo puede efectuar su reclamo ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que en todo caso deberá esperar hasta mediados del año 2013 cuando la CIJ de a conocer su fallo.

Costos políticos

El caso Colombia-Nicaragua ha significado un duro varapalo para el gobierno de Sebastián Piñera, toda vez que se considera, desde ya “que algo perderemos en esta demanda y que el objetivo de La Moneda es minimizar los costos políticos que el dictamen de La Haya pueda tener en un conglomerado de gobierno, que enfrentará pocos meses después del dictamen elecciones presidenciales y sobre todo, en una sociedad que suele mirar sobre el hombro a sus vecinos del norte y que podría enfrentar brotes de chauvinismo impulsados por líderes de opinión que suelen destacarse en períodos convulsos o de fácil verborrea nacionalista”

Si bien es cierto se ha visto a ex presidentes, a políticos de gobierno y de oposición alineados tras la figura presidencial en materia de sostener que “la posición chilena es sólida y que triunfaremos en La Haya” también se ha tomado buena nota, sobre todo en la Concertación de la movida del gobierno de comenzar a delimitar ciertas responsabilidades en “errores del pasado” dando a entender que bajo los gobiernos de la Concertación no se buscaron los entendimientos y pasos necesarios para impedir que el caso llegara a La Haya. En las filas opositoras, si bien las declaraciones son similares a las esgrimidas desde las filas de gobierno, no se ha dejado de analizar los efectos políticos pre elecciones generales del año 2013 en caso que Chile deba ceder parte del territorio marítimo que hoy está bajo su soberanía.

Los alegatos peruanos de los días 3 y 4 de diciembre no mostraron novedades para la parte chilena. Tanto en La Haya como aquellos reunidos en el hemiciclo del Senado, de la Cámara de Diputados o en la Moneda, para nuestra clase política a excepción de los presidenciables “díscolos” que extrañamente no emitieron opinión alguna . Para nuestra clase política “Perú no ofreció nada nuevo, nada fue sorpresa en materia de desconocer los Tratados o considerar que fue una presentación plana, plagada de adjetivos, previsible y sin elementos nuevos a considerar”. Pero, las presentaciones chilenas del 6 y 7 tampoco han sido una caja de sorpresas, en que se pueda argumentar que más allá de la experticia jurídica de los abogados contratados y el deslizamiento de un u otra ironía, nada nuevo se vislumbra bajo el sol del paralelo 18 º 21¨

Los del  Rímac, sobre todo en los círculos diplomáticos de nuestro vecino se opina que Torre Tagle logró el objetivo propuesto: fundamentar jurídica y políticamente que no existen límites marítimos entre Chile y Perú por lo que solicitan que sea la Corte de La Haya quien los defina. Unido a ello se explicitó en medios peruanos que dicha presentación se hizo a gran altura, sin poner en riesgo la necesaria estabilidad política y económica con Chile. Según cifras del Ministerio de Relaciones exteriores de Chile, a diciembre del año 2011 la inversión de empresas chilenas materializada en Perú, alcanzó  los us$11.161 millones – el 17,5% del total invertido en el exterior – lo que significa que Perú se consolidada como el tercer destino de las inversiones de empresarios chilenos fuera de nuestras fronteras con un intercambio comercial anual de us$3.972 millones.

La Haya ha devenido en un factor político vecinal de indudable relevancia, pero bien saben las autoridades chilenas y peruanas y su clase empresarial que cualquiera sea el resultado del dictamen de la CIJ de La Haya las relaciones comerciales no se pueden ver afectadas. El Ministro de Hacienda chileno, Felipe Larraín sostuvo en un foro empresarial que “el fallo de La Haya es algo que sin duda nos ocupa, nos preocupa, estamos todos pendientes de este fallo, pero creemos que no es algo que vaya a tener un efecto negativo en las relaciones entre nuestros países, tenemos una estupenda relación a nivel del gobierno y empresarial y ambos países nos hemos comprometido a respetar el fallo” Del mismo tenor han sido las declaraciones de empresarios peruanos que han destacado el nivel de respeto que ha primado en los alegatos en la CIJ de La Haya, garantizando de ese modo el mantenimiento de las buenas relaciones vecinales.

Escuchar a los políticos chilenos, como también a los peruanos es remontarse a ciertas ceremonias como suele ser, por ejemplo, la Parada Militar del 19 de septiembre donde siempre se opina que resultó “la más impresionante de las paradas militares de los últimos años. Una ceremonia impecable, plena de lucimiento y gallardía, la más hermosa y digna de un  país que ve en sus instituciones permanentes su caudal de riqueza valórica” pero, a la hora de la verdad, cuando haya que escuchar el dictamen se vislumbra que las explicaciones para el fracaso de los agentes y coagentes chilenos deberá darse una explicación más allá de considerar que los jueces de La Haya no actuaron con criterio jurídico y se dejaron influir por fundamentos más políticos que legales.

Pensar en el futuro

Los escenarios que se barajan en la Moneda tras las presentaciones orales peruana y las que se harán el día 14 de diciembre van por el camino de la posibilidad cierta que la CIJ de La Haya y sus jueces determinen que en este caso específico se aplique no sólo el “criterio de equidad” sino que sea acompañado del denominado “principio del uso y la costumbre con relación al límite marítimo” que implica la posibilidad de conceder a Perú acceso a un área de explotación marítima a través de la aplicación de una bisectriz en la línea consignada por Chile como territorio marítimo soberano y establecer la continuación del límite terrestre a partir del Hito  1 pero no hasta las 200 millas sino sólo hasta las doce millas que daría la posibilidad entonces de acceder a una zona de explotación al Perú.

Recordemos que Lima sostiene que debe ser la Línea de la Concordia  la que debe fijar  la prolongación natural del límite terrestre al marítimo y no el Hito 1 que fija el paralelo como límite con relación a la línea del Ecuador. Se considera en la Moneda, que si La Haya acoge esta pretensión peruana la derrota de la posición chilena sería abrumadora y habría sólo que tratar de minimizar el golpe político para un sector político, que suele esgrimir el nacionalismo y la defensa territorial a ultranza como un eje ideológico permanente. Julio del año 2013 se convertirá así en la antesala relevante en materia política previa a las elecciones presidenciales de diciembre de 2013.

Sin embargo, más allá de los criterios técnicos que se han esgrimido en La Haya, las declaraciones altisonantes de cancilleres, abogados, expertos en derecho internacional, analistas, el día después de La Haya en Julio del 2013, cuando se emita el dictamen marcará un derrotero complejo e incierto pues, se podrá definir el límite o dejarlo como está, definir si hubo Tratado o un mero acuerdo pero,l as confianzas, la cercanía que tanto cuesta cimentar son otro mundo y esas no se definen por decreto: se trabajan, se concretan con un trabajo diario, no sólo con una diplomacia comercial, sino que política, amical, de pensarnos en común y no un sálvese quien pueda. Nos necesitamos: peruanos y chilenos, con bolivianos y argentinos, con ecuador y Colombia, con Uruguay y Paraguay, con Nicaragua, con cada uno de los que conforman nuestra región. Nadie sobra ni está más adelante con otro en las necesidades de derrotar a nuestro principal enemigo, el subdesarrollo y la dependencia económica, política y cultural.

Pensar sólo con criterio jurídico es limitado, vago, peligroso, incierto, banal, pues las relaciones entre nuestros pueblos requieren miradas profundas: solidarias, políticas, de cooperación, de pensar el futuro con caminos de desarrollo que nos complementen y no que nos separen. La Haya es la oportunidad para el lucimiento de jurisconsultos, de políticos y de nacionalistas de uno y otro país pero, no la veo como la oportunidad de desterrar viejas rencillas, de enfrentar los desafíos del futuro en un plan común, de sepultar definitivamente a los muertos de la guerra del salitre y no hacerlos aparecer cada vez que los problemas acechan. La Haya es la oportunidad de pensar a nuestros pueblos unidos y decirle adiós a discursos y soflamas trasnochadas y chauvinistas. Si no es así que alguien nos pille confesados.

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26 Comentarios

  • Thumb up 0 Thumb down 0
    avatar Eric Dalton dice:
    SALUDOS A LOS PERUANOS PERDEDORES DE LA HAYA CREO QUE HA SIDO UN TIEMPO PERDIDO POR LOS PERUANOS VIVA CHILE SIEMPRE GRANDE Y PERU COMO SIEMPRE TIENE QUE PERDER COMO SUS HEROES PEDEDORES JACINTO BOLOGNESI MICHEL GRAU ALONSO UGARTE PERUANOS HAN NACIDO PARA SER PERDEDORES EN CHILE FESTEJAMOS ESTA GRAN VICTORIA SOBRE PERU ESTAMOS MUY ALEGRES DE QUE LOS RECURSOS EXPLOTABLES DE ESTE MAR SEAN PARA CHILE LOS PERUANOS YA PUEDEN ESTAR NADANDO LAS 80 MILLAS PARA QUE PESQUEN CACHALOTES ESO SI PUEDEN PORQUE SON DIFICILES DE PESCAR JA JA JA JA, ES UNA GRAN VICTORIA CHILENA SOBRE LOS INDIGENAS PERUANOS PATA RAJADAS ARRIBA CHILE POR SIEMPRE.
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