A partir del viernes 1 de marzo comenzará a regir la nueva Ley de Tabaco, que prohibirá fumar en todos los espacios cerrados de acceso público, como bares, restaurantes, casinos de juegos, discotecas, recintos deportivos y establecimientos educacionales.
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, consideró que la normativa aprobada en 2005 no funcionó y pidió “dar una oportunidad” a la nueva ley, para poder “decir que al menos en esta materia somos un país desarrollado”.
Con la nueva ley, el Gobierno espera disminuir en un 20 por ciento la conversión de jóvenes en adictos al tabaco; bajar a menos de 30 por ciento la tasa de consumo en fumadoras menores de 18 años; que la tasa de fumadores pasivos caiga de diez a cero por ciento; y llevar la tasa de mujeres embarazadas fumadoras de 20 a diez por ciento.
El ministro Mañalich explicó que la fiscalización estará a cargo de los seremis de Salud e inspectores municipales, mientras que los juzgados de Policía Local resolverán las sanciones.
Ante las críticas surgidas entre locales comerciales y restaurantes, principalmente, el secretario de Estado respondió que “no hay una marcha blanca porque se estima que los cambios que tiene que hacer la industria son bastante discretos”.
“En relación al rol fiscalizador de los ciudadanos, lo que tienen que hacer es llamar al teléfono que cada municipio o seremi va a disponer las 24 horas del día, los siete días de la semana, para trasladar esa responsabilidad al fiscalizador, que por ley tiene imperio para hacer que esta ley ocurra”, agregó.
La nueva legislación fue recibida con satisfacción por especialistas y organizaciones que buscan disminuir el tabaquismo.
El académico de la Universidad de Chile y ex director de la Escuela de Salud Pública, Giorgio Solimano, consideró que se podrán disminuir los índices de tabaquismo, pero añadió que hay otras disposiciones que quedan por realizar: “Hay otras medidas que se pueden adoptar y se han adoptado en otras partes, que tienen que ver con incrementar el precio de los cigarrillos y eventualmente los impuestos, lo que hace más difícil su accesibilidad. Hay pruebas de que esas medidas son efectivas”, dijo.
Con esto coincidió Lidia Amarales, ex subsecretaria de Salud Pública y representante de Chile Libre de Tabaco, quien valoró que el “corazón” de la ley sean los ambientes libres de tabaco, que permitirán producir un cambio cultural en la población.
Sin embargo, la dirigenta sostuvo que el fuerte lobby realizado por las empresas tabacaleras “afectó absolutamente. Nosotros hicimos un trabajo de joyería con el Parlamento, lo hicieron también las otras ONG y las sociedades científicas. Fue una pelea de David y Goliat y, a pesar de eso, logramos que saliera la ley, pero se perdieron dos de los articulados que deberían haber salido”.
“Nuestra impresión y la de los mismos diputados, quienes lo dijeron, es que el lobby de las tabacaleras fue impresionante y sin ninguna duda influyó en que no haya pasado la ley tan rápidamente como esperábamos”, añadió.
Lidia Amarales indicó dos artículos relevantes que quedaron fuera de la ley: uno que entregaba atribuciones a los seremis para cerrar locales que infringieran la norma de manera reiterada y otro que eliminaba el tabaco también de las oficinas privadas de uso público, como la de un gerente o un parlamentario, por ejemplo.
A partir del viernes 1 de marzo comenzará a regir la nueva Ley de Tabaco, que prohibirá fumar en todos los espacios cerrados de acceso público, como bares, restaurantes, casinos de juegos, discotecas, recintos deportivos y establecimientos educacionales.
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, consideró que la normativa aprobada en 2005 no funcionó y pidió “dar una oportunidad” a la nueva ley, para poder “decir que al menos en esta materia somos un país desarrollado”.
Con la nueva ley, el Gobierno espera disminuir en un 20 por ciento la conversión de jóvenes en adictos al tabaco; bajar a menos de 30 por ciento la tasa de consumo en fumadoras menores de 18 años; que la tasa de fumadores pasivos caiga de diez a cero por ciento; y llevar la tasa de mujeres embarazadas fumadoras de 20 a diez por ciento.
El ministro Mañalich explicó que la fiscalización estará a cargo de los seremis de Salud e inspectores municipales, mientras que los juzgados de Policía Local resolverán las sanciones.
Ante las críticas surgidas entre locales comerciales y restaurantes, principalmente, el secretario de Estado respondió que “no hay una marcha blanca porque se estima que los cambios que tiene que hacer la industria son bastante discretos”.
“En relación al rol fiscalizador de los ciudadanos, lo que tienen que hacer es llamar al teléfono que cada municipio o seremi va a disponer las 24 horas del día, los siete días de la semana, para trasladar esa responsabilidad al fiscalizador, que por ley tiene imperio para hacer que esta ley ocurra”, agregó.
La nueva legislación fue recibida con satisfacción por especialistas y organizaciones que buscan disminuir el tabaquismo.
El académico de la Universidad de Chile y ex director de la Escuela de Salud Pública, Giorgio Solimano, consideró que se podrán disminuir los índices de tabaquismo, pero añadió que hay otras disposiciones que quedan por realizar: “Hay otras medidas que se pueden adoptar y se han adoptado en otras partes, que tienen que ver con incrementar el precio de los cigarrillos y eventualmente los impuestos, lo que hace más difícil su accesibilidad. Hay pruebas de que esas medidas son efectivas”, dijo.
Con esto coincidió Lidia Amarales, ex subsecretaria de Salud Pública y representante de Chile Libre de Tabaco, quien valoró que el “corazón” de la ley sean los ambientes libres de tabaco, que permitirán producir un cambio cultural en la población.
Sin embargo, la dirigenta sostuvo que el fuerte lobby realizado por las empresas tabacaleras “afectó absolutamente. Nosotros hicimos un trabajo de joyería con el Parlamento, lo hicieron también las otras ONG y las sociedades científicas. Fue una pelea de David y Goliat y, a pesar de eso, logramos que saliera la ley, pero se perdieron dos de los articulados que deberían haber salido”.
“Nuestra impresión y la de los mismos diputados, quienes lo dijeron, es que el lobby de las tabacaleras fue impresionante y sin ninguna duda influyó en que no haya pasado la ley tan rápidamente como esperábamos”, añadió.
Lidia Amarales indicó dos artículos relevantes que quedaron fuera de la ley: uno que entregaba atribuciones a los seremis para cerrar locales que infringieran la norma de manera reiterada y otro que eliminaba el tabaco también de las oficinas privadas de uso público, como la de un gerente o un parlamentario, por ejemplo.
A partir del viernes 1 de marzo comenzará a regir la nueva Ley de Tabaco, que prohibirá fumar en todos los espacios cerrados de acceso público, como bares, restaurantes, casinos de juegos, discotecas, recintos deportivos y establecimientos educacionales.
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, consideró que la normativa aprobada en 2005 no funcionó y pidió “dar una oportunidad” a la nueva ley, para poder “decir que al menos en esta materia somos un país desarrollado”.
Con la nueva ley, el Gobierno espera disminuir en un 20 por ciento la conversión de jóvenes en adictos al tabaco; bajar a menos de 30 por ciento la tasa de consumo en fumadoras menores de 18 años; que la tasa de fumadores pasivos caiga de diez a cero por ciento; y llevar la tasa de mujeres embarazadas fumadoras de 20 a diez por ciento.
El ministro Mañalich explicó que la fiscalización estará a cargo de los seremis de Salud e inspectores municipales, mientras que los juzgados de Policía Local resolverán las sanciones.
Ante las críticas surgidas entre locales comerciales y restaurantes, principalmente, el secretario de Estado respondió que “no hay una marcha blanca porque se estima que los cambios que tiene que hacer la industria son bastante discretos”.
“En relación al rol fiscalizador de los ciudadanos, lo que tienen que hacer es llamar al teléfono que cada municipio o seremi va a disponer las 24 horas del día, los siete días de la semana, para trasladar esa responsabilidad al fiscalizador, que por ley tiene imperio para hacer que esta ley ocurra”, agregó.
La nueva legislación fue recibida con satisfacción por especialistas y organizaciones que buscan disminuir el tabaquismo.
El académico de la Universidad de Chile y ex director de la Escuela de Salud Pública, Giorgio Solimano, consideró que se podrán disminuir los índices de tabaquismo, pero añadió que hay otras disposiciones que quedan por realizar: “Hay otras medidas que se pueden adoptar y se han adoptado en otras partes, que tienen que ver con incrementar el precio de los cigarrillos y eventualmente los impuestos, lo que hace más difícil su accesibilidad. Hay pruebas de que esas medidas son efectivas”, dijo.
Con esto coincidió Lidia Amarales, ex subsecretaria de Salud Pública y representante de Chile Libre de Tabaco, quien valoró que el “corazón” de la ley sean los ambientes libres de tabaco, que permitirán producir un cambio cultural en la población.
Sin embargo, la dirigenta sostuvo que el fuerte lobby realizado por las empresas tabacaleras “afectó absolutamente. Nosotros hicimos un trabajo de joyería con el Parlamento, lo hicieron también las otras ONG y las sociedades científicas. Fue una pelea de David y Goliat y, a pesar de eso, logramos que saliera la ley, pero se perdieron dos de los articulados que deberían haber salido”.
“Nuestra impresión y la de los mismos diputados, quienes lo dijeron, es que el lobby de las tabacaleras fue impresionante y sin ninguna duda influyó en que no haya pasado la ley tan rápidamente como esperábamos”, añadió.
Lidia Amarales indicó dos artículos relevantes que quedaron fuera de la ley: uno que entregaba atribuciones a los seremis para cerrar locales que infringieran la norma de manera reiterada y otro que eliminaba el tabaco también de las oficinas privadas de uso público, como la de un gerente o un parlamentario, por ejemplo.
