Amnistía Internacional manifestó su disconformidad con la decisión de la Corte Suprema de Uruguay que declara inconstitucional algunos artículos de la ley 18.813 de 2011, que dejara sin efecto la Ley de Caducidad.
Según indicó el organismo, esta resolución “da la espalda a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas hasta marzo de 1985 y amenaza con dejar en la impunidad cientos de casos en investigación o por investigarse”.
Desde la organización explicaron que “el fallo mantiene formalmente abierta la posibilidad de que los jueces penales investiguen y, de haber elementos de convicción suficientes, castiguen a los responsables de violaciones a derechos humanos al mantener vigente la pretensión punitiva del Estado. Sin embargo, basándose en el principio de irretroactividad de la ley penal, este fallo declara inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley 18.813 condenando así al fracaso toda investigación penal sobre los crímenes cometidos hasta marzo de 1985 al desconocerles su carácter de delitos de lesa humanidad y determinar que se encuentran sujetos a prescripción. En la práctica este fallo revive los efectos de la Ley de Caducidad”.
“El fallo dictado por la Suprema Corte representa una afrenta para las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares”, afirmó Guadalupe Marengo, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.
La institución asegura además que este fallo ignora el derecho internacional, como por ejemplo, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra, convenio del cual Uruguay es parte. Por lo mismo, Amnistía indicó que el país se expone a nuevas condenas internacionales por incumplimiento de los compromisos asumidos.
“Mediante su fallo, la Corte Suprema se pone del lado de la impunidad y compromete la responsabilidad del Estado por desconocer sus obligaciones internacionales”, señaló la representante de la ONG.
Amnistía Internacional manifestó su disconformidad con la decisión de la Corte Suprema de Uruguay que declara inconstitucional algunos artículos de la ley 18.813 de 2011, que dejara sin efecto la Ley de Caducidad.
Según indicó el organismo, esta resolución “da la espalda a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas hasta marzo de 1985 y amenaza con dejar en la impunidad cientos de casos en investigación o por investigarse”.
Desde la organización explicaron que “el fallo mantiene formalmente abierta la posibilidad de que los jueces penales investiguen y, de haber elementos de convicción suficientes, castiguen a los responsables de violaciones a derechos humanos al mantener vigente la pretensión punitiva del Estado. Sin embargo, basándose en el principio de irretroactividad de la ley penal, este fallo declara inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley 18.813 condenando así al fracaso toda investigación penal sobre los crímenes cometidos hasta marzo de 1985 al desconocerles su carácter de delitos de lesa humanidad y determinar que se encuentran sujetos a prescripción. En la práctica este fallo revive los efectos de la Ley de Caducidad”.
“El fallo dictado por la Suprema Corte representa una afrenta para las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares”, afirmó Guadalupe Marengo, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.
La institución asegura además que este fallo ignora el derecho internacional, como por ejemplo, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra, convenio del cual Uruguay es parte. Por lo mismo, Amnistía indicó que el país se expone a nuevas condenas internacionales por incumplimiento de los compromisos asumidos.
“Mediante su fallo, la Corte Suprema se pone del lado de la impunidad y compromete la responsabilidad del Estado por desconocer sus obligaciones internacionales”, señaló la representante de la ONG.
Amnistía Internacional manifestó su disconformidad con la decisión de la Corte Suprema de Uruguay que declara inconstitucional algunos artículos de la ley 18.813 de 2011, que dejara sin efecto la Ley de Caducidad.
Según indicó el organismo, esta resolución “da la espalda a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas hasta marzo de 1985 y amenaza con dejar en la impunidad cientos de casos en investigación o por investigarse”.
Desde la organización explicaron que “el fallo mantiene formalmente abierta la posibilidad de que los jueces penales investiguen y, de haber elementos de convicción suficientes, castiguen a los responsables de violaciones a derechos humanos al mantener vigente la pretensión punitiva del Estado. Sin embargo, basándose en el principio de irretroactividad de la ley penal, este fallo declara inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley 18.813 condenando así al fracaso toda investigación penal sobre los crímenes cometidos hasta marzo de 1985 al desconocerles su carácter de delitos de lesa humanidad y determinar que se encuentran sujetos a prescripción. En la práctica este fallo revive los efectos de la Ley de Caducidad”.
“El fallo dictado por la Suprema Corte representa una afrenta para las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares”, afirmó Guadalupe Marengo, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.
La institución asegura además que este fallo ignora el derecho internacional, como por ejemplo, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra, convenio del cual Uruguay es parte. Por lo mismo, Amnistía indicó que el país se expone a nuevas condenas internacionales por incumplimiento de los compromisos asumidos.
“Mediante su fallo, la Corte Suprema se pone del lado de la impunidad y compromete la responsabilidad del Estado por desconocer sus obligaciones internacionales”, señaló la representante de la ONG.
