En noviembre del año pasado, el Ejecutivo anunció un proyecto para modificar la normativa de migraciones, ya que la actual ley data de 1975 y es necesario ajustarla a las necesidades actuales. En ese momento las autoridades esperaban una tramitación de sólo 15 días en el Parlamento, han pasado casi dos meses y aún no se presenta el documento.
La semana pasada el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció que en estos días la iniciativa llegaría al Congreso y establecería una política de “puertas abiertas a los trabajadores”, permitiendo ampliar el número de empleados extranjeros en empresas nacionales, con un contrato temporal, luego del cual éstos deberían volver a su país.
Esto no fue bien recibido por organizaciones de migrantes en nuestro país. Ángela Romero, ecuatoriana e Integrante de la Comunidad de Vivienda e Integración Latinoamericana, afirmó que la ley viola el derecho de los ciudadanos a elegir su lugar de residencia.
“Es discriminatorio porque hay personas que quieren quedarse acá, pero estarán limitados. Según la actual normativa, si uno está cierto tiempo puede optar a cambiar de visa y permanecer por más tiempo. Pero ahora sería sin opción de quedarse, sino irse apenas termina el trabajo”, indicó.
Con esto coincidió Rodolfo Noriega, presidente del Comité de Refugiados de Peruanos en Chile, para quien los migrantes tienden a asentarse, en un proceso que se da en Europa y todo el mundo.
El dirigente mostró su disconformidad con el retraso en el proceso cuando la contingencia ha estado marcada por hechos como el caso Errázuriz y episodios de trata de personas, y cuando día a día se acumulan decenas de personas al día que tratan de regularizar su situación para continuar trabajando en nuestro país.
“Supuestamente lanzarán el proyecto esta semana, pensamos que durará mínimo unos tres años de debate. Hoy se requieren medidas urgentes, si no se da la atención, los problemas migratorios se agudizarán y el sentido práctico de esta ley será muy poco operativo”, señaló Noriega.
Y efectivamente, Diego Carraco de la Organización Internacional para las Migraciones Chile (OCIM), afirmó que Chile es el país con mayor tendencia promedio de flujo migratorio y que lo seguirá siendo, al menos durante los próximos diez años. Por eso, afirmó que espera que la nueva ley se constituya en una política que vaya mucho más allá de la regulación laboral y se ajuste al estándar internacional.
En esta línea, Carrasco apuntó que “la exigencia general que se ha formulado en distintas instancias por los expertos, es que las iniciativas que se formulen sigan el estándar de la Convención Internacional de Trabajadores Migrantes y sus familias, y las recomendaciones de Naciones Unidas sobre la materia, que sea una visión más integral que la sola entrada de personas para trabajar en un país”.
El especialista añadió que en la creación de esta ley no hubo un proceso de participación e académicos, instituciones y de los mismos migrantes como denunció la organización RedMI, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países como en Argentina, Uruguay o en Brasil. Esto es complicado, ya que es posible que la ley no refleje la realidad de quienes justamente viven esta situación.
En noviembre del año pasado, el Ejecutivo anunció un proyecto para modificar la normativa de migraciones, ya que la actual ley data de 1975 y es necesario ajustarla a las necesidades actuales. En ese momento las autoridades esperaban una tramitación de sólo 15 días en el Parlamento, han pasado casi dos meses y aún no se presenta el documento.
La semana pasada el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció que en estos días la iniciativa llegaría al Congreso y establecería una política de “puertas abiertas a los trabajadores”, permitiendo ampliar el número de empleados extranjeros en empresas nacionales, con un contrato temporal, luego del cual éstos deberían volver a su país.
Esto no fue bien recibido por organizaciones de migrantes en nuestro país. Ángela Romero, ecuatoriana e Integrante de la Comunidad de Vivienda e Integración Latinoamericana, afirmó que la ley viola el derecho de los ciudadanos a elegir su lugar de residencia.
“Es discriminatorio porque hay personas que quieren quedarse acá, pero estarán limitados. Según la actual normativa, si uno está cierto tiempo puede optar a cambiar de visa y permanecer por más tiempo. Pero ahora sería sin opción de quedarse, sino irse apenas termina el trabajo”, indicó.
Con esto coincidió Rodolfo Noriega, presidente del Comité de Refugiados de Peruanos en Chile, para quien los migrantes tienden a asentarse, en un proceso que se da en Europa y todo el mundo.
El dirigente mostró su disconformidad con el retraso en el proceso cuando la contingencia ha estado marcada por hechos como el caso Errázuriz y episodios de trata de personas, y cuando día a día se acumulan decenas de personas al día que tratan de regularizar su situación para continuar trabajando en nuestro país.
“Supuestamente lanzarán el proyecto esta semana, pensamos que durará mínimo unos tres años de debate. Hoy se requieren medidas urgentes, si no se da la atención, los problemas migratorios se agudizarán y el sentido práctico de esta ley será muy poco operativo”, señaló Noriega.
Y efectivamente, Diego Carraco de la Organización Internacional para las Migraciones Chile (OCIM), afirmó que Chile es el país con mayor tendencia promedio de flujo migratorio y que lo seguirá siendo, al menos durante los próximos diez años. Por eso, afirmó que espera que la nueva ley se constituya en una política que vaya mucho más allá de la regulación laboral y se ajuste al estándar internacional.
En esta línea, Carrasco apuntó que “la exigencia general que se ha formulado en distintas instancias por los expertos, es que las iniciativas que se formulen sigan el estándar de la Convención Internacional de Trabajadores Migrantes y sus familias, y las recomendaciones de Naciones Unidas sobre la materia, que sea una visión más integral que la sola entrada de personas para trabajar en un país”.
El especialista añadió que en la creación de esta ley no hubo un proceso de participación e académicos, instituciones y de los mismos migrantes como denunció la organización RedMI, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países como en Argentina, Uruguay o en Brasil. Esto es complicado, ya que es posible que la ley no refleje la realidad de quienes justamente viven esta situación.
En noviembre del año pasado, el Ejecutivo anunció un proyecto para modificar la normativa de migraciones, ya que la actual ley data de 1975 y es necesario ajustarla a las necesidades actuales. En ese momento las autoridades esperaban una tramitación de sólo 15 días en el Parlamento, han pasado casi dos meses y aún no se presenta el documento.
La semana pasada el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció que en estos días la iniciativa llegaría al Congreso y establecería una política de “puertas abiertas a los trabajadores”, permitiendo ampliar el número de empleados extranjeros en empresas nacionales, con un contrato temporal, luego del cual éstos deberían volver a su país.
Esto no fue bien recibido por organizaciones de migrantes en nuestro país. Ángela Romero, ecuatoriana e Integrante de la Comunidad de Vivienda e Integración Latinoamericana, afirmó que la ley viola el derecho de los ciudadanos a elegir su lugar de residencia.
“Es discriminatorio porque hay personas que quieren quedarse acá, pero estarán limitados. Según la actual normativa, si uno está cierto tiempo puede optar a cambiar de visa y permanecer por más tiempo. Pero ahora sería sin opción de quedarse, sino irse apenas termina el trabajo”, indicó.
Con esto coincidió Rodolfo Noriega, presidente del Comité de Refugiados de Peruanos en Chile, para quien los migrantes tienden a asentarse, en un proceso que se da en Europa y todo el mundo.
El dirigente mostró su disconformidad con el retraso en el proceso cuando la contingencia ha estado marcada por hechos como el caso Errázuriz y episodios de trata de personas, y cuando día a día se acumulan decenas de personas al día que tratan de regularizar su situación para continuar trabajando en nuestro país.
“Supuestamente lanzarán el proyecto esta semana, pensamos que durará mínimo unos tres años de debate. Hoy se requieren medidas urgentes, si no se da la atención, los problemas migratorios se agudizarán y el sentido práctico de esta ley será muy poco operativo”, señaló Noriega.
Y efectivamente, Diego Carraco de la Organización Internacional para las Migraciones Chile (OCIM), afirmó que Chile es el país con mayor tendencia promedio de flujo migratorio y que lo seguirá siendo, al menos durante los próximos diez años. Por eso, afirmó que espera que la nueva ley se constituya en una política que vaya mucho más allá de la regulación laboral y se ajuste al estándar internacional.
En esta línea, Carrasco apuntó que “la exigencia general que se ha formulado en distintas instancias por los expertos, es que las iniciativas que se formulen sigan el estándar de la Convención Internacional de Trabajadores Migrantes y sus familias, y las recomendaciones de Naciones Unidas sobre la materia, que sea una visión más integral que la sola entrada de personas para trabajar en un país”.
El especialista añadió que en la creación de esta ley no hubo un proceso de participación e académicos, instituciones y de los mismos migrantes como denunció la organización RedMI, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países como en Argentina, Uruguay o en Brasil. Esto es complicado, ya que es posible que la ley no refleje la realidad de quienes justamente viven esta situación.
