Cleonice Vieira, de 54 años, se convirtió en la segunda persona que fallece en medio de las protestas sociales en Brasil. La mujer se desempeñaba como barrendera y murió, producto de un paro cardíaco, luego de inhalar gas lacrimógeno lanzado por la policía.

Sin referirse a este hecho particular, distintas agrupaciones sociales, como la CUT, la Confech y las asambleas coordinadoras de estudiantes secundarios, manifestaron, durante el fin de semana, su preocupación por lo que califican “un ascenso de la represión en nuestro país” y que tuvo, como hecho reciente, el ingreso de Fuerzas Especiales a la Casa Central de la Universidad de Chile.

Ana Pique, directora ejecutiva de la sección nacional de Amnistía Internacional, afirmó que las bombas lacrimógenas “podrían ser un medio admisible para dispersar una multitud, pero sólo bajo un contexto de riesgo de daños, vía violencia”.

Sin embargo, advirtió que la utilización de este elemento se debe visar bajo una serie de restricciones, como que no se emplee en lugares cerrados y que se entienda que su uso es “el último recurso”, lo que, a juicio de Ana Piquer, no se estaría cumpliendo en nuestro país.

En esa línea, la directora del organismo internacional indicó que “mirando lo que sucede en las manifestaciones es que esto se ha como de alguna forma naturalizado, estamos acostumbrados a que lo normal es que una manifestación termine con lanzaguas y lacrimógenas y que lo normal haya un grupo pequeño de gente que está cometiendo actos violentos y un grupo grande de gente que se está manifestando pacíficamente y lo que se hace finalmente es dispersar a la manifestación completa pacífica o no pacífica, usando lacrimógena”.

“De ser un medio disuasivo se ha convertido en represivo, es decir, se usa con la intención de castigar y hacer más tortuoso el derecho a manifestarse”, añadió Ana Piquer.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional – Chile enfatizó en que el Gobierno debe encontrar el equilibrio para el uso de estos agentes disuasivos.

Por esto, Ana Piquer señaló que “el Estado tiene por supuesto el deber de controlar el orden público y tiene también el deber de respetar los derechos humanos de todas las personas involucradas, ese no siempre es un equilibrio fácil, pero lo importante es que existan normas que regulen esto de una manera alineada con los estándares internacionales y que por lo tanto consideren el uso de gases lacrimógenos como algo excepcional. Que esos protocolos sean conocidos por todo el mundo y que se hagan cumplir. En el fondo si es que se produce un uso excesivo de la fuerza, que exista una investigación, que existan sanciones”.

Andrei Tchernitchin, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, subrayó que los efectos primarios del gas lacrimógenos son conjuntivitis, sensación de quemadura en los ojos, dolor ocular, espasmos, tos, sensación de quemadura en el tracto respiratorio, contracción torácica y cefalea.

Como consecuencias secundarias están las náuseas, sangrado de narices, diarrea y edema pulmonar. Además, puede causar parto prematuro en mujeres embarazadas y problemas respiratorios grave en niños y personas de la tercera edad.

Cabe recordar que en mayo de 2011, Carabineros de Chile suspendió, por 72 horas, el uso del gas lacrimógeno, reponiendo su uso con un informe técnico como aval, el que nunca fue transparentado, pese a las reiteradas peticiones realizadas vía Ley de Transparencia.

Dada las particularidades de la represión en Chile y las características de este elemento disuasivo, según el facultativo, en nuestro país no sería de extrañar que ocurriera lo mismo que en Brasil.

En esa perspectiva, el experto de nuestra casa de estudios advirtió que “una sola bomba lacrimógena puede producir estragos y muerte si la persona está en un lugar poco ventilado o si la persona está a nivel de suelo y a nivel de suelo hay una concentración muy alta, es decir, depende de varios factores. De la sensibilidad, del espacio de aire que hay para diluir el compuesto y si la persona está un tiempo largo o no tan largo expuesta al mismo. Si la persona tiene una sensibilidad especial, puede producir incluso la muerte”.

Milton Vidal, director de la Escuela de Sociología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, sostuvo que “el uso de la represión directa es más fácil y cómoda, para el Estado, que la atención de las demandas sociales”.

Advirtió, eso sí, que se han producido cambios en nuestra sociedad y que indican que ese camino ya no resulta tan fácil.

En este sentido, el académico explicó que “lo que acaba de ocurrir en la Casa Central de la Universidad de Chile y las consecuencias que ha tenido reflejan que si bien esa decisión de una aplicación inmediata de la fuerza y de la represión tiene consecuencias, tiene efectos políticos, tiene un efecto comunicacional, que termina escapando del propósito o del no propósito que pudiera en algún minuto haber tenido o quienes toman la decisión y creo que en este caso eso se refleja, que no es tan simple tomar decisiones de ese carácter y no hacerse cargo de las consecuencias”.

Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, aseguró que el incremento de la represión se debe al sentimiento de “fracaso y frustración” que inunda a la actual administración.

“El Gobierno no puede amparar la violencia, justificándola con el actuar de sectores más radicales”, añadió la máxima dirigenta de la CUT.