Al fragor de la primera de dos jornadas consecutivas de alegatos en la Corte de Apelaciones de Santiago, el abogado Samuel Donoso, representante de Patricio Rosende, alzó el papel con la respuesta a una solicitud de acceso a información pública, en la que el actual director de la ONEMI, Ricardo Toro, reconoció este lunes que no existe un “Plan Nacional de Emergencia”, por lo tanto no estarían definidas expresamente las responsabilidades de cada una de las autoridades durante una catástrofe como la del 27 de febrero de 2010.
La defensa de Rosende dijo que este ex funcionario era una “autoridad política”. La defensa de Carmen Fernández dijo que ella, en tanto, era una “autoridad de coordinación”, y ambos desligaron responsabilidades sobre la “autoridad técnica”, que básicamente recae en la Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA). Al salir del alegato, el abogado de Carmen Fernández, Luciano Fouillioux, relevó el tema de la inexistencia de un “Plan Nacional de Emergencia.”.
“No está vigente el plan de emergencia, nunca lo ha estado, y así lo certificó la Onemi ayer, a petición de una de las defensas. Esto implica que no se puede aplicar como norma vulnerada, porque no existe jurídicamente, nunca ha existido”, dijo.
Ambas defensas reiteraron que “estamos llanos a reconocer responsabilidades políticas y administrativas, pero no penales”.
En este caso, hay ocho formalizados por cuasidelito de homicidio y lesiones. Además de Patricio Rosende y Carmen Fernández, se investiga la responsabilidad de quienes se desempeñaron como el encargado del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, Carlos Aranda Zapata; el jefe de turno de la ONEMI, Osvaldo Malfanti; el jefe de Alerta Temprana de la ONEMI, Johaziel Jamett; el jefe superior del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Mariano Rojas Bustos; el jefe de turno del SHOA, Mario Andina Medina, y el capitán de Corbeta Andrés Enríquez Olavarría.
La abogada de este, Paula Vial, dijo que su defendido “acudió la noche del terremoto de manera voluntaria a la ONEMI, y que no estaba de turno, sino que con una comisión de servicio en trámite para viajar a los astilleros de Talcahuano al lanzamiento de un buque”, razón por la cual no tendría responsabilidad.
Uno de los representantes de familiares de víctimas del maremoto, el abogado Alfredo Morgado, manifestó la expectativa de que la Corte ratifique las formalizaciones ya dictaminadas por el juez Ponciano Sallés.
“Creemos que en definitiva, la Corte debería confirmar la resolución del tribunal de Garantía, aquí no se dan los presupuestos para una dictación de sobreseimiento definitivo. Existe un hecho punible, cuasidelito de homicidio con resultado múltiple de muerte, por las tremendas omisiones cometidas. Creemos que se va a confirmar la resolución”, declaró.
Los alegatos se realizan este martes y miércoles en la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro Miguel Vásquez y compuesta por el ministro suplente Enrique Durán y la abogada integrante Andrea Muñoz.
Al fragor de la primera de dos jornadas consecutivas de alegatos en la Corte de Apelaciones de Santiago, el abogado Samuel Donoso, representante de Patricio Rosende, alzó el papel con la respuesta a una solicitud de acceso a información pública, en la que el actual director de la ONEMI, Ricardo Toro, reconoció este lunes que no existe un “Plan Nacional de Emergencia”, por lo tanto no estarían definidas expresamente las responsabilidades de cada una de las autoridades durante una catástrofe como la del 27 de febrero de 2010.
La defensa de Rosende dijo que este ex funcionario era una “autoridad política”. La defensa de Carmen Fernández dijo que ella, en tanto, era una “autoridad de coordinación”, y ambos desligaron responsabilidades sobre la “autoridad técnica”, que básicamente recae en la Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA). Al salir del alegato, el abogado de Carmen Fernández, Luciano Fouillioux, relevó el tema de la inexistencia de un “Plan Nacional de Emergencia.”.
“No está vigente el plan de emergencia, nunca lo ha estado, y así lo certificó la Onemi ayer, a petición de una de las defensas. Esto implica que no se puede aplicar como norma vulnerada, porque no existe jurídicamente, nunca ha existido”, dijo.
Ambas defensas reiteraron que “estamos llanos a reconocer responsabilidades políticas y administrativas, pero no penales”.
En este caso, hay ocho formalizados por cuasidelito de homicidio y lesiones. Además de Patricio Rosende y Carmen Fernández, se investiga la responsabilidad de quienes se desempeñaron como el encargado del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, Carlos Aranda Zapata; el jefe de turno de la ONEMI, Osvaldo Malfanti; el jefe de Alerta Temprana de la ONEMI, Johaziel Jamett; el jefe superior del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Mariano Rojas Bustos; el jefe de turno del SHOA, Mario Andina Medina, y el capitán de Corbeta Andrés Enríquez Olavarría.
La abogada de este, Paula Vial, dijo que su defendido “acudió la noche del terremoto de manera voluntaria a la ONEMI, y que no estaba de turno, sino que con una comisión de servicio en trámite para viajar a los astilleros de Talcahuano al lanzamiento de un buque”, razón por la cual no tendría responsabilidad.
Uno de los representantes de familiares de víctimas del maremoto, el abogado Alfredo Morgado, manifestó la expectativa de que la Corte ratifique las formalizaciones ya dictaminadas por el juez Ponciano Sallés.
“Creemos que en definitiva, la Corte debería confirmar la resolución del tribunal de Garantía, aquí no se dan los presupuestos para una dictación de sobreseimiento definitivo. Existe un hecho punible, cuasidelito de homicidio con resultado múltiple de muerte, por las tremendas omisiones cometidas. Creemos que se va a confirmar la resolución”, declaró.
Los alegatos se realizan este martes y miércoles en la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro Miguel Vásquez y compuesta por el ministro suplente Enrique Durán y la abogada integrante Andrea Muñoz.
Al fragor de la primera de dos jornadas consecutivas de alegatos en la Corte de Apelaciones de Santiago, el abogado Samuel Donoso, representante de Patricio Rosende, alzó el papel con la respuesta a una solicitud de acceso a información pública, en la que el actual director de la ONEMI, Ricardo Toro, reconoció este lunes que no existe un “Plan Nacional de Emergencia”, por lo tanto no estarían definidas expresamente las responsabilidades de cada una de las autoridades durante una catástrofe como la del 27 de febrero de 2010.
La defensa de Rosende dijo que este ex funcionario era una “autoridad política”. La defensa de Carmen Fernández dijo que ella, en tanto, era una “autoridad de coordinación”, y ambos desligaron responsabilidades sobre la “autoridad técnica”, que básicamente recae en la Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA). Al salir del alegato, el abogado de Carmen Fernández, Luciano Fouillioux, relevó el tema de la inexistencia de un “Plan Nacional de Emergencia.”.
“No está vigente el plan de emergencia, nunca lo ha estado, y así lo certificó la Onemi ayer, a petición de una de las defensas. Esto implica que no se puede aplicar como norma vulnerada, porque no existe jurídicamente, nunca ha existido”, dijo.
Ambas defensas reiteraron que “estamos llanos a reconocer responsabilidades políticas y administrativas, pero no penales”.
En este caso, hay ocho formalizados por cuasidelito de homicidio y lesiones. Además de Patricio Rosende y Carmen Fernández, se investiga la responsabilidad de quienes se desempeñaron como el encargado del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, Carlos Aranda Zapata; el jefe de turno de la ONEMI, Osvaldo Malfanti; el jefe de Alerta Temprana de la ONEMI, Johaziel Jamett; el jefe superior del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Mariano Rojas Bustos; el jefe de turno del SHOA, Mario Andina Medina, y el capitán de Corbeta Andrés Enríquez Olavarría.
La abogada de este, Paula Vial, dijo que su defendido “acudió la noche del terremoto de manera voluntaria a la ONEMI, y que no estaba de turno, sino que con una comisión de servicio en trámite para viajar a los astilleros de Talcahuano al lanzamiento de un buque”, razón por la cual no tendría responsabilidad.
Uno de los representantes de familiares de víctimas del maremoto, el abogado Alfredo Morgado, manifestó la expectativa de que la Corte ratifique las formalizaciones ya dictaminadas por el juez Ponciano Sallés.
“Creemos que en definitiva, la Corte debería confirmar la resolución del tribunal de Garantía, aquí no se dan los presupuestos para una dictación de sobreseimiento definitivo. Existe un hecho punible, cuasidelito de homicidio con resultado múltiple de muerte, por las tremendas omisiones cometidas. Creemos que se va a confirmar la resolución”, declaró.
Los alegatos se realizan este martes y miércoles en la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro Miguel Vásquez y compuesta por el ministro suplente Enrique Durán y la abogada integrante Andrea Muñoz.
