A la sede del Congreso en Santiago llegó el abogado Jorge Martínez, en representación del ex director del INE, Francisco Labbé, para entregar formalmente el documento que al menos hasta el próximo lunes tiene carácter de confidencial. Ese día va a sesionar de nuevo la comisión que busca establecer las responsabilidades políticas por el fracaso del Censo 2012, y se decidirá entonces si corresponde hacer público el escrito.
El abogado de Labbé, Jorge Martínez, adujo que optaron por “responder en papel porque las preguntas son muy técnicas”. Enfatizó, eso sí, que el ex director del INE “tiene completa disposición de comparecer cuando se lo pidan”, aunque la ley no lo obligue porque ya no es funcionario público.
“El señor Labbé ha estado cooperando no sólo ante esta comisión, sino ante el Ministerio Público en la investigación por el Caso INE. Nos pareció más recurrente hacer una respuesta por escrito, y establecer que vamos a comparecer cuando seamos requeridos. La comisión nos ha dado todas las garantías para dar un testimonio con las fundamentaciones técnicas suficientes”, dijo el abogado.
El presidente de la comisión investigadora del “Caso Censo 2012”, el DC Juan Carlos Latorre informó que de acuerdo con el Artículo 250 del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta instancia debe discernir si procede hacer o no público el documento con los descargos de Francisco Labbé, porque hay que revisar –según el parlamentario- si se afectan a terceras personas, si se podría comprometer el éxito de la comisión investigadora o si se dañan los intereses del Estado.
El diputado Latorre dijo que la comisión va a sesionar hasta fines de octubre para dar sus conclusiones sobre responsabilidades políticas: “El rol del INE en el país es tan importante, que no es un tema que inventamos para una discusión, sino que surge del propio Gobierno, de las personas a cargo de este proceso y salta públicamente. Cuánto estaba en conocimiento del Gobierno, cuántas personas pudieron denunciar esto a tiempo, es parte de nuestra investigación”.
Según algunos expertos el impacto del fracaso del Censo de 2012 es que el Estado se quedó sin datos actualizados y creíbles sobre las características de la población de Chile, lo que afecta a la política focalizada en materia de protección social (como entrega de bonos, subsidios habitacionales, becas, etc.). A esto se suma, según la ex ministra de Mideplan y actual académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Concepción, Cecilia Pérez Díaz, el hecho de que el Gobierno excluyera las mediciones a nivel comunal que hacía desde 1987 (y cada dos o tres años), la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), que es el otro instrumento estadístico potente que usa el Estado.
“Lo más grave de todo, es que el problema del Censo deja como Estado en la más absoluta oscuridad. Ya hace un año dieron la mala noticia de la Casen, sin datos de representación comunal. No tenemos Casen ni Censo, estamos en el peor de los mundos. Hay una actitud obtusa de sostener lo insostenible, que Labbé defienda que es el mejor censo realizado en Chile”, dijo.
Paralelamente, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Santiago Rebolledo, se reunió con el actual director del INE, Juan Coeymans para pedir la realización de un nuevo censo en 2014, porque en una de cada cinco comunas (o sea, 70 de las 350), el 20% de la población no fue encuestada.
El cuestionado censo tuvo un costo de 160 mil 700 millones de pesos.
A la sede del Congreso en Santiago llegó el abogado Jorge Martínez, en representación del ex director del INE, Francisco Labbé, para entregar formalmente el documento que al menos hasta el próximo lunes tiene carácter de confidencial. Ese día va a sesionar de nuevo la comisión que busca establecer las responsabilidades políticas por el fracaso del Censo 2012, y se decidirá entonces si corresponde hacer público el escrito.
El abogado de Labbé, Jorge Martínez, adujo que optaron por “responder en papel porque las preguntas son muy técnicas”. Enfatizó, eso sí, que el ex director del INE “tiene completa disposición de comparecer cuando se lo pidan”, aunque la ley no lo obligue porque ya no es funcionario público.
“El señor Labbé ha estado cooperando no sólo ante esta comisión, sino ante el Ministerio Público en la investigación por el Caso INE. Nos pareció más recurrente hacer una respuesta por escrito, y establecer que vamos a comparecer cuando seamos requeridos. La comisión nos ha dado todas las garantías para dar un testimonio con las fundamentaciones técnicas suficientes”, dijo el abogado.
El presidente de la comisión investigadora del “Caso Censo 2012”, el DC Juan Carlos Latorre informó que de acuerdo con el Artículo 250 del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta instancia debe discernir si procede hacer o no público el documento con los descargos de Francisco Labbé, porque hay que revisar –según el parlamentario- si se afectan a terceras personas, si se podría comprometer el éxito de la comisión investigadora o si se dañan los intereses del Estado.
El diputado Latorre dijo que la comisión va a sesionar hasta fines de octubre para dar sus conclusiones sobre responsabilidades políticas: “El rol del INE en el país es tan importante, que no es un tema que inventamos para una discusión, sino que surge del propio Gobierno, de las personas a cargo de este proceso y salta públicamente. Cuánto estaba en conocimiento del Gobierno, cuántas personas pudieron denunciar esto a tiempo, es parte de nuestra investigación”.
Según algunos expertos el impacto del fracaso del Censo de 2012 es que el Estado se quedó sin datos actualizados y creíbles sobre las características de la población de Chile, lo que afecta a la política focalizada en materia de protección social (como entrega de bonos, subsidios habitacionales, becas, etc.). A esto se suma, según la ex ministra de Mideplan y actual académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Concepción, Cecilia Pérez Díaz, el hecho de que el Gobierno excluyera las mediciones a nivel comunal que hacía desde 1987 (y cada dos o tres años), la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), que es el otro instrumento estadístico potente que usa el Estado.
“Lo más grave de todo, es que el problema del Censo deja como Estado en la más absoluta oscuridad. Ya hace un año dieron la mala noticia de la Casen, sin datos de representación comunal. No tenemos Casen ni Censo, estamos en el peor de los mundos. Hay una actitud obtusa de sostener lo insostenible, que Labbé defienda que es el mejor censo realizado en Chile”, dijo.
Paralelamente, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Santiago Rebolledo, se reunió con el actual director del INE, Juan Coeymans para pedir la realización de un nuevo censo en 2014, porque en una de cada cinco comunas (o sea, 70 de las 350), el 20% de la población no fue encuestada.
El cuestionado censo tuvo un costo de 160 mil 700 millones de pesos.
A la sede del Congreso en Santiago llegó el abogado Jorge Martínez, en representación del ex director del INE, Francisco Labbé, para entregar formalmente el documento que al menos hasta el próximo lunes tiene carácter de confidencial. Ese día va a sesionar de nuevo la comisión que busca establecer las responsabilidades políticas por el fracaso del Censo 2012, y se decidirá entonces si corresponde hacer público el escrito.
El abogado de Labbé, Jorge Martínez, adujo que optaron por “responder en papel porque las preguntas son muy técnicas”. Enfatizó, eso sí, que el ex director del INE “tiene completa disposición de comparecer cuando se lo pidan”, aunque la ley no lo obligue porque ya no es funcionario público.
“El señor Labbé ha estado cooperando no sólo ante esta comisión, sino ante el Ministerio Público en la investigación por el Caso INE. Nos pareció más recurrente hacer una respuesta por escrito, y establecer que vamos a comparecer cuando seamos requeridos. La comisión nos ha dado todas las garantías para dar un testimonio con las fundamentaciones técnicas suficientes”, dijo el abogado.
El presidente de la comisión investigadora del “Caso Censo 2012”, el DC Juan Carlos Latorre informó que de acuerdo con el Artículo 250 del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta instancia debe discernir si procede hacer o no público el documento con los descargos de Francisco Labbé, porque hay que revisar –según el parlamentario- si se afectan a terceras personas, si se podría comprometer el éxito de la comisión investigadora o si se dañan los intereses del Estado.
El diputado Latorre dijo que la comisión va a sesionar hasta fines de octubre para dar sus conclusiones sobre responsabilidades políticas: “El rol del INE en el país es tan importante, que no es un tema que inventamos para una discusión, sino que surge del propio Gobierno, de las personas a cargo de este proceso y salta públicamente. Cuánto estaba en conocimiento del Gobierno, cuántas personas pudieron denunciar esto a tiempo, es parte de nuestra investigación”.
Según algunos expertos el impacto del fracaso del Censo de 2012 es que el Estado se quedó sin datos actualizados y creíbles sobre las características de la población de Chile, lo que afecta a la política focalizada en materia de protección social (como entrega de bonos, subsidios habitacionales, becas, etc.). A esto se suma, según la ex ministra de Mideplan y actual académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Concepción, Cecilia Pérez Díaz, el hecho de que el Gobierno excluyera las mediciones a nivel comunal que hacía desde 1987 (y cada dos o tres años), la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), que es el otro instrumento estadístico potente que usa el Estado.
“Lo más grave de todo, es que el problema del Censo deja como Estado en la más absoluta oscuridad. Ya hace un año dieron la mala noticia de la Casen, sin datos de representación comunal. No tenemos Casen ni Censo, estamos en el peor de los mundos. Hay una actitud obtusa de sostener lo insostenible, que Labbé defienda que es el mejor censo realizado en Chile”, dijo.
Paralelamente, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Santiago Rebolledo, se reunió con el actual director del INE, Juan Coeymans para pedir la realización de un nuevo censo en 2014, porque en una de cada cinco comunas (o sea, 70 de las 350), el 20% de la población no fue encuestada.
El cuestionado censo tuvo un costo de 160 mil 700 millones de pesos.
