La resolución se enmarca en el llamado juicio por obra nueva, donde la Corte rechazó el planteamiento de los demandantes, el reconocido dirigente, Cristián Flores, junto a Alfredo Gallardo y Marco Antonio Campos, quienes fueron representados por la abogada Sandra Dagnino, Roberto Arroyo y Ramón Oses.
Si bien Minera Los Pelambres indicó que el fallo reafirma la posición de la compañía en cuanto a que El Mauro cumple con las exigencias en materia de seguridad y los derechos de terceros, en su lectura se puede apreciar que la acción es rechazada por estar fuera de plazo, es decir, fue presentada cuando el tranque ya estaba terminado.
El abogado, Ramón Oses indicó que, bajo este concepto el tribunal evitó referirse al tema de fondo, que apunta a la protección de los derechos de las comunidades aledañas.
En este sentido, el abogado de los dirigentes de la comunidad señaló que “el factor más relevante, básicamente es que la construcción de este tranque de relave ha provocado la pérdida total de las aguas de Caimanes, y por otra parte el tranque al contener líquidos contaminantes ha filtrado las napas subterráneas las que abastecen la escasa agua que poseen los pozos de Caimanes que hoy están contaminadas. Respecto de esto, han habido informes técnicos e informes policiales que así lo han determinado”.
Ante esto, los dirigentes de la localidad de Caimanes afirmaron que los tribunales no consideraron que aquí hay un problema de interpretación sobre cuándo se comienza a contar el plazo y que la Corte Suprema tendría otra mirada, por lo que indicaron que llevarán el recurso al máximo tribunal.
Por esto, el dirigente comunero Cristián Flores precisó que “este tema lo va a tener que definir derechamente la Corte Suprema. Yo creo que la última palabra no está dicha, nosotros creemos que este fallo lo vamos a volver a dar vuelta en la Corte Suprema, y quien va a tener que pronunciarse sobre el fondo de este fallo va a ser el máximo tribunal y tenemos toda la esperanza de que este fallo lo vamos a dar vuelta, dado que y en todos los casos no es la madre de las batallas”.
Flores indicó que este no es el único recurso que tienen contra la minera. También hay un proceso por obra ruinosa. Vale señalar que esta no es la primera vez que la Corte de Apelaciones de la Serena falla a favor de la empresa del grupo Luksic. Alfonso Ossandón de la Red Ambiental Norte (RAN), indicó que en varias oportunidades se ha constatado una relación entre los empresarios y el Poder Judicial.
En esa línea, el líder ambientalista dijo que “históricamente acá, el Poder Judicial siempre se ha visto permeado por los intereses de los grandes poderes, especialmente mineros. Un caso patente es el caso de haber acusado a los abogados y a los dirigentes de la comunidad haber hecho eco de una calumnia, de una demanda que no tuvo ninguna base y que mantuvo en el vilo a toda una comunidad y que finalmente terminó en cero, que era criminalizar la protesta que tenía el pueblo de Caimanes.
El ecologista afirmó en este contexto de judicialización de los proyectos los juicios tienden a extenderse y refutarse, lo que se debe a la falta de respuesta de la Justicia. En este tiempo, mucho se ha criticado esta llamada judicialización. El ministerio de Energía anunció que presentará al Presidente Piñera un proyecto que busca detallar los mecanismos compensación para las comunidades afectadas para destrabar las inversiones en generación.
Esto también podría actuar como una “guía” para el Poder Judicial, si debiera resolver estos casos en tribunales, sentando jurisprudencia, lo que podría reducir la llegada de causas ambientales a las Cortes. Sin embargo, la medida ya ha sido fuertemente criticada, tanto por ambientalistas, como por dirigentes de comunidades en conflicto.
La resolución se enmarca en el llamado juicio por obra nueva, donde la Corte rechazó el planteamiento de los demandantes, el reconocido dirigente, Cristián Flores, junto a Alfredo Gallardo y Marco Antonio Campos, quienes fueron representados por la abogada Sandra Dagnino, Roberto Arroyo y Ramón Oses.
Si bien Minera Los Pelambres indicó que el fallo reafirma la posición de la compañía en cuanto a que El Mauro cumple con las exigencias en materia de seguridad y los derechos de terceros, en su lectura se puede apreciar que la acción es rechazada por estar fuera de plazo, es decir, fue presentada cuando el tranque ya estaba terminado.
El abogado, Ramón Oses indicó que, bajo este concepto el tribunal evitó referirse al tema de fondo, que apunta a la protección de los derechos de las comunidades aledañas.
En este sentido, el abogado de los dirigentes de la comunidad señaló que “el factor más relevante, básicamente es que la construcción de este tranque de relave ha provocado la pérdida total de las aguas de Caimanes, y por otra parte el tranque al contener líquidos contaminantes ha filtrado las napas subterráneas las que abastecen la escasa agua que poseen los pozos de Caimanes que hoy están contaminadas. Respecto de esto, han habido informes técnicos e informes policiales que así lo han determinado”.
Ante esto, los dirigentes de la localidad de Caimanes afirmaron que los tribunales no consideraron que aquí hay un problema de interpretación sobre cuándo se comienza a contar el plazo y que la Corte Suprema tendría otra mirada, por lo que indicaron que llevarán el recurso al máximo tribunal.
Por esto, el dirigente comunero Cristián Flores precisó que “este tema lo va a tener que definir derechamente la Corte Suprema. Yo creo que la última palabra no está dicha, nosotros creemos que este fallo lo vamos a volver a dar vuelta en la Corte Suprema, y quien va a tener que pronunciarse sobre el fondo de este fallo va a ser el máximo tribunal y tenemos toda la esperanza de que este fallo lo vamos a dar vuelta, dado que y en todos los casos no es la madre de las batallas”.
Flores indicó que este no es el único recurso que tienen contra la minera. También hay un proceso por obra ruinosa. Vale señalar que esta no es la primera vez que la Corte de Apelaciones de la Serena falla a favor de la empresa del grupo Luksic. Alfonso Ossandón de la Red Ambiental Norte (RAN), indicó que en varias oportunidades se ha constatado una relación entre los empresarios y el Poder Judicial.
En esa línea, el líder ambientalista dijo que “históricamente acá, el Poder Judicial siempre se ha visto permeado por los intereses de los grandes poderes, especialmente mineros. Un caso patente es el caso de haber acusado a los abogados y a los dirigentes de la comunidad haber hecho eco de una calumnia, de una demanda que no tuvo ninguna base y que mantuvo en el vilo a toda una comunidad y que finalmente terminó en cero, que era criminalizar la protesta que tenía el pueblo de Caimanes.
El ecologista afirmó en este contexto de judicialización de los proyectos los juicios tienden a extenderse y refutarse, lo que se debe a la falta de respuesta de la Justicia. En este tiempo, mucho se ha criticado esta llamada judicialización. El ministerio de Energía anunció que presentará al Presidente Piñera un proyecto que busca detallar los mecanismos compensación para las comunidades afectadas para destrabar las inversiones en generación.
Esto también podría actuar como una “guía” para el Poder Judicial, si debiera resolver estos casos en tribunales, sentando jurisprudencia, lo que podría reducir la llegada de causas ambientales a las Cortes. Sin embargo, la medida ya ha sido fuertemente criticada, tanto por ambientalistas, como por dirigentes de comunidades en conflicto.
La resolución se enmarca en el llamado juicio por obra nueva, donde la Corte rechazó el planteamiento de los demandantes, el reconocido dirigente, Cristián Flores, junto a Alfredo Gallardo y Marco Antonio Campos, quienes fueron representados por la abogada Sandra Dagnino, Roberto Arroyo y Ramón Oses.
Si bien Minera Los Pelambres indicó que el fallo reafirma la posición de la compañía en cuanto a que El Mauro cumple con las exigencias en materia de seguridad y los derechos de terceros, en su lectura se puede apreciar que la acción es rechazada por estar fuera de plazo, es decir, fue presentada cuando el tranque ya estaba terminado.
El abogado, Ramón Oses indicó que, bajo este concepto el tribunal evitó referirse al tema de fondo, que apunta a la protección de los derechos de las comunidades aledañas.
En este sentido, el abogado de los dirigentes de la comunidad señaló que “el factor más relevante, básicamente es que la construcción de este tranque de relave ha provocado la pérdida total de las aguas de Caimanes, y por otra parte el tranque al contener líquidos contaminantes ha filtrado las napas subterráneas las que abastecen la escasa agua que poseen los pozos de Caimanes que hoy están contaminadas. Respecto de esto, han habido informes técnicos e informes policiales que así lo han determinado”.
Ante esto, los dirigentes de la localidad de Caimanes afirmaron que los tribunales no consideraron que aquí hay un problema de interpretación sobre cuándo se comienza a contar el plazo y que la Corte Suprema tendría otra mirada, por lo que indicaron que llevarán el recurso al máximo tribunal.
Por esto, el dirigente comunero Cristián Flores precisó que “este tema lo va a tener que definir derechamente la Corte Suprema. Yo creo que la última palabra no está dicha, nosotros creemos que este fallo lo vamos a volver a dar vuelta en la Corte Suprema, y quien va a tener que pronunciarse sobre el fondo de este fallo va a ser el máximo tribunal y tenemos toda la esperanza de que este fallo lo vamos a dar vuelta, dado que y en todos los casos no es la madre de las batallas”.
Flores indicó que este no es el único recurso que tienen contra la minera. También hay un proceso por obra ruinosa. Vale señalar que esta no es la primera vez que la Corte de Apelaciones de la Serena falla a favor de la empresa del grupo Luksic. Alfonso Ossandón de la Red Ambiental Norte (RAN), indicó que en varias oportunidades se ha constatado una relación entre los empresarios y el Poder Judicial.
En esa línea, el líder ambientalista dijo que “históricamente acá, el Poder Judicial siempre se ha visto permeado por los intereses de los grandes poderes, especialmente mineros. Un caso patente es el caso de haber acusado a los abogados y a los dirigentes de la comunidad haber hecho eco de una calumnia, de una demanda que no tuvo ninguna base y que mantuvo en el vilo a toda una comunidad y que finalmente terminó en cero, que era criminalizar la protesta que tenía el pueblo de Caimanes.
El ecologista afirmó en este contexto de judicialización de los proyectos los juicios tienden a extenderse y refutarse, lo que se debe a la falta de respuesta de la Justicia. En este tiempo, mucho se ha criticado esta llamada judicialización. El ministerio de Energía anunció que presentará al Presidente Piñera un proyecto que busca detallar los mecanismos compensación para las comunidades afectadas para destrabar las inversiones en generación.
Esto también podría actuar como una “guía” para el Poder Judicial, si debiera resolver estos casos en tribunales, sentando jurisprudencia, lo que podría reducir la llegada de causas ambientales a las Cortes. Sin embargo, la medida ya ha sido fuertemente criticada, tanto por ambientalistas, como por dirigentes de comunidades en conflicto.
