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Año XII, 7 de agosto de 2020

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Alcaldes reclaman cambios en Ley de Puertos que los sumen a empresas portuarias

Los municipios de los puertos del país buscan que se legisle para que los alcaldes sean incorporados a los directorios de las empresas portuarias, y que se garantice por ley que una fracción de las utilidades por la instalación de mega-puertos se quede en las comunas receptoras de este tipo de proyectos. Los alcaldes de Talcahuano, San Antonio, Valparaíso y Punta Arenas encabezan hasta ahora el proceso, mediante el cual buscan crear un frente común que reúna a las 10 ciudades-puerto de Chile.

Helmuth Huerta

  Sábado 31 de agosto 2013 17:49 hrs. 





Los alcaldes de las ciudades-puerto del país están creando un frente común para sensibilizar a las autoridades del Gobierno y del Parlamento, sobre las necesidades que enfrentan estas comunas, en aras de que se reforme la actual Ley de Puertos.

El grupo está conformado de momento por los alcaldes de San Antonio, Valparaíso, Talcahuano y Punta Arenas, pero también podrían integrarse otros puertos importantes como Iquique, Tocopilla, Mejillones, Antofagasta, Coquimbo, Lirquén y Puerto Montt.

El reclamo común tiene que ver con megaproyectos portuarios que planean instalarse en varios puntos del país, con grandes impactos ambientales, sociales y económicos, pero sin garantías de incidencia política en la definición de los mismos, ni marco jurídico que asegure que las utilidades se queden en estas zonas, para invertir en vías férreas, autopistas e infraestructura.

El alcalde de la comuna de San Antonio, Omar Vera, resumió el tenor de la alianza de ciudades-puerto: “Hoy hemos iniciado esta alianza estratégica para propiciar ante el Gobierno y ante los parlamentarios la modificación de la Ley de Puertos de tal forma que incorpore a los alcaldes de las comunas puerto en los directorios de las empresas portuarias y junto a ello generar la legislación pertinente de tal forma que parte de las utilidades que generan los puertos queden en las respectivas comunas de tal manera de generar los proyectos de inversión que vayan en directo beneficio de nuestras comunidades”.

Por su parte, el alcalde de la comuna de Valparaíso, Jorge Castro, dijo que no van a conformarse con recursos temporales provenientes del Gobierno.

En este sentido, el jefe comunal de Valparaíso señaló que “le queremos decir al Gobierno algo bastante especial entre comillas y con rojo. No vamos a aceptar ningún chocolate que venga respecto a puertos de gran escala o mega puertos, si antes no modificamos, no vemos lo que vamos a incorporar en la Ley de Puertos. No más el hecho de que tengamos que estar siempre supeditados a la conversación que viene en los próximos 30 años. Hoy lo que vamos a hacer es invitar a las ciudades puerto de Chile para decirles que debemos ir a la modificación de la Ley de Puertos, tener también participación en lo que significa esa constitución de las empresas puerto locales y debemos tener también participación en lo que genera los recursos de nuestros puertos”.

Adicionalmente, el alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, dijo que las ciudades-puerto realizan grandes aportes al país, porque son el principal medio de ingreso y egreso de productos, pero hay distintas necesidades que no están siendo atendidas precisamente para sostener o aumentar estos aportes.

Por esto, el alcalde de Talcahuano indicó que “voy a hablar quizás muy desde el ángulo de Talcahuano. Necesitamos recursos para hacer el tercer dique de ASMAR, necesitamos la plata para hacer la tercera etapa del hospital Higueras, necesitamos mejorar las rutas, el transporte para la competitividad, la ruta interportuaria, Cuánto tiempo llevamos discutiendo por el nuevo puente, va a ser un puente unimodal, necesitamos un puente bimodal, se nos va a caer el puente ferroviario, necesitamos hacer un nuevo trazado de la ferro vía”.

Puesto que varios de los permisos para nuevas instalaciones portuarias dependen también de la participación de las municipalidades, los alcaldes dijeron que actuarán colectivamente para bloquear estas iniciativas, hasta que el Gobierno y el Parlamento atiendan a las necesidades de realizar cambios legales.