Por extraño que pueda parecer son las mismas organizaciones las que exigen que se detenga la votación de la iniciativa, programada para este miércoles en la Comisión de Cultura de la Cámara Baja. Si bien concuerdan de forma unánime en la necesidad de crear un Ministerio, rechazan de plano el proyecto de ley anunciado por ejecutivo e ingresado al parlamento.
¿Las razones? Según señalan en el texto se refuerza la idea de la industria cultural y el modelo de negocio, se le da un rol protagónico al privado en desmedro de la responsabilidad del Estado, no define lo que es Patrimonio, no se modifica la Ley de Monumentos Nacionales, y contempla a cinco representantes ciudadanos, pero estos deben ser ratificados por el presidente y luego por el Senado, entre otros temas.
Los dirigentes han venido criticando también que no hubo participación ciudadana en esta iniciativa, pero ahora se cansaron y exigen el retiro del documento afirmando que no se puede aprobar cuando existen todos estos reparos y, menos aún, en un contexto electoralista como este “nos parece que no es correcto, que se le de urgencia a un proyecto de ley en vísperas de las elecciones parlamentarias, a menos de dos meses. Nosotros necesitamos que se convoque a discutir esta propuesta y con los parlamentarios que serán escogidos después de noviembre”, sostuvo Rosario Carvajal, presidenta de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales.
En ese sentido, Rosa Ramírez, Directora del Gran Circo Teatro y de la Unión Comunal del Centro de Cultura indicó que, además, el proyecto no se preocupa de la realidad regional, manteniendo también la lógica de la concentración de la cultura en Santiago. En ese sentido, hizo un llamado a los parlamentarios de ambos sectores a acoger la solicitud.
“Hoy se supone que tenemos un parlamento democrático, entonces yo apelo a este parlamento a que haga bien su pega, ellos están ahí para que en su conjunto, construyan una sociedad más justa y eso no se refleja en esta ley”, agregó Rosa Ramirez.
Sobre la iniciativa se ha dicho también que perjudica a los trabajadores públicos. El mismo presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, ha expuesto que aquí se reproducen las falencias de los funcionarios, continuando con la inestabilidad laboral. Tampoco se recoge el anhelo de contar con una planta estructurada y cerrar las brechas de remuneraciones.
Pero, además, el Secretario General del gremio y funcionario de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), Bernardo Jorquera, denunció el desmantelamiento de la misma “se le pone fin a una institución que ha sido señera como es la Dibam, con este proyecto se le pone fin como institución, algo que es inconsecuente, porque Dibam es una marca, es una institución que tiene más de 84 años y que ha logrado tremendos avances”, sostuvo.
Por todas esto es que las organizaciones y los trabajadores concuerdan en que el actual proyecto no tiene sustento, ni técnico, ni laboral, ni institucional, y exigen que se parta de cero, elaborando un nuevo documento que realmente responda a las necesidades del país.
Por extraño que pueda parecer son las mismas organizaciones las que exigen que se detenga la votación de la iniciativa, programada para este miércoles en la Comisión de Cultura de la Cámara Baja. Si bien concuerdan de forma unánime en la necesidad de crear un Ministerio, rechazan de plano el proyecto de ley anunciado por ejecutivo e ingresado al parlamento.
¿Las razones? Según señalan en el texto se refuerza la idea de la industria cultural y el modelo de negocio, se le da un rol protagónico al privado en desmedro de la responsabilidad del Estado, no define lo que es Patrimonio, no se modifica la Ley de Monumentos Nacionales, y contempla a cinco representantes ciudadanos, pero estos deben ser ratificados por el presidente y luego por el Senado, entre otros temas.
Los dirigentes han venido criticando también que no hubo participación ciudadana en esta iniciativa, pero ahora se cansaron y exigen el retiro del documento afirmando que no se puede aprobar cuando existen todos estos reparos y, menos aún, en un contexto electoralista como este “nos parece que no es correcto, que se le de urgencia a un proyecto de ley en vísperas de las elecciones parlamentarias, a menos de dos meses. Nosotros necesitamos que se convoque a discutir esta propuesta y con los parlamentarios que serán escogidos después de noviembre”, sostuvo Rosario Carvajal, presidenta de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales.
En ese sentido, Rosa Ramírez, Directora del Gran Circo Teatro y de la Unión Comunal del Centro de Cultura indicó que, además, el proyecto no se preocupa de la realidad regional, manteniendo también la lógica de la concentración de la cultura en Santiago. En ese sentido, hizo un llamado a los parlamentarios de ambos sectores a acoger la solicitud.
“Hoy se supone que tenemos un parlamento democrático, entonces yo apelo a este parlamento a que haga bien su pega, ellos están ahí para que en su conjunto, construyan una sociedad más justa y eso no se refleja en esta ley”, agregó Rosa Ramirez.
Sobre la iniciativa se ha dicho también que perjudica a los trabajadores públicos. El mismo presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, ha expuesto que aquí se reproducen las falencias de los funcionarios, continuando con la inestabilidad laboral. Tampoco se recoge el anhelo de contar con una planta estructurada y cerrar las brechas de remuneraciones.
Pero, además, el Secretario General del gremio y funcionario de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), Bernardo Jorquera, denunció el desmantelamiento de la misma “se le pone fin a una institución que ha sido señera como es la Dibam, con este proyecto se le pone fin como institución, algo que es inconsecuente, porque Dibam es una marca, es una institución que tiene más de 84 años y que ha logrado tremendos avances”, sostuvo.
Por todas esto es que las organizaciones y los trabajadores concuerdan en que el actual proyecto no tiene sustento, ni técnico, ni laboral, ni institucional, y exigen que se parta de cero, elaborando un nuevo documento que realmente responda a las necesidades del país.
Por extraño que pueda parecer son las mismas organizaciones las que exigen que se detenga la votación de la iniciativa, programada para este miércoles en la Comisión de Cultura de la Cámara Baja. Si bien concuerdan de forma unánime en la necesidad de crear un Ministerio, rechazan de plano el proyecto de ley anunciado por ejecutivo e ingresado al parlamento.
¿Las razones? Según señalan en el texto se refuerza la idea de la industria cultural y el modelo de negocio, se le da un rol protagónico al privado en desmedro de la responsabilidad del Estado, no define lo que es Patrimonio, no se modifica la Ley de Monumentos Nacionales, y contempla a cinco representantes ciudadanos, pero estos deben ser ratificados por el presidente y luego por el Senado, entre otros temas.
Los dirigentes han venido criticando también que no hubo participación ciudadana en esta iniciativa, pero ahora se cansaron y exigen el retiro del documento afirmando que no se puede aprobar cuando existen todos estos reparos y, menos aún, en un contexto electoralista como este “nos parece que no es correcto, que se le de urgencia a un proyecto de ley en vísperas de las elecciones parlamentarias, a menos de dos meses. Nosotros necesitamos que se convoque a discutir esta propuesta y con los parlamentarios que serán escogidos después de noviembre”, sostuvo Rosario Carvajal, presidenta de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales.
En ese sentido, Rosa Ramírez, Directora del Gran Circo Teatro y de la Unión Comunal del Centro de Cultura indicó que, además, el proyecto no se preocupa de la realidad regional, manteniendo también la lógica de la concentración de la cultura en Santiago. En ese sentido, hizo un llamado a los parlamentarios de ambos sectores a acoger la solicitud.
“Hoy se supone que tenemos un parlamento democrático, entonces yo apelo a este parlamento a que haga bien su pega, ellos están ahí para que en su conjunto, construyan una sociedad más justa y eso no se refleja en esta ley”, agregó Rosa Ramirez.
Sobre la iniciativa se ha dicho también que perjudica a los trabajadores públicos. El mismo presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, ha expuesto que aquí se reproducen las falencias de los funcionarios, continuando con la inestabilidad laboral. Tampoco se recoge el anhelo de contar con una planta estructurada y cerrar las brechas de remuneraciones.
Pero, además, el Secretario General del gremio y funcionario de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), Bernardo Jorquera, denunció el desmantelamiento de la misma “se le pone fin a una institución que ha sido señera como es la Dibam, con este proyecto se le pone fin como institución, algo que es inconsecuente, porque Dibam es una marca, es una institución que tiene más de 84 años y que ha logrado tremendos avances”, sostuvo.
Por todas esto es que las organizaciones y los trabajadores concuerdan en que el actual proyecto no tiene sustento, ni técnico, ni laboral, ni institucional, y exigen que se parta de cero, elaborando un nuevo documento que realmente responda a las necesidades del país.
