Se esperaba que la labor de Juan Eduardo Coeymans permitiera esclarecer la situación al interior del INE luego del escándalo por presunta adulteración de los resultados del Censo 2012. No obstante, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el tema, acusó importantes cambios en sus declaraciones, criticando la defensa de Coeymans de su gestión al mando del instituto.
La comisión investigadora criticó el plan de reparación esbozado por Coeymans, sobre que el Censo pudiera ser parchado, lo que a juicio de los diputados es una influencia para los expertos internacionales, en contraste al dictamen de la comisión externa que anuló el resultado. También se cuestiona que se anunciara al Banco Mundial y Unión Europea como garantes de la investigación, organismos que sólo sugirieron a los especialistas contratados.
Los diputados señalan que Coeymans buscaría, en defensa del Gobierno, que el Censo no se repita. Por su parte, el actual director del INE manifestó que siempre su postura ha sido esperar el veredicto de la consultoría internacional, independiente del lapidario informe de expertos locales.
Coeymans declaró que “si ellos (los expertos foráneos) ratifican que hay que botar el Censo, eso es lo que hay que informar y eso es lo que haré. Si ellos dicen que hay una alternativa de reparación, igual o distinta a lo que hemos pensado, seguiremos su opinión, ellos son los expertos. Esto no significa ningunear a la comisión externa, su informe fue puesto en mano de expertos internacionales, y se están entrevistando para sacar la mejor opinión. Entonces hay gente que ve cosas raras donde no hay ninguna cosa rara”.
Luego de una acalorada sesión en la sede del Congreso en Santiago, el presidente de la comisión, Juan Carlos Latorre, sugirió a Coeymans que se asesore con un abogado y que revise las actas oficiales, ya que a su juicio, esta postura perjudica al Gobierno en las investigaciones por responsabilidades administrativas y políticas.
El diputado indicó que “si analizamos nuestro trabajo de investigación, las declaraciones recibidas, la verdad es que se prestan para una confusión lamentable. No es nuestra tarea resolver la confusión, él está generando una situación que afecta al Gobierno, incluso a la gestión del actual ministro, no solamente la conclusión respecto de la gestión del ministro anterior”.
Durante la sesión, el diputado Ramón Farías emplazó a Coeymans, con documentos en mano, por la contratación de funcionarios involucrados en las irregularidades que se investigan por el censo. El comité investiga una eventual triangulación de contratos durante la administración de Francisco Labbé.
El diputado señala que es aún más grave que el actual director del INE desconozca su propia firma en los millonarios documentos: “Le pregunté a Coeymans si conocía a los hermanos Raide, a las personas en entredicho, y él dijo que no conoce a nadie. Y luego aparece el contrato a Juan Pablo Raide, y aparece él firmando, respaldando el contrato. Lo grave es que un jefe de servicio no puede estar firmando un contrato de diez millones de pesos, y luego decir que no se dio cuenta, que no tenía idea, eso es gravísimo”.
Cabe destacar que Farías, Latorre y Alberto Arenas fueron los únicos asistentes a la comisión, y este último se retiró antes del término. Tampoco asistió el ministro de Economía, Félix de Vicente, quien acudirá a la próxima sesión de este miércoles, donde será consultado si las determinaciones y testimonios de Coeymans representan al Gobierno en este caso.
Se esperaba que la labor de Juan Eduardo Coeymans permitiera esclarecer la situación al interior del INE luego del escándalo por presunta adulteración de los resultados del Censo 2012. No obstante, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el tema, acusó importantes cambios en sus declaraciones, criticando la defensa de Coeymans de su gestión al mando del instituto.
La comisión investigadora criticó el plan de reparación esbozado por Coeymans, sobre que el Censo pudiera ser parchado, lo que a juicio de los diputados es una influencia para los expertos internacionales, en contraste al dictamen de la comisión externa que anuló el resultado. También se cuestiona que se anunciara al Banco Mundial y Unión Europea como garantes de la investigación, organismos que sólo sugirieron a los especialistas contratados.
Los diputados señalan que Coeymans buscaría, en defensa del Gobierno, que el Censo no se repita. Por su parte, el actual director del INE manifestó que siempre su postura ha sido esperar el veredicto de la consultoría internacional, independiente del lapidario informe de expertos locales.
Coeymans declaró que “si ellos (los expertos foráneos) ratifican que hay que botar el Censo, eso es lo que hay que informar y eso es lo que haré. Si ellos dicen que hay una alternativa de reparación, igual o distinta a lo que hemos pensado, seguiremos su opinión, ellos son los expertos. Esto no significa ningunear a la comisión externa, su informe fue puesto en mano de expertos internacionales, y se están entrevistando para sacar la mejor opinión. Entonces hay gente que ve cosas raras donde no hay ninguna cosa rara”.
Luego de una acalorada sesión en la sede del Congreso en Santiago, el presidente de la comisión, Juan Carlos Latorre, sugirió a Coeymans que se asesore con un abogado y que revise las actas oficiales, ya que a su juicio, esta postura perjudica al Gobierno en las investigaciones por responsabilidades administrativas y políticas.
El diputado indicó que “si analizamos nuestro trabajo de investigación, las declaraciones recibidas, la verdad es que se prestan para una confusión lamentable. No es nuestra tarea resolver la confusión, él está generando una situación que afecta al Gobierno, incluso a la gestión del actual ministro, no solamente la conclusión respecto de la gestión del ministro anterior”.
Durante la sesión, el diputado Ramón Farías emplazó a Coeymans, con documentos en mano, por la contratación de funcionarios involucrados en las irregularidades que se investigan por el censo. El comité investiga una eventual triangulación de contratos durante la administración de Francisco Labbé.
El diputado señala que es aún más grave que el actual director del INE desconozca su propia firma en los millonarios documentos: “Le pregunté a Coeymans si conocía a los hermanos Raide, a las personas en entredicho, y él dijo que no conoce a nadie. Y luego aparece el contrato a Juan Pablo Raide, y aparece él firmando, respaldando el contrato. Lo grave es que un jefe de servicio no puede estar firmando un contrato de diez millones de pesos, y luego decir que no se dio cuenta, que no tenía idea, eso es gravísimo”.
Cabe destacar que Farías, Latorre y Alberto Arenas fueron los únicos asistentes a la comisión, y este último se retiró antes del término. Tampoco asistió el ministro de Economía, Félix de Vicente, quien acudirá a la próxima sesión de este miércoles, donde será consultado si las determinaciones y testimonios de Coeymans representan al Gobierno en este caso.
Se esperaba que la labor de Juan Eduardo Coeymans permitiera esclarecer la situación al interior del INE luego del escándalo por presunta adulteración de los resultados del Censo 2012. No obstante, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el tema, acusó importantes cambios en sus declaraciones, criticando la defensa de Coeymans de su gestión al mando del instituto.
La comisión investigadora criticó el plan de reparación esbozado por Coeymans, sobre que el Censo pudiera ser parchado, lo que a juicio de los diputados es una influencia para los expertos internacionales, en contraste al dictamen de la comisión externa que anuló el resultado. También se cuestiona que se anunciara al Banco Mundial y Unión Europea como garantes de la investigación, organismos que sólo sugirieron a los especialistas contratados.
Los diputados señalan que Coeymans buscaría, en defensa del Gobierno, que el Censo no se repita. Por su parte, el actual director del INE manifestó que siempre su postura ha sido esperar el veredicto de la consultoría internacional, independiente del lapidario informe de expertos locales.
Coeymans declaró que “si ellos (los expertos foráneos) ratifican que hay que botar el Censo, eso es lo que hay que informar y eso es lo que haré. Si ellos dicen que hay una alternativa de reparación, igual o distinta a lo que hemos pensado, seguiremos su opinión, ellos son los expertos. Esto no significa ningunear a la comisión externa, su informe fue puesto en mano de expertos internacionales, y se están entrevistando para sacar la mejor opinión. Entonces hay gente que ve cosas raras donde no hay ninguna cosa rara”.
Luego de una acalorada sesión en la sede del Congreso en Santiago, el presidente de la comisión, Juan Carlos Latorre, sugirió a Coeymans que se asesore con un abogado y que revise las actas oficiales, ya que a su juicio, esta postura perjudica al Gobierno en las investigaciones por responsabilidades administrativas y políticas.
El diputado indicó que “si analizamos nuestro trabajo de investigación, las declaraciones recibidas, la verdad es que se prestan para una confusión lamentable. No es nuestra tarea resolver la confusión, él está generando una situación que afecta al Gobierno, incluso a la gestión del actual ministro, no solamente la conclusión respecto de la gestión del ministro anterior”.
Durante la sesión, el diputado Ramón Farías emplazó a Coeymans, con documentos en mano, por la contratación de funcionarios involucrados en las irregularidades que se investigan por el censo. El comité investiga una eventual triangulación de contratos durante la administración de Francisco Labbé.
El diputado señala que es aún más grave que el actual director del INE desconozca su propia firma en los millonarios documentos: “Le pregunté a Coeymans si conocía a los hermanos Raide, a las personas en entredicho, y él dijo que no conoce a nadie. Y luego aparece el contrato a Juan Pablo Raide, y aparece él firmando, respaldando el contrato. Lo grave es que un jefe de servicio no puede estar firmando un contrato de diez millones de pesos, y luego decir que no se dio cuenta, que no tenía idea, eso es gravísimo”.
Cabe destacar que Farías, Latorre y Alberto Arenas fueron los únicos asistentes a la comisión, y este último se retiró antes del término. Tampoco asistió el ministro de Economía, Félix de Vicente, quien acudirá a la próxima sesión de este miércoles, donde será consultado si las determinaciones y testimonios de Coeymans representan al Gobierno en este caso.
