“Un surtido de medidas e instancias aisladas, muchas veces temporales, susceptibles de reveses y estancamientos. Aún se espera la materialización de una clara voluntad política”. Así el Centro de DDHH de la Universidad Diego Portales (UDP) emplaza al Estado en cuanto a su responsabilidad con la reparación de la tortura, ejecuciones y desapariciones y otras violaciones que el aparato público cometió en Dictadura.
Al tratarse de la conmemoración de los 40 años del quiebre institucional, el plantel privado adelantó el capítulo sobre este tema para hacer ver los temas pendientes en materia de violaciones a los derechos fundamentales.
El informe lamenta que aún es difícil decir con certeza cuántas personas fueron víctimas del terrorismo de Estado. Según Cath Collins, directora del Observatorio de DDHH de la UDP, esto demuestra la falta de una preocupación permanente.
En este sentido, la especialista en temas de derechos humanos indicó “dónde está la preocupación si ni siquiera sabemos de cuántas personas estamos hablando y nosotros estamos abocados a un trabajo con el Museo de la Memoria, con la Fundación Sol, otra vez con la sociedad civil, tratando de descifrar sin son nueve, diez o si son once las personas alguna vez consignadas en el Informe Retig que hoy no deberían considerarse como detenidos desaparecidos. Dónde está la preocupación del Estado por calificar, de informar, de saber realmente. Nos perece inconcebible que a esta fecha todavía no haya una preocupación permanente”.
La investigadora además expuso la lamentable situación de los procesos judiciales, sobre todo en lo relacionado con tortura, ya que de las causas activas, 33 son por esta materia y 1328 por desapariciones o ejecuciones.
Otro énfasis se planteó en las funciones de detectives especializados de la Brigada de DDHH de la PDI, quienes fueron reubicados y quitados de sus funciones, así como también jueces y ministros en visita que no cuentan con recursos y potestades suficientes para el desarrollo de sus funciones.
Tomás Vial, editor general del Informe 2013, señaló que dentro de las recomendaciones finales del documento, destaca la solicitud de derogar el Decreto Ley de Amnistía y “sus efectos promotores de la impunidad”.
Por esto, Tomás Vial explicó la importancia de que “primero la anulación o interpretación para dejar sin efecto la Ley de Amnistía, eso nos parece algo que es exigido hace mucho por el derecho internacional y dignificaría al país. Luego, la creación de la institucionalidad permanente que trate todos los casos de tortura, todos los casos de problemas de los familiares de las víctimas, el entregar los recursos efectivos para completar la verdad y la justicia. Me parece que son tres aspectos claves para avanzar en justicia definitivamente y en reparación a las víctimas”.
Además de lo señalado por el académico, las conclusiones del texto llaman a la conmemoración de este cuadragésimo aniversario en el marco de un transversal repudio al ejercicio del autoritarismo político, el terror de Estado y a sus realizadores.
Junto al fortalecimiento necesario de la institucionalidad, de la Justicia y de la Brigada policial a cargo de estas investigaciones, se recomienda legislar para terminar con la impunidad y mantener un trabajo permanente en el monitoreo de las causas pendientes, donde claramente se encuentran los temas pendientes.
“Un surtido de medidas e instancias aisladas, muchas veces temporales, susceptibles de reveses y estancamientos. Aún se espera la materialización de una clara voluntad política”. Así el Centro de DDHH de la Universidad Diego Portales (UDP) emplaza al Estado en cuanto a su responsabilidad con la reparación de la tortura, ejecuciones y desapariciones y otras violaciones que el aparato público cometió en Dictadura.
Al tratarse de la conmemoración de los 40 años del quiebre institucional, el plantel privado adelantó el capítulo sobre este tema para hacer ver los temas pendientes en materia de violaciones a los derechos fundamentales.
El informe lamenta que aún es difícil decir con certeza cuántas personas fueron víctimas del terrorismo de Estado. Según Cath Collins, directora del Observatorio de DDHH de la UDP, esto demuestra la falta de una preocupación permanente.
En este sentido, la especialista en temas de derechos humanos indicó “dónde está la preocupación si ni siquiera sabemos de cuántas personas estamos hablando y nosotros estamos abocados a un trabajo con el Museo de la Memoria, con la Fundación Sol, otra vez con la sociedad civil, tratando de descifrar sin son nueve, diez o si son once las personas alguna vez consignadas en el Informe Retig que hoy no deberían considerarse como detenidos desaparecidos. Dónde está la preocupación del Estado por calificar, de informar, de saber realmente. Nos perece inconcebible que a esta fecha todavía no haya una preocupación permanente”.
La investigadora además expuso la lamentable situación de los procesos judiciales, sobre todo en lo relacionado con tortura, ya que de las causas activas, 33 son por esta materia y 1328 por desapariciones o ejecuciones.
Otro énfasis se planteó en las funciones de detectives especializados de la Brigada de DDHH de la PDI, quienes fueron reubicados y quitados de sus funciones, así como también jueces y ministros en visita que no cuentan con recursos y potestades suficientes para el desarrollo de sus funciones.
Tomás Vial, editor general del Informe 2013, señaló que dentro de las recomendaciones finales del documento, destaca la solicitud de derogar el Decreto Ley de Amnistía y “sus efectos promotores de la impunidad”.
Por esto, Tomás Vial explicó la importancia de que “primero la anulación o interpretación para dejar sin efecto la Ley de Amnistía, eso nos parece algo que es exigido hace mucho por el derecho internacional y dignificaría al país. Luego, la creación de la institucionalidad permanente que trate todos los casos de tortura, todos los casos de problemas de los familiares de las víctimas, el entregar los recursos efectivos para completar la verdad y la justicia. Me parece que son tres aspectos claves para avanzar en justicia definitivamente y en reparación a las víctimas”.
Además de lo señalado por el académico, las conclusiones del texto llaman a la conmemoración de este cuadragésimo aniversario en el marco de un transversal repudio al ejercicio del autoritarismo político, el terror de Estado y a sus realizadores.
Junto al fortalecimiento necesario de la institucionalidad, de la Justicia y de la Brigada policial a cargo de estas investigaciones, se recomienda legislar para terminar con la impunidad y mantener un trabajo permanente en el monitoreo de las causas pendientes, donde claramente se encuentran los temas pendientes.
“Un surtido de medidas e instancias aisladas, muchas veces temporales, susceptibles de reveses y estancamientos. Aún se espera la materialización de una clara voluntad política”. Así el Centro de DDHH de la Universidad Diego Portales (UDP) emplaza al Estado en cuanto a su responsabilidad con la reparación de la tortura, ejecuciones y desapariciones y otras violaciones que el aparato público cometió en Dictadura.
Al tratarse de la conmemoración de los 40 años del quiebre institucional, el plantel privado adelantó el capítulo sobre este tema para hacer ver los temas pendientes en materia de violaciones a los derechos fundamentales.
El informe lamenta que aún es difícil decir con certeza cuántas personas fueron víctimas del terrorismo de Estado. Según Cath Collins, directora del Observatorio de DDHH de la UDP, esto demuestra la falta de una preocupación permanente.
En este sentido, la especialista en temas de derechos humanos indicó “dónde está la preocupación si ni siquiera sabemos de cuántas personas estamos hablando y nosotros estamos abocados a un trabajo con el Museo de la Memoria, con la Fundación Sol, otra vez con la sociedad civil, tratando de descifrar sin son nueve, diez o si son once las personas alguna vez consignadas en el Informe Retig que hoy no deberían considerarse como detenidos desaparecidos. Dónde está la preocupación del Estado por calificar, de informar, de saber realmente. Nos perece inconcebible que a esta fecha todavía no haya una preocupación permanente”.
La investigadora además expuso la lamentable situación de los procesos judiciales, sobre todo en lo relacionado con tortura, ya que de las causas activas, 33 son por esta materia y 1328 por desapariciones o ejecuciones.
Otro énfasis se planteó en las funciones de detectives especializados de la Brigada de DDHH de la PDI, quienes fueron reubicados y quitados de sus funciones, así como también jueces y ministros en visita que no cuentan con recursos y potestades suficientes para el desarrollo de sus funciones.
Tomás Vial, editor general del Informe 2013, señaló que dentro de las recomendaciones finales del documento, destaca la solicitud de derogar el Decreto Ley de Amnistía y “sus efectos promotores de la impunidad”.
Por esto, Tomás Vial explicó la importancia de que “primero la anulación o interpretación para dejar sin efecto la Ley de Amnistía, eso nos parece algo que es exigido hace mucho por el derecho internacional y dignificaría al país. Luego, la creación de la institucionalidad permanente que trate todos los casos de tortura, todos los casos de problemas de los familiares de las víctimas, el entregar los recursos efectivos para completar la verdad y la justicia. Me parece que son tres aspectos claves para avanzar en justicia definitivamente y en reparación a las víctimas”.
Además de lo señalado por el académico, las conclusiones del texto llaman a la conmemoración de este cuadragésimo aniversario en el marco de un transversal repudio al ejercicio del autoritarismo político, el terror de Estado y a sus realizadores.
Junto al fortalecimiento necesario de la institucionalidad, de la Justicia y de la Brigada policial a cargo de estas investigaciones, se recomienda legislar para terminar con la impunidad y mantener un trabajo permanente en el monitoreo de las causas pendientes, donde claramente se encuentran los temas pendientes.
