Invocando el llamado del Presidente Piñera sobre la necesidad de avanzar en verdad y justicia, los diputados Marcelo Díaz y Tucapel Jiménez (PS), Gabriel Asencio (DC), y Hugo Gutiérrez (PC) pidieron al Gobierno que se envíe un proyecto legal que anule el Decreto Ley de Amnistía, con el cual la dictadura de Pinochet decidió la prescripción de los crímenes cometidos durante el régimen militar.
El diputado Marcelo Díaz dijo que este es un obstáculo, no solo para encarcelar criminales, sino para investigar violaciones de Derechos Humanos.
“Me parece que ese es uno de los obstáculos que ha habido para alcanzar una de las cosas que hoy día queda de manifiesto, que es la necesidad de que haya verdad pero también plena justicia. Y el Presidente hoy día ha hablado de verdad y justicia y ha hablado de la necesidad de alcanzar esos objetivos. Desde esa perspectiva nos parece que un acto coherente sería que el Presidente use sus facultades constitucionales para poner urgencia y apurar la aprobación de alguno de estos proyectos que tiene este propósito y por esa vía acabar con uno de los obstáculos que ha impedido que haya plena justicia en materia de violaciones a los derechos humanos”, expresó.
Por su parte, el diputado comunista y abogado de Derechos Humanos, Hugo Gutiérrez, ha señalado que a pesar de que en términos generales la Corte Suprema no está aplicando este Decreto Ley, es indispensable que se derogue este “autoperdón”.
“El llamado decreto de ley de amnistía que fue el autoperdón que ofreció Pinochet que, por supuesto, la Corte Suprema ha tenido la grandeza de no aplicar, pero que sin duda sigue siendo una espada de Damocles sobre la justicia. Por eso hemos señalado y le hemos pedido al Presidente de la República que presente un proyecto derogando y dejando sin efecto este decreto ley o que le de urgencia a proyectos que ya existen y que dejan sin efecto este decreto ley. Sería un gesto que sin duda permitiría el avance concreto de la justicia en Chile”, aseguró.
Finalmente, el académico y abogado de Derechos Humanos, Eduardo Contreras, lamenta que la Corte Suprema, bajo la doctrina del ministro Hugo Dolmestch, esté aplicando lo que se conoce como “media prescripción”, mediante la cual se conmuta la mitad de la pena a un criminal de Derechos Humanos. A pesar de ello, Eduardo Contreras destaca el trabajo realizado por los tribunales chilenos, porque comparativamente con otras cortes supremas de América Latina, ha condenado proporcionalmente a más homicidas.
“Chile es uno de los países más avanzados en cuanto a número de procesos y en cuanto a número de procesados. ¿En qué nos aventajan otros países, Argentina por ejemplo, que tuvo más víctimas que nosotros, menos número de procesos? Que ellos lograron meter en la cárcel a los dictadores. ¿En qué estamos mejor?, no hay ningún otro país que tenga abiertos 1.500 procesos. Debe haber por lo menos unos 600 procesados, lo cual significa que en el futuro podría haber unos 600 condenados, si es que los jueces aplican penas. En el número de condenados de las cúpulas máximas de la policía secreta, casi 70 personas están en el penal Cordillera y Punta Peuco. Es cierto, en cárceles de lujo pero, como dice la ranchera mexicana, la cárcel aunque sea de oro no deja de ser prisión”, expresó.
El llamado realizado por los diputados desde la sede del Congreso en Valparaíso va dirigido a que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia patrocine uno de los proyectos ya existentes en el Parlamento, o que en su defecto se presente uno nuevo para realizar el mismo fin.
Invocando el llamado del Presidente Piñera sobre la necesidad de avanzar en verdad y justicia, los diputados Marcelo Díaz y Tucapel Jiménez (PS), Gabriel Asencio (DC), y Hugo Gutiérrez (PC) pidieron al Gobierno que se envíe un proyecto legal que anule el Decreto Ley de Amnistía, con el cual la dictadura de Pinochet decidió la prescripción de los crímenes cometidos durante el régimen militar.
El diputado Marcelo Díaz dijo que este es un obstáculo, no solo para encarcelar criminales, sino para investigar violaciones de Derechos Humanos.
“Me parece que ese es uno de los obstáculos que ha habido para alcanzar una de las cosas que hoy día queda de manifiesto, que es la necesidad de que haya verdad pero también plena justicia. Y el Presidente hoy día ha hablado de verdad y justicia y ha hablado de la necesidad de alcanzar esos objetivos. Desde esa perspectiva nos parece que un acto coherente sería que el Presidente use sus facultades constitucionales para poner urgencia y apurar la aprobación de alguno de estos proyectos que tiene este propósito y por esa vía acabar con uno de los obstáculos que ha impedido que haya plena justicia en materia de violaciones a los derechos humanos”, expresó.
Por su parte, el diputado comunista y abogado de Derechos Humanos, Hugo Gutiérrez, ha señalado que a pesar de que en términos generales la Corte Suprema no está aplicando este Decreto Ley, es indispensable que se derogue este “autoperdón”.
“El llamado decreto de ley de amnistía que fue el autoperdón que ofreció Pinochet que, por supuesto, la Corte Suprema ha tenido la grandeza de no aplicar, pero que sin duda sigue siendo una espada de Damocles sobre la justicia. Por eso hemos señalado y le hemos pedido al Presidente de la República que presente un proyecto derogando y dejando sin efecto este decreto ley o que le de urgencia a proyectos que ya existen y que dejan sin efecto este decreto ley. Sería un gesto que sin duda permitiría el avance concreto de la justicia en Chile”, aseguró.
Finalmente, el académico y abogado de Derechos Humanos, Eduardo Contreras, lamenta que la Corte Suprema, bajo la doctrina del ministro Hugo Dolmestch, esté aplicando lo que se conoce como “media prescripción”, mediante la cual se conmuta la mitad de la pena a un criminal de Derechos Humanos. A pesar de ello, Eduardo Contreras destaca el trabajo realizado por los tribunales chilenos, porque comparativamente con otras cortes supremas de América Latina, ha condenado proporcionalmente a más homicidas.
“Chile es uno de los países más avanzados en cuanto a número de procesos y en cuanto a número de procesados. ¿En qué nos aventajan otros países, Argentina por ejemplo, que tuvo más víctimas que nosotros, menos número de procesos? Que ellos lograron meter en la cárcel a los dictadores. ¿En qué estamos mejor?, no hay ningún otro país que tenga abiertos 1.500 procesos. Debe haber por lo menos unos 600 procesados, lo cual significa que en el futuro podría haber unos 600 condenados, si es que los jueces aplican penas. En el número de condenados de las cúpulas máximas de la policía secreta, casi 70 personas están en el penal Cordillera y Punta Peuco. Es cierto, en cárceles de lujo pero, como dice la ranchera mexicana, la cárcel aunque sea de oro no deja de ser prisión”, expresó.
El llamado realizado por los diputados desde la sede del Congreso en Valparaíso va dirigido a que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia patrocine uno de los proyectos ya existentes en el Parlamento, o que en su defecto se presente uno nuevo para realizar el mismo fin.
Invocando el llamado del Presidente Piñera sobre la necesidad de avanzar en verdad y justicia, los diputados Marcelo Díaz y Tucapel Jiménez (PS), Gabriel Asencio (DC), y Hugo Gutiérrez (PC) pidieron al Gobierno que se envíe un proyecto legal que anule el Decreto Ley de Amnistía, con el cual la dictadura de Pinochet decidió la prescripción de los crímenes cometidos durante el régimen militar.
El diputado Marcelo Díaz dijo que este es un obstáculo, no solo para encarcelar criminales, sino para investigar violaciones de Derechos Humanos.
“Me parece que ese es uno de los obstáculos que ha habido para alcanzar una de las cosas que hoy día queda de manifiesto, que es la necesidad de que haya verdad pero también plena justicia. Y el Presidente hoy día ha hablado de verdad y justicia y ha hablado de la necesidad de alcanzar esos objetivos. Desde esa perspectiva nos parece que un acto coherente sería que el Presidente use sus facultades constitucionales para poner urgencia y apurar la aprobación de alguno de estos proyectos que tiene este propósito y por esa vía acabar con uno de los obstáculos que ha impedido que haya plena justicia en materia de violaciones a los derechos humanos”, expresó.
Por su parte, el diputado comunista y abogado de Derechos Humanos, Hugo Gutiérrez, ha señalado que a pesar de que en términos generales la Corte Suprema no está aplicando este Decreto Ley, es indispensable que se derogue este “autoperdón”.
“El llamado decreto de ley de amnistía que fue el autoperdón que ofreció Pinochet que, por supuesto, la Corte Suprema ha tenido la grandeza de no aplicar, pero que sin duda sigue siendo una espada de Damocles sobre la justicia. Por eso hemos señalado y le hemos pedido al Presidente de la República que presente un proyecto derogando y dejando sin efecto este decreto ley o que le de urgencia a proyectos que ya existen y que dejan sin efecto este decreto ley. Sería un gesto que sin duda permitiría el avance concreto de la justicia en Chile”, aseguró.
Finalmente, el académico y abogado de Derechos Humanos, Eduardo Contreras, lamenta que la Corte Suprema, bajo la doctrina del ministro Hugo Dolmestch, esté aplicando lo que se conoce como “media prescripción”, mediante la cual se conmuta la mitad de la pena a un criminal de Derechos Humanos. A pesar de ello, Eduardo Contreras destaca el trabajo realizado por los tribunales chilenos, porque comparativamente con otras cortes supremas de América Latina, ha condenado proporcionalmente a más homicidas.
“Chile es uno de los países más avanzados en cuanto a número de procesos y en cuanto a número de procesados. ¿En qué nos aventajan otros países, Argentina por ejemplo, que tuvo más víctimas que nosotros, menos número de procesos? Que ellos lograron meter en la cárcel a los dictadores. ¿En qué estamos mejor?, no hay ningún otro país que tenga abiertos 1.500 procesos. Debe haber por lo menos unos 600 procesados, lo cual significa que en el futuro podría haber unos 600 condenados, si es que los jueces aplican penas. En el número de condenados de las cúpulas máximas de la policía secreta, casi 70 personas están en el penal Cordillera y Punta Peuco. Es cierto, en cárceles de lujo pero, como dice la ranchera mexicana, la cárcel aunque sea de oro no deja de ser prisión”, expresó.
El llamado realizado por los diputados desde la sede del Congreso en Valparaíso va dirigido a que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia patrocine uno de los proyectos ya existentes en el Parlamento, o que en su defecto se presente uno nuevo para realizar el mismo fin.
