Chile está presidiendo la ronda de negociación de 15 países de América Latina, mediante las cuales se busca generar una Convención internacional de Medioambiente, referida al derecho de acceso a información, participación ciudadana, y acceso a justicia. La primera reunión internacional de los equipos técnico-políticos (llamados “puntos focales”) fue en noviembre de 2012 en Santiago, la segunda en abril de este año en México, y la tercera será el próximo 30 de octubre en Perú. Para ésta, Chile debe presentar su propuesta de lineamientos y el estado de avance de su “hoja de ruta”, razón por la cual la Cancillería y el Ministerio de Medioambiente llamaron a un proceso de consulta ciudadana.
El problema es que dicha consulta fue anunciada por la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores apenas 48 horas antes de que se cierre el proceso este 25 de septiembre, a través de correo electrónico, y sin difusión en los medios de comunicación, lo que motivó la reacción de diversas organizaciones ambientales y ciudadanas.
Desde la organización Observatorio Ciudadano, especializada en política indígena y seguimiento de la situación de los pueblos originarios de Chile, comentaron, a través de la vocera Paulina Acevedo, que esta es una situación delicada y preocupante, pues se trata precisamente de la creación de un instrumento jurídico internacional que busca consolidar la participación ciudadana.
“Es en extremo preocupante no solamente el plazo sino que la forma en la que esto se comunica, puesto que no es una consulta ciudadana cualquiera sino la que se enmarca en un proceso donde distintas organizaciones, empresas e incluso organismos internacionales vienen participando para definir un plan de acción de Chile en torno al principio 10, que refiere precisamente a la transparencia y participación ciudadana. Por una parte es preocupante el plazo pero por otra también lo es el que no se respete un trabajo sostenido con el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente en una situación de tanta trascendencia para el país”, expresó.
En efecto, los países negociantes han acordado que el proceso debe incluir la mayor participación posible de la sociedad civil, lo que se lleva a cabo a través de la red de organizaciones agrupadas en la “Iniciativa Acceso”. Cada país es representado por una ONG, responsabilidad que en el caso de Chile recae en la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), reconocida por sus triunfos en casos emblemáticos como el Tranque de Relaves El Mauro de Minera Los Pelambres (grupo Luksic) o las personas contaminadas con metales pesados en Arica. El director de la entidad, Ezio Costa, expresó la expectativa de que el Gobierno siga atendiendo a la necesaria participación.
“Nuestra voluntad en este proceso es que sea lo más inclusivo posible y, en ese sentido, espero que aunque no sea tanto el tiempo que se haya dado para esa participación puedan, los que quieran y los que puedan, participar efectivamente del proceso”, manifestó.
La incertidumbre expresada por las organizaciones, se suma a la opinión de múltiples académicos, investigadores y gestores ambientales, quienes han expresado sorpresa por la escasa difusión que ha dado el Gobierno al proceso de construcción de los contenidos propuestos por Chile, los que de momento sólo se refieren a la “importancia de la Responsabilidad Social Empresarial” -un concepto extraño que según algunos expertos busca fomentar pautas voluntarias de cuidado ambiental en desmedro de normativas obligatorias, y la “importancia de que las empresas generen informes de sustentabilidad”, lo que es visto por los críticos como libros publicitarios donde las empresas muestran regalos a la comunidad mientras se oculta el impacto de pasivos ambientales.
Aunque se prevé que adhieran más países, hasta este momento los 15 negociantes son los gobiernos de: Brasil, México, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Chile. En consecuencia, la nueva Convención regirá a más de 500 millones de habitantes.
Click aquí para acceder a la consulta virtual del proceso.
Click aquí para conocer alcance de la futura Convención Latinoamericana de Medioambiente.
Chile está presidiendo la ronda de negociación de 15 países de América Latina, mediante las cuales se busca generar una Convención internacional de Medioambiente, referida al derecho de acceso a información, participación ciudadana, y acceso a justicia. La primera reunión internacional de los equipos técnico-políticos (llamados “puntos focales”) fue en noviembre de 2012 en Santiago, la segunda en abril de este año en México, y la tercera será el próximo 30 de octubre en Perú. Para ésta, Chile debe presentar su propuesta de lineamientos y el estado de avance de su “hoja de ruta”, razón por la cual la Cancillería y el Ministerio de Medioambiente llamaron a un proceso de consulta ciudadana.
El problema es que dicha consulta fue anunciada por la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores apenas 48 horas antes de que se cierre el proceso este 25 de septiembre, a través de correo electrónico, y sin difusión en los medios de comunicación, lo que motivó la reacción de diversas organizaciones ambientales y ciudadanas.
Desde la organización Observatorio Ciudadano, especializada en política indígena y seguimiento de la situación de los pueblos originarios de Chile, comentaron, a través de la vocera Paulina Acevedo, que esta es una situación delicada y preocupante, pues se trata precisamente de la creación de un instrumento jurídico internacional que busca consolidar la participación ciudadana.
“Es en extremo preocupante no solamente el plazo sino que la forma en la que esto se comunica, puesto que no es una consulta ciudadana cualquiera sino la que se enmarca en un proceso donde distintas organizaciones, empresas e incluso organismos internacionales vienen participando para definir un plan de acción de Chile en torno al principio 10, que refiere precisamente a la transparencia y participación ciudadana. Por una parte es preocupante el plazo pero por otra también lo es el que no se respete un trabajo sostenido con el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente en una situación de tanta trascendencia para el país”, expresó.
En efecto, los países negociantes han acordado que el proceso debe incluir la mayor participación posible de la sociedad civil, lo que se lleva a cabo a través de la red de organizaciones agrupadas en la “Iniciativa Acceso”. Cada país es representado por una ONG, responsabilidad que en el caso de Chile recae en la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), reconocida por sus triunfos en casos emblemáticos como el Tranque de Relaves El Mauro de Minera Los Pelambres (grupo Luksic) o las personas contaminadas con metales pesados en Arica. El director de la entidad, Ezio Costa, expresó la expectativa de que el Gobierno siga atendiendo a la necesaria participación.
“Nuestra voluntad en este proceso es que sea lo más inclusivo posible y, en ese sentido, espero que aunque no sea tanto el tiempo que se haya dado para esa participación puedan, los que quieran y los que puedan, participar efectivamente del proceso”, manifestó.
La incertidumbre expresada por las organizaciones, se suma a la opinión de múltiples académicos, investigadores y gestores ambientales, quienes han expresado sorpresa por la escasa difusión que ha dado el Gobierno al proceso de construcción de los contenidos propuestos por Chile, los que de momento sólo se refieren a la “importancia de la Responsabilidad Social Empresarial” -un concepto extraño que según algunos expertos busca fomentar pautas voluntarias de cuidado ambiental en desmedro de normativas obligatorias, y la “importancia de que las empresas generen informes de sustentabilidad”, lo que es visto por los críticos como libros publicitarios donde las empresas muestran regalos a la comunidad mientras se oculta el impacto de pasivos ambientales.
Aunque se prevé que adhieran más países, hasta este momento los 15 negociantes son los gobiernos de: Brasil, México, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Chile. En consecuencia, la nueva Convención regirá a más de 500 millones de habitantes.
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Chile está presidiendo la ronda de negociación de 15 países de América Latina, mediante las cuales se busca generar una Convención internacional de Medioambiente, referida al derecho de acceso a información, participación ciudadana, y acceso a justicia. La primera reunión internacional de los equipos técnico-políticos (llamados “puntos focales”) fue en noviembre de 2012 en Santiago, la segunda en abril de este año en México, y la tercera será el próximo 30 de octubre en Perú. Para ésta, Chile debe presentar su propuesta de lineamientos y el estado de avance de su “hoja de ruta”, razón por la cual la Cancillería y el Ministerio de Medioambiente llamaron a un proceso de consulta ciudadana.
El problema es que dicha consulta fue anunciada por la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores apenas 48 horas antes de que se cierre el proceso este 25 de septiembre, a través de correo electrónico, y sin difusión en los medios de comunicación, lo que motivó la reacción de diversas organizaciones ambientales y ciudadanas.
Desde la organización Observatorio Ciudadano, especializada en política indígena y seguimiento de la situación de los pueblos originarios de Chile, comentaron, a través de la vocera Paulina Acevedo, que esta es una situación delicada y preocupante, pues se trata precisamente de la creación de un instrumento jurídico internacional que busca consolidar la participación ciudadana.
“Es en extremo preocupante no solamente el plazo sino que la forma en la que esto se comunica, puesto que no es una consulta ciudadana cualquiera sino la que se enmarca en un proceso donde distintas organizaciones, empresas e incluso organismos internacionales vienen participando para definir un plan de acción de Chile en torno al principio 10, que refiere precisamente a la transparencia y participación ciudadana. Por una parte es preocupante el plazo pero por otra también lo es el que no se respete un trabajo sostenido con el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente en una situación de tanta trascendencia para el país”, expresó.
En efecto, los países negociantes han acordado que el proceso debe incluir la mayor participación posible de la sociedad civil, lo que se lleva a cabo a través de la red de organizaciones agrupadas en la “Iniciativa Acceso”. Cada país es representado por una ONG, responsabilidad que en el caso de Chile recae en la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), reconocida por sus triunfos en casos emblemáticos como el Tranque de Relaves El Mauro de Minera Los Pelambres (grupo Luksic) o las personas contaminadas con metales pesados en Arica. El director de la entidad, Ezio Costa, expresó la expectativa de que el Gobierno siga atendiendo a la necesaria participación.
“Nuestra voluntad en este proceso es que sea lo más inclusivo posible y, en ese sentido, espero que aunque no sea tanto el tiempo que se haya dado para esa participación puedan, los que quieran y los que puedan, participar efectivamente del proceso”, manifestó.
La incertidumbre expresada por las organizaciones, se suma a la opinión de múltiples académicos, investigadores y gestores ambientales, quienes han expresado sorpresa por la escasa difusión que ha dado el Gobierno al proceso de construcción de los contenidos propuestos por Chile, los que de momento sólo se refieren a la “importancia de la Responsabilidad Social Empresarial” -un concepto extraño que según algunos expertos busca fomentar pautas voluntarias de cuidado ambiental en desmedro de normativas obligatorias, y la “importancia de que las empresas generen informes de sustentabilidad”, lo que es visto por los críticos como libros publicitarios donde las empresas muestran regalos a la comunidad mientras se oculta el impacto de pasivos ambientales.
Aunque se prevé que adhieran más países, hasta este momento los 15 negociantes son los gobiernos de: Brasil, México, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Chile. En consecuencia, la nueva Convención regirá a más de 500 millones de habitantes.
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