Las organizaciones ambientales del Valle del Huasco manifestaron un repudio a las “nuevas estrategias” que estaría adoptando el Servicio de Evaluación Ambiental en el judicializado caso de la Termoeléctrica Punta Alcalde.
Esto, ante la contratación por parte del SEA del abogado Jorge Bofill para la defensa del organismo en la Corte Suprema, ante el recurso aprobado en la Corte de Apelaciones, que dio la razón a la comunidad sobre la inviabilidad del proyecto en el territorio.
Bofill es el mismo abogado defensor de Pablo Alcalde en el caso La Polar y la repactación de deudas, por lo que Juan Carlos Labrín, coordinador de la Brigada SOS Huasco, lamentó que se dediquen recursos públicos a la defensa de los intereses empresariales, como lo son los de la trasnacional ENDESA.
En este sentido, el dirigente de SOS Huasco indicó que “vemos que hay una excesiva preocupación por defender a la empresa privada, como lo es Endesa en lugar de ocuparse estrictamente con lo que tiene que ver con las comunidades, en el fondo los organismos del Estado deben ocuparse estrictamente de la salud, del bienestar, de velar por los ciudadanos más pobres y en este caso se está viendo al contrario. Además, se gastan recursos de todos los chilenos en abogados externos”.
A través de un comunicado, más de 20 organizaciones exigen que “los fondos públicos sirvan para defender el patrimonio ambiental, social y cultural de nuestro país, o sea el derecho de todo ciudadano y ciudadana a la salud, a la educación, a las propias formas de desarrollo, a un medio ambiente libre de contaminación”.
Labrín agregó que esperan que los argumentos expuestos por los detractores del proyecto Punta Alcalde, corroboren el fallo de la Corte de Apelaciones conseguido hace algunos meses.
En esa línea, el ambientalista explicó que “dentro de lo que es la argumentación, la declaración de zona de latencia, estos 40 años de contaminación en Huasco, el uso del pet coke, este elemento tóxico que es cancerígeno en Huasco. Creemos que es muy necesario y vital que se corrobore el fallo ante el tribunal de la Corte de Apelaciones, en este nuevo embate que nos corresponde el martes allá en Santiago”.
Según la información que manejan las organizaciones, este martes en la Tercera Sala de la Corte Suprema, en Santiago, se harán los alegatos de esta nueva etapa del proceso.
Las organizaciones ambientales del Valle del Huasco manifestaron un repudio a las “nuevas estrategias” que estaría adoptando el Servicio de Evaluación Ambiental en el judicializado caso de la Termoeléctrica Punta Alcalde.
Esto, ante la contratación por parte del SEA del abogado Jorge Bofill para la defensa del organismo en la Corte Suprema, ante el recurso aprobado en la Corte de Apelaciones, que dio la razón a la comunidad sobre la inviabilidad del proyecto en el territorio.
Bofill es el mismo abogado defensor de Pablo Alcalde en el caso La Polar y la repactación de deudas, por lo que Juan Carlos Labrín, coordinador de la Brigada SOS Huasco, lamentó que se dediquen recursos públicos a la defensa de los intereses empresariales, como lo son los de la trasnacional ENDESA.
En este sentido, el dirigente de SOS Huasco indicó que “vemos que hay una excesiva preocupación por defender a la empresa privada, como lo es Endesa en lugar de ocuparse estrictamente con lo que tiene que ver con las comunidades, en el fondo los organismos del Estado deben ocuparse estrictamente de la salud, del bienestar, de velar por los ciudadanos más pobres y en este caso se está viendo al contrario. Además, se gastan recursos de todos los chilenos en abogados externos”.
A través de un comunicado, más de 20 organizaciones exigen que “los fondos públicos sirvan para defender el patrimonio ambiental, social y cultural de nuestro país, o sea el derecho de todo ciudadano y ciudadana a la salud, a la educación, a las propias formas de desarrollo, a un medio ambiente libre de contaminación”.
Labrín agregó que esperan que los argumentos expuestos por los detractores del proyecto Punta Alcalde, corroboren el fallo de la Corte de Apelaciones conseguido hace algunos meses.
En esa línea, el ambientalista explicó que “dentro de lo que es la argumentación, la declaración de zona de latencia, estos 40 años de contaminación en Huasco, el uso del pet coke, este elemento tóxico que es cancerígeno en Huasco. Creemos que es muy necesario y vital que se corrobore el fallo ante el tribunal de la Corte de Apelaciones, en este nuevo embate que nos corresponde el martes allá en Santiago”.
Según la información que manejan las organizaciones, este martes en la Tercera Sala de la Corte Suprema, en Santiago, se harán los alegatos de esta nueva etapa del proceso.
Las organizaciones ambientales del Valle del Huasco manifestaron un repudio a las “nuevas estrategias” que estaría adoptando el Servicio de Evaluación Ambiental en el judicializado caso de la Termoeléctrica Punta Alcalde.
Esto, ante la contratación por parte del SEA del abogado Jorge Bofill para la defensa del organismo en la Corte Suprema, ante el recurso aprobado en la Corte de Apelaciones, que dio la razón a la comunidad sobre la inviabilidad del proyecto en el territorio.
Bofill es el mismo abogado defensor de Pablo Alcalde en el caso La Polar y la repactación de deudas, por lo que Juan Carlos Labrín, coordinador de la Brigada SOS Huasco, lamentó que se dediquen recursos públicos a la defensa de los intereses empresariales, como lo son los de la trasnacional ENDESA.
En este sentido, el dirigente de SOS Huasco indicó que “vemos que hay una excesiva preocupación por defender a la empresa privada, como lo es Endesa en lugar de ocuparse estrictamente con lo que tiene que ver con las comunidades, en el fondo los organismos del Estado deben ocuparse estrictamente de la salud, del bienestar, de velar por los ciudadanos más pobres y en este caso se está viendo al contrario. Además, se gastan recursos de todos los chilenos en abogados externos”.
A través de un comunicado, más de 20 organizaciones exigen que “los fondos públicos sirvan para defender el patrimonio ambiental, social y cultural de nuestro país, o sea el derecho de todo ciudadano y ciudadana a la salud, a la educación, a las propias formas de desarrollo, a un medio ambiente libre de contaminación”.
Labrín agregó que esperan que los argumentos expuestos por los detractores del proyecto Punta Alcalde, corroboren el fallo de la Corte de Apelaciones conseguido hace algunos meses.
En esa línea, el ambientalista explicó que “dentro de lo que es la argumentación, la declaración de zona de latencia, estos 40 años de contaminación en Huasco, el uso del pet coke, este elemento tóxico que es cancerígeno en Huasco. Creemos que es muy necesario y vital que se corrobore el fallo ante el tribunal de la Corte de Apelaciones, en este nuevo embate que nos corresponde el martes allá en Santiago”.
Según la información que manejan las organizaciones, este martes en la Tercera Sala de la Corte Suprema, en Santiago, se harán los alegatos de esta nueva etapa del proceso.
