El Gobierno, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, amplió hasta el 2 de octubre el período de consulta ciudadana sobre la propuesta de Chile para una Convención latinoamericana sobre acceso a información, participación ciudadana y acceso a justicia en materia medioambiental, que están negociando 15 países de América Latina en un proceso que en su fase actual es presidido por Chile.
La decisión se tomó luego de que Radio Universidad de Chile diera a conocer que el plazo de consulta había sido informado a 48 horas de su cierre, este 25 de septiembre, a través de un correo electrónico enviado desde la Dirección de Medioambiente y Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que causó molestia y extrañeza entre organizaciones ambientales, incluyendo a la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), la única que representa formalmente a Chile en nombre de las ONG ambientalistas.
El Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a través del encargado de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia, Alberto Precht, informó que “se entiende que es necesario ampliar el rango de comunicaciones y es por ello que extendemos el plazo hasta la nueva fecha señalada”. Es decir, el miércoles 2 de octubre hasta las 18 horas, a través de la página web www.ogp.cl
“Para el gobierno es muy importante el fomentar la participación tanto de las personas naturales como de organizaciones de la sociedad civil en esta consulta pública. Es por eso que hemos extendido el plazo para que todos aquellos interesados en poner sus observaciones en el Plan de Acción de Gobierno Abierto como en el Plan de Acción en materia ambiental lo puedan hacer, y así fortalecer mucho más la postura que Chile va a presentar a fines de octubre”, dijo el funcionario.
En respuesta, la organización Observatorio Ciudadano, especializada en materias de política indígena, expresó a través de la jefa de comunicaciones, Paulina Acevedo, que se valora el reconocimiento del error aunque cuestionó que se amplíe el plazo en apenas una semana y no en 20 días, que era el plazo original, pues a juicio de la organización es un tema de política pública como este amerita la mayor difusión posible, y no que se anuncie a dos días de que se cumpla el plazo.
“Valoramos esta ampliación de plazo, puesto que implica el reconocimiento por parte del Gobierno de que se cometió un error en la forma de convocar, pues se concedieron tres semanas de plazo durante la conmemoración de los 40 años del Golpe y la celebración de Fiestas Patrias, pero se informó del proceso de consulta a 48 horas de que este plazo expirara. Ese es un gran error. Pese a la solución que se propone, este nuevo plazo de una semana es de apenas una semana. Debería reponerse el plazo original de 20 días para que pudiéramos analizar el documento hasta el 14 de octubre. Importa decir que el Estado está obligado a una consulta en materia de pueblos indígenas porque esto se está realizando en el contexto del diseño de una política pública”, adujo Acevedo.
El cuestionamiento de las organizaciones no gubernamentales, se suma al de académicos y gestores ambientales, dado el desconocimiento generalizado que existe sobre el proceso de negociación para crear una Convención Latinoamericana Ambiental, pues a la fecha, según los críticos, los ministerios de Relaciones Exteriores, de Medioambiente y de la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) no se han acercado a universidades ni comunidades a explicar en qué consiste este tema, y se ha limitado a publicar datos en páginas web oficiales.
Clic aquí para acceder a la consulta ciudadana.
Clic aquí para conocer alcances de la futura convención ambiental.
El Gobierno, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, amplió hasta el 2 de octubre el período de consulta ciudadana sobre la propuesta de Chile para una Convención latinoamericana sobre acceso a información, participación ciudadana y acceso a justicia en materia medioambiental, que están negociando 15 países de América Latina en un proceso que en su fase actual es presidido por Chile.
La decisión se tomó luego de que Radio Universidad de Chile diera a conocer que el plazo de consulta había sido informado a 48 horas de su cierre, este 25 de septiembre, a través de un correo electrónico enviado desde la Dirección de Medioambiente y Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que causó molestia y extrañeza entre organizaciones ambientales, incluyendo a la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), la única que representa formalmente a Chile en nombre de las ONG ambientalistas.
El Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a través del encargado de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia, Alberto Precht, informó que “se entiende que es necesario ampliar el rango de comunicaciones y es por ello que extendemos el plazo hasta la nueva fecha señalada”. Es decir, el miércoles 2 de octubre hasta las 18 horas, a través de la página web www.ogp.cl
“Para el gobierno es muy importante el fomentar la participación tanto de las personas naturales como de organizaciones de la sociedad civil en esta consulta pública. Es por eso que hemos extendido el plazo para que todos aquellos interesados en poner sus observaciones en el Plan de Acción de Gobierno Abierto como en el Plan de Acción en materia ambiental lo puedan hacer, y así fortalecer mucho más la postura que Chile va a presentar a fines de octubre”, dijo el funcionario.
En respuesta, la organización Observatorio Ciudadano, especializada en materias de política indígena, expresó a través de la jefa de comunicaciones, Paulina Acevedo, que se valora el reconocimiento del error aunque cuestionó que se amplíe el plazo en apenas una semana y no en 20 días, que era el plazo original, pues a juicio de la organización es un tema de política pública como este amerita la mayor difusión posible, y no que se anuncie a dos días de que se cumpla el plazo.
“Valoramos esta ampliación de plazo, puesto que implica el reconocimiento por parte del Gobierno de que se cometió un error en la forma de convocar, pues se concedieron tres semanas de plazo durante la conmemoración de los 40 años del Golpe y la celebración de Fiestas Patrias, pero se informó del proceso de consulta a 48 horas de que este plazo expirara. Ese es un gran error. Pese a la solución que se propone, este nuevo plazo de una semana es de apenas una semana. Debería reponerse el plazo original de 20 días para que pudiéramos analizar el documento hasta el 14 de octubre. Importa decir que el Estado está obligado a una consulta en materia de pueblos indígenas porque esto se está realizando en el contexto del diseño de una política pública”, adujo Acevedo.
El cuestionamiento de las organizaciones no gubernamentales, se suma al de académicos y gestores ambientales, dado el desconocimiento generalizado que existe sobre el proceso de negociación para crear una Convención Latinoamericana Ambiental, pues a la fecha, según los críticos, los ministerios de Relaciones Exteriores, de Medioambiente y de la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) no se han acercado a universidades ni comunidades a explicar en qué consiste este tema, y se ha limitado a publicar datos en páginas web oficiales.
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El Gobierno, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, amplió hasta el 2 de octubre el período de consulta ciudadana sobre la propuesta de Chile para una Convención latinoamericana sobre acceso a información, participación ciudadana y acceso a justicia en materia medioambiental, que están negociando 15 países de América Latina en un proceso que en su fase actual es presidido por Chile.
La decisión se tomó luego de que Radio Universidad de Chile diera a conocer que el plazo de consulta había sido informado a 48 horas de su cierre, este 25 de septiembre, a través de un correo electrónico enviado desde la Dirección de Medioambiente y Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que causó molestia y extrañeza entre organizaciones ambientales, incluyendo a la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), la única que representa formalmente a Chile en nombre de las ONG ambientalistas.
El Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a través del encargado de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia, Alberto Precht, informó que “se entiende que es necesario ampliar el rango de comunicaciones y es por ello que extendemos el plazo hasta la nueva fecha señalada”. Es decir, el miércoles 2 de octubre hasta las 18 horas, a través de la página web www.ogp.cl
“Para el gobierno es muy importante el fomentar la participación tanto de las personas naturales como de organizaciones de la sociedad civil en esta consulta pública. Es por eso que hemos extendido el plazo para que todos aquellos interesados en poner sus observaciones en el Plan de Acción de Gobierno Abierto como en el Plan de Acción en materia ambiental lo puedan hacer, y así fortalecer mucho más la postura que Chile va a presentar a fines de octubre”, dijo el funcionario.
En respuesta, la organización Observatorio Ciudadano, especializada en materias de política indígena, expresó a través de la jefa de comunicaciones, Paulina Acevedo, que se valora el reconocimiento del error aunque cuestionó que se amplíe el plazo en apenas una semana y no en 20 días, que era el plazo original, pues a juicio de la organización es un tema de política pública como este amerita la mayor difusión posible, y no que se anuncie a dos días de que se cumpla el plazo.
“Valoramos esta ampliación de plazo, puesto que implica el reconocimiento por parte del Gobierno de que se cometió un error en la forma de convocar, pues se concedieron tres semanas de plazo durante la conmemoración de los 40 años del Golpe y la celebración de Fiestas Patrias, pero se informó del proceso de consulta a 48 horas de que este plazo expirara. Ese es un gran error. Pese a la solución que se propone, este nuevo plazo de una semana es de apenas una semana. Debería reponerse el plazo original de 20 días para que pudiéramos analizar el documento hasta el 14 de octubre. Importa decir que el Estado está obligado a una consulta en materia de pueblos indígenas porque esto se está realizando en el contexto del diseño de una política pública”, adujo Acevedo.
El cuestionamiento de las organizaciones no gubernamentales, se suma al de académicos y gestores ambientales, dado el desconocimiento generalizado que existe sobre el proceso de negociación para crear una Convención Latinoamericana Ambiental, pues a la fecha, según los críticos, los ministerios de Relaciones Exteriores, de Medioambiente y de la Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) no se han acercado a universidades ni comunidades a explicar en qué consiste este tema, y se ha limitado a publicar datos en páginas web oficiales.
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