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Encuentro por el agua exige fin del lucro con el recurso

Este jueves se inició el Primer Cabildo por el Agua encuentro organizado por la Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida, que se realizará hasta el viernes y concluirá con un emplazamiento a la comisión permanente de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía de la Cámara. Los tres ejes de la discusión, y de la posterior petición que se hará, son concebir el agua como un bien público, asegurar su acceso como Derecho Humano fundamental, y sacar de la instancia parlamentaria a los legisladores que tengan conflictos de interés.

Héctor Areyuna S.

  Jueves 10 de octubre 2013 16:40 hrs. 
Agua

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El obispo de Aysén Luis Infanti encabezó la inauguración de la actividad, con una ceremonia en que dirigentes de todo el país mezclaron las aguas de ríos, lagos y esteros. Decenas de representantes de localidades de todo el país y de distintos sectores sociales plantearon los problemas en la materia.

Las mineras, termoeléctricas, plantas geotérmicas, relaves sanitarios, la gran agricultura, el monocultivo y otros sectores industriales han generado desde hace décadas la concentración del acceso a los recursos hídricos y la contaminación de los que quedan disponibles para la comunidad.

En el Sur, según Elsa Panguilef, vocera de la Alianza Territorial Puelhuillimapu, comunidades mapuches temen por el ingreso de hidroeléctricas y el impacto que esto genera.

En este sentido, la dirigente señaló que “el hecho de que también con el tiempo vamos a quedar sin agua, con los ríos contaminados o secos, también nos afecta porque para nosotros porque todo elemento de la naturaleza tiene un Ñien con el que nosotros podemos comunicarnos y por el cual también tiene que vivir en equilibrio con nosotros y nosotros con ellos. Eso es lo que nosotros defendemos”.

Para el obispo Infanti, esto llama a que las comunidades exijan a las autoridades garantizar acceso para el consumo y saneamiento: “Creo que es importante que las comunidades tomen conciencia que sin agua no hay vida, sin agua es muerte, no sólo para los seres humanos sino para todo ser vivo, entonces tenemos una responsabilidad y un desafío que es justamente influir en la personas que están llamadas a tomar decisiones en lo político, influir en la leyes, en la Constitución que es justamente la traba principal que dificulta que el agua sea un bien común”.

Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable, organización que forma parte de la Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida, explicó que el objetivo final de este cabildo será la exigencia a un compromiso por parte de la comisión permanente de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía a la promoción de un proyecto de ley.

En esa línea, la ambientalista indicó que “la idea de este encuentro es que verdaderamente acá las distintas organizaciones hagan una solicitud de cuáles son los cambios legales y Constitucionales que se requieren y que la comisión se responsabilice y se comprometa a llevarlos adelante a través de una propuesta de ley parlamentaria, que ya tienen encaminado, ellos ya tienen mociones parlamentarias, pero la idea es que esto sea asumido por un mayor número de parlamentarios y que finalmente se responsabilicen frente a la ciudadanía, que si los Gobiernos no mandan proyectos de reforma, los parlamentarios con apoyo de la ciudadanía lo vamos a lograr”.

Según Manuel Mundaca, presidente de la Asociación de Agua Potable Rural de la provincia del Limarí la idea es sacar a las trasnacionales a través de modificaciones constitucionales.

Por esto, el dirigente ciudadano enfatizó que “nosotros estamos por el rescate del agua, que ya no se lucre más con el agua de todos los chilenos, ya que, son cuatro o tres empresas grandes que tienen todo el consorcio del agua en Chile y que lo venden en bolsas internacionales como fuente propia. Queremos que se cambie la Constitución Política del Estado, donde dice que el agua es un bien privado”.

Esta propuesta se conversó este jueves y seguirá durante este viernes, en torno a tres ejes fundamentales, concebir el agua como un bien público, asegurar su acceso como Derecho Humano fundamental, y sacar de la instancia parlamentaria a los legisladores que tengan conflictos de interés, como es el caso del Democratacristiano Eduardo Cerda, acusado de extracción ilegal del recurso en la provincia de Petorca, junto al ex ministro Edmundo Pérez Yoma.

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