Comisión de Constitución del Senado aprueba “Ley Antiencapuchados”

El proyecto de Ley de Resguardo del Orden Público, conocido también como “Ley Hinzpeter” se aprobó en particular la en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Alta. Ahora la iniciativa pasará a Sala del Senado para completar el trámite lo que inquieta a parlamentarios y organizaciones de Derechos Humanos.

El proyecto de Ley de Resguardo del Orden Público, conocido también como “Ley Hinzpeter” se aprobó en particular la en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Alta. Ahora la iniciativa pasará a Sala del Senado para completar el trámite lo que inquieta a parlamentarios y organizaciones de Derechos Humanos.

En su votación en particular, es decir, artículo por artículo, el grueso del proyecto fue aprobado por tres votos a dos, considerando que la comisión de Constitución está formada por tres parlamentarios de la Alianza y sólo dos de oposición. Esto después de que la mañana del martes expusieran autoridades, organizaciones sociales y abogados especialistas.

Andrés Chadwick, ministro del Interior y Seguridad Pública, indicó que existe una colisión entre el derecho a Reunión y Libertad de Expresión en manifestaciones, y el Orden Público, y afirmó también que, dado el escenario social, la actual tipificación no es suficiente para mantener la paz y tranquilidad que requiere el país.

En esa línea el senador RN, Alberto Espina, afirmó que las críticas que se han hecho son falsas: “Sostener que este proyecto de ley lo que hace es criminalizar las manifestaciones públicas, yo quisiera pedir que alguien me nombre un artículo, en donde se dice que si una persona en nuestro país, cien personas, mil personas, cien mil personas salen a la calle a manifestarse pacíficamente hay una sola norma en la legislación chilena que signifique llevar a los tribunales de justicia a quienes tienen esa conducta, porque no existe ninguna, y por lo tanto cuando frente a la opinión pública so pretexto de querer desprestigiar la acción que emprende un gobierno, cualquiera que este sea, se tergiversa la verdad se comete un grave error”.

Recordemos que este proyecto busca agravar las penas a quienes interrumpan el libre tránsito, quien sea sorprendido cometiendo delitos en la vía pública en el contexto de marchas y otras acciones sociales,  sanciona a quienes vayan encapuchados,  disposiciones que han causado preocupación.

Algunos juristas y parlamentarios han sostenido que se está buscando crear una nueva figura legal que es completamente innecesaria. Así lo indicó la senadora Demócrata Cristiana, Soledad Alvear para quien esta nueva ley es sumamente compleja y no se explica cuando ya existe jurisprudencia al respecto.

En esa línea, la parlamentaria de la DC dijo que “actualmente existe en el Código Penal, en el artículo 485 un delito se establece cuando existen daños, entonces mi pregunta es cuántos detenidos hay por tales delitos, porque existe este artículo. Cuál es la razón por la cual debiésemos tener una ley especial respecto de este punto”.

Con esto coincidieron las organizaciones que expusieron ante el Congreso. Se trata de Greenpeace Asesoría Ciudadana y Amnistía Internacional, representadas por Ana Piquer, Directora de esta última, quien afirmó que los artículos más preocupantes fueron aprobados. El primero, sobre los desórdenes públicos y los cortes de tránsito donde, afirmó, es necesario mejorar la redacción para evitar que se puedan criminalizar cortes de ruta que puedan ser válidos en una protesta. La abogada se refirió también a los otros temas.

Por esto, la directora de la organización de DD.HH. enfatizó que “vemos que de alguna manera se está estigmatizando las manifestaciones sociales y con ello un amedrentamiento, una disuasión a que la gente participe en manifestaciones al mostrarlo casi si fuera un espacio natural para la comisión de delitos y lo que se refiere a los encapuchados, particularmente la creación de una falta penal que sólo por el hecho en el contexto del desorden público con la cara tapada, eso ya podría significar una falta penal”.

Recordemos que las organizaciones han presentado ya más de 20 mil firmas ciudadanas contra el proyecto y mantenido campañas para evitar su aprobación. Si bien reconocen que se debe legislar para proteger el Orden Público, afirman que se debe hacer bajo el estricto cumplimiento de los estándares de Derechos Humanos.

En esa línea la abogada hizo gala de normas internacionales como el “test de tres partes” del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el que indica que se pueden restringir derechos como la libre expresión peor que se debe cumplir con tres cláusulas: tiene que estar establecido por ley, obedecer a un propósito legítimo y se tiene que establecer la opción menos restrictiva posible para lograrlo.

Ahora la iniciativa deberá pasar a Sala del senado, donde podría ser revertida. Además, se deslindó del análisis el proyecto de control de identidad, que se discutirá el próximo 29 de octubre.

No discutimos objetivo, sino mecanismo, generaría medidas tan amplia q afectarían a quienes están cometiendo delitos y a quienes se están manifestando pacíficamente.





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