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Año XI, 20 de marzo de 2019

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Trabajadores del sector público paralizan sus actividades por reajuste

La mesa ampliada de los trabajadores del sector público realiza este martes una paralización nacional, en protesta por la posición del Gobierno de negociar después de las elecciones presidenciales el reajuste de 8.8% exigido por los funcionarios públicos. 345 municipalidades del país se encuentran movilizadas desde el miércoles pasado y los trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) decidieron plegarse al paro.

Helmuth Huerta

  Lunes 21 de octubre 2013 19:22 hrs. 
anef presente

En el trasfondo de la discusión del presupuesto del próximo año para el fisco, los trabajadores del Estado demandan un reajuste salarial de 8.8%, equivalente al incremento entregado para el sueldo mínimo, y un reajuste diferenciado de 10% para los sueldos que están por debajo de los 750 mil pesos.

La demanda general busca beneficiar a los 750 mil trabajadores estatales, que laboran en los 340 organismos públicos dependientes de la Administración Central del Estado (o sea, el Gobierno), en la salud hospitalaria y en la municipal, en la educación tanto del sector municipal y particular-subvencionado, las universidades estatales y las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

El vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Norberto Díaz, ha cuestionado el afán del Ministerio de Hacienda de postergar la discusión para después del 17 de noviembre, aunque este lunes hay una nueva reunión.

“Ningún trabajador quiere una huelga, ningún trabajador anda buscando los paros o pretende estar afuera de su oficina o su empresa para pedir lo que es justo. Pero parece que este gobierno, vista su pronta derrota, se niega a gobernar y al hacerlo está postergando esta negociación a un tiempo muy acotado, pos elecciones, cuando lo que corresponde es que sea el Estado el que lo resuelva, independiente de las elecciones que estén hoy día en curso”, expresó.

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, llamó al Gobierno a realizar una negociación de verdad, y no imponer un proyecto legal de reajuste como hizo durante la discusión del salario mínimo, pues de otro modo va a repetir el error de manejo político cometido en otros conflictos laborales.

“Les recomendamos que no tropiecen con la misma piedra. Recordemos lo que ocurrió con el salario mínimo: lo adelantó, lo envió sin consenso y así se demoró también en el Congreso. Por lo tanto, es importante que exista tiempo para poder buscar soluciones en la mesa de negociaciones y no provoquemos una movilización que los trabajadores estamos dispuestos a realizar si es que no se nos escucha, si se pretende hacer una negociación con los trabajadores en una semana y que además se tramite en el Congreso, eso no es una negociación”, afirmó.

Por su parte, la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH) informó que ellos ya están movilizados desde el miércoles pasado, porque, según dicen,  de los 6 puntos de la agenda de compromisos de este sector, el Gobierno ha cumplido sólo tres: la homologación del sueldo base de las municipalidades en relación con los trabajadores del Gobierno (Administración Central del Estado); la homologación del suelo de municipios de zonas extremas, y la ley de retiro voluntario. Manuel Bravo, secretario general de la ASEMUCH, resumió lo que no se ha cumplido.

“Lo primero es el tema de los Programas de Mejoramiento de la Gestión, que al sector centralizado se les paga dos veces más que a los municipales. Lo segundo tiene que ver con el incremento previsional, donde a la gente nuestra se le paga menos un 21.5%. Lo tercero es la asignación profesional y técnica, que el sector municipal no la tiene. Y se agrega un cuarto que es la readecuación de planta”, detalló.

Además de la situación desmejorada de los trabajadores municipales, en el sector público se observan otras desigualdades. Por ejemplo: de los 220 mil trabajadores que están en los 320 servicios y 21 ministerios del Gobierno, el 60% labora a contrata y el 10% está a honorarios, sin cotización de salud ni previsión ni estabilidad, mientras que apenas el 30% tiene contrato de planta, aun cuando la ley establece que el 80% debería tener este tipo de contrato y apenas el 20% debería estar a contrata y honorarios.