Suena como el mundo al revés, pero en Chile estar en Dicom podría significar el fin de la vida comercial de un ciudadano común y enfrentar trabas para encontrar empleo o acceder a prestaciones de salud, sin embargo, tener millonarias deudas o haber sido condenado por fraude parece no ser un impedimento para postular a altos cargos de representación pública.

Más allá de los efectos políticos desatados por la denuncia de Evelyn Matthei en contra de Franco Parisi, este escándalo deja al descubierto la ausencia de mecanismos de fiscalización de la probidad de los postulantes a la Presidencia de la República o al Parlamento.

No haber sido condenado a pena aflictiva – es decir a tres años y un día de presidio-, o estar inhabilitado, es el único requisito que establece la ley en este sentido y, si bien la Contraloría General de la República emitió un instructivo el 5 de septiembre en relación a estas elecciones, se refiere sólo al comportamiento que deben tener los miembros de la administración del Estado.

Y es que la normativa chilena no establece prevenciones en relación al comportamiento ético de mientras las personas son candidatos a un cargo público. Las obligaciones comienzan sólo cuando se empieza a ejercer el cargo.

La fiscalización queda en manos de la ciudadanía, de sus pares políticos y, por supuesto, de los medios de comunicación, sin embargo, salvo contados y bullados casos, son escasas las ocasiones en que situaciones de faltas a la probidad salen a la luz pública. Más aún, hay veces en que condenados por la justicia son premiados con nuevos cargos de representación.

Tal es el caso del actual candidato y diputado Pedro Velásquez, quien fue inhabilitado de por vida para ejercer su cargo de alcalde luego de ser condenado por fraude al fisco y negociación incompatible el 2006, después que la misma Evelyn Matthei lo denunciara por la compra ilícita de una parcela. En ese entonces Velásquez renunció a la Democracia Cristiana y el 2009 fue elegido diputado por Coquimbo, Ovalle y Río Hurtado. En abril de este año el parlamentario volvió a protagonizar una polémica cuando, con votos de Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, fue elegido como vicepresidente de la Cámara, aunque aún debía doscientos millones de pesos del desfalco al municipio de Coquimbo. Aunque su ascenso a la mesa de la Cámara no prosperó, hoy se presenta a la reelección por el Partido de los Regionalistas Independientes.

Otro ejemplo reconocido es el de Claudia Nogueira, quien fue diputada de la UDI por Recoleta e Independencia desde 2006. Distrito muy conveniente, pues también está casada con el entonces alcalde de Recoleta Gonzalo Cornejo, vínculo que le permitió desviar fondos a una cuenta bipersonal y realizar un fraude al fisco por intermedio de un asesor financiero de su marido por un poco más de 28 millones de pesos. El 2009 la fiscalía la formalizó por estos delitos, pero la parlamentaria evitó el proceso judicial devolviéndole treinta millones de pesos al fisco y firmando por 18 meses. Este 17 de noviembre aparecerá nuevamente en la papeleta del Distrito 19 postulando a un escaño en el Parlamento.

Si bien está claro que existe un vacío legal que está posibilitando candidaturas como las anteriores o que, eventualmente, Franco Parisi llegue a La Moneda con tres querellas por cien millones de pesos de cotizaciones previsionales de profesores impagas y una investigación por fraude al fisco en la Universidad de Chile, también hay un problema desde la ciudadanía, ya sea de memoria a corto plazo o de ética pública.

Desde la perspectiva de la cientista política Marcela Ríos, “hay un problema desde la sociedad, desde los medios de comunicación, se hace muy poco escrutinio de las figuras públicas. Los medios de comunicación tienden a hacer poco periodismo de investigación. El tipo de información que circula en los medios es más bien como  comunicados de prensa, hay menos acceso a información, a pesar de que hay gente que sepa las cosas, pero los temas no se instalan en el espacio público”.

La época de elecciones en otros países, es también el momento en que los contrincantes políticos y los medios de comunicación de hurgar hasta en los más íntimos detalles de los candidatos. Historias de amantes, prostitutos y prostitutas, drogas, incluso comentarios desafortunados, han echado por tierra candidaturas completas de poderos partidos políticos, pero los electores y la probidad en otras latitudes parecen pesar más.

Para la experta, quien además es oficial del Programa de Gobernabilidad del PNUD, otra de las razones para que este tipo de situaciones ocurran en el país tiene que ver “con la forma en que funciona la elite que es muy cerrada, muy endogámica, con su forma de funcionar con acuerdos entre pares donde es habitual que no se saquen los trapos al sol con temas que pueden ser considerados de mal gusto”.

Jaime Bazán, director ejecutivo de Chile Transparente, señala que “tenemos la cultura de la trampita insertada de capitán a paje: en el colegio se copia y al que condena la copia le hacen bulling, la gente se puede colar en las micros y nadie le dice nada, a los niños les enseñan probidad en el colegio, pero llegan a la casa y el papá les regala una película pirata. Toleramos muchos actos que no son correctos. Como sociedad tenemos que trabajar en tratar de restaurar los índices de confianza en los políticos”.

Y como la ley no contempla impedimentos morales, obviamente tampoco establece sanciones para quienes incurran en faltas a la probidad antes de ser funcionarios públicos, por lo tanto, la responsabilidad recae absolutamente en la ciudadanía.

“Más allá de que la ley puede ser revisada, lo más importante es que son los ciudadanos los que tienen la capacidad real de elegir o tomar en consideración elementos de probidad como un criterio electoral, y que la forma de sancionar a personas que han faltado a la probidad y que no han sido completamente trasparentes es votando por otros candidatos y premiando a aquellos que están poniendo al frente sus programas, sus posturas y transparentando el ingreso y el gasto electoral”, afirma Felipe Heusser, director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente.

La denuncia y el voto son los instrumentos con que cuentan los ciudadanos para sancionar situaciones impropias y romper el cerco que muchas veces buscan establecer los medios y los partidos.