La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) encabezó la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), representando a las agrupaciones de trabajadores que reclamaron la debilidad de la libertad sindical en Chile.
Los “peticionarios” presentes en la jornada de audiencias del CIDH dijeron que el Estado no ha cumplido con recomendaciones del propio organismo, emitidas en 1985, sobre la libertad sindical, el derecho de asociación colectiva y el derecho a la huelga.
Además, se estaría incumpliendo la Convención Interamericana de DDHH, el protocolo de San Salvador y los convenios 87 y 88 de la OIT.
María Eugenia Puelma, consejera nacional de la multisindical, enfatizó en una de las principales peticiones de las agrupaciones de trabajadores chilenos, que es “terminar con la fragmentación del derecho que viola la libertad sindical de forma sistemática, volviendo a tratar la sindicalización, el fuero sindical, la negociación colectiva y la huelga, como una sola unidad indisoluble jurídicamente, garantizada por el Estado, por la Constitución, en un contexto histórico de reparación y justicia a la deuda que la democracia chilena tiene con los trabajadores y trabajadoras chilenas”, detalló la dirigenta.
Rodrigo García, abogado de la CUT e interviniente en la audiencia, agregó que en Chile se viola sistemáticamente la libertad sindical. Además añadió que el Código del Trabajo y la Constitución política no se ajustarían a estándares mínimos en la materia, lo que se suma a un generalizado escenario de injusticia social.
Por parte del Estado, Juan Pablo Crisóstomo, director de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores chileno, aseguró que el país se acogió a 61 convenios internacionales de regulación laboral y enfatizó que Chile integra la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) desde su fundación.
“Hay una normativa que como en todos los países es perfectible, y que a diferencia de lo que señalan los solicitantes ha sido modificada precisamente “a mejorar”, pero lo no modificado ha sido mantenido en el tiempo por los distintos gobiernos democráticos. No se puede sindicar a Chile como un Estado que viola o afecta los derechos de los trabajadores”, aseguró.
Lo expuesto por los trabajadores y el déficit del mundo sindical en Chile serían una clara muestra de los efectos del Código del Trabajo, consagrado en dictadura y sus características, según dijo Valentina Doniez, investigadora de Fundación Sol.
“El plan laboral, la parte de derecho colectivo del Código del Trabajo, justamente tiene como fundamento un decreto de la acción sindical y se plantea despotenciarlo, despolitizarlo, encerrarlo en empresas, fomentando la multiplicidad sindical, no la unidad, o la unión de las organizaciones de trabajadores”, explicó la antropóloga.
La solicitud de las organizaciones es que se consideren medidas como la modificación de la legislación, en pos de defensa del derecho de la libertad sindical, que el Gobierno aplique y defienda la utilización de instrumentos colectivos, que se informe sobre las medidas adoptadas y que se planteen las violaciones a los derechos de los trabajadores en otros órganos de la OEA.
Además, los peticionarios solicitaron una visita “in loco” de la comisión para que analice la situación de los trabajadores en Chile.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) encabezó la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), representando a las agrupaciones de trabajadores que reclamaron la debilidad de la libertad sindical en Chile.
Los “peticionarios” presentes en la jornada de audiencias del CIDH dijeron que el Estado no ha cumplido con recomendaciones del propio organismo, emitidas en 1985, sobre la libertad sindical, el derecho de asociación colectiva y el derecho a la huelga.
Además, se estaría incumpliendo la Convención Interamericana de DDHH, el protocolo de San Salvador y los convenios 87 y 88 de la OIT.
María Eugenia Puelma, consejera nacional de la multisindical, enfatizó en una de las principales peticiones de las agrupaciones de trabajadores chilenos, que es “terminar con la fragmentación del derecho que viola la libertad sindical de forma sistemática, volviendo a tratar la sindicalización, el fuero sindical, la negociación colectiva y la huelga, como una sola unidad indisoluble jurídicamente, garantizada por el Estado, por la Constitución, en un contexto histórico de reparación y justicia a la deuda que la democracia chilena tiene con los trabajadores y trabajadoras chilenas”, detalló la dirigenta.
Rodrigo García, abogado de la CUT e interviniente en la audiencia, agregó que en Chile se viola sistemáticamente la libertad sindical. Además añadió que el Código del Trabajo y la Constitución política no se ajustarían a estándares mínimos en la materia, lo que se suma a un generalizado escenario de injusticia social.
Por parte del Estado, Juan Pablo Crisóstomo, director de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores chileno, aseguró que el país se acogió a 61 convenios internacionales de regulación laboral y enfatizó que Chile integra la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) desde su fundación.
“Hay una normativa que como en todos los países es perfectible, y que a diferencia de lo que señalan los solicitantes ha sido modificada precisamente “a mejorar”, pero lo no modificado ha sido mantenido en el tiempo por los distintos gobiernos democráticos. No se puede sindicar a Chile como un Estado que viola o afecta los derechos de los trabajadores”, aseguró.
Lo expuesto por los trabajadores y el déficit del mundo sindical en Chile serían una clara muestra de los efectos del Código del Trabajo, consagrado en dictadura y sus características, según dijo Valentina Doniez, investigadora de Fundación Sol.
“El plan laboral, la parte de derecho colectivo del Código del Trabajo, justamente tiene como fundamento un decreto de la acción sindical y se plantea despotenciarlo, despolitizarlo, encerrarlo en empresas, fomentando la multiplicidad sindical, no la unidad, o la unión de las organizaciones de trabajadores”, explicó la antropóloga.
La solicitud de las organizaciones es que se consideren medidas como la modificación de la legislación, en pos de defensa del derecho de la libertad sindical, que el Gobierno aplique y defienda la utilización de instrumentos colectivos, que se informe sobre las medidas adoptadas y que se planteen las violaciones a los derechos de los trabajadores en otros órganos de la OEA.
Además, los peticionarios solicitaron una visita “in loco” de la comisión para que analice la situación de los trabajadores en Chile.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) encabezó la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), representando a las agrupaciones de trabajadores que reclamaron la debilidad de la libertad sindical en Chile.
Los “peticionarios” presentes en la jornada de audiencias del CIDH dijeron que el Estado no ha cumplido con recomendaciones del propio organismo, emitidas en 1985, sobre la libertad sindical, el derecho de asociación colectiva y el derecho a la huelga.
Además, se estaría incumpliendo la Convención Interamericana de DDHH, el protocolo de San Salvador y los convenios 87 y 88 de la OIT.
María Eugenia Puelma, consejera nacional de la multisindical, enfatizó en una de las principales peticiones de las agrupaciones de trabajadores chilenos, que es “terminar con la fragmentación del derecho que viola la libertad sindical de forma sistemática, volviendo a tratar la sindicalización, el fuero sindical, la negociación colectiva y la huelga, como una sola unidad indisoluble jurídicamente, garantizada por el Estado, por la Constitución, en un contexto histórico de reparación y justicia a la deuda que la democracia chilena tiene con los trabajadores y trabajadoras chilenas”, detalló la dirigenta.
Rodrigo García, abogado de la CUT e interviniente en la audiencia, agregó que en Chile se viola sistemáticamente la libertad sindical. Además añadió que el Código del Trabajo y la Constitución política no se ajustarían a estándares mínimos en la materia, lo que se suma a un generalizado escenario de injusticia social.
Por parte del Estado, Juan Pablo Crisóstomo, director de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores chileno, aseguró que el país se acogió a 61 convenios internacionales de regulación laboral y enfatizó que Chile integra la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) desde su fundación.
“Hay una normativa que como en todos los países es perfectible, y que a diferencia de lo que señalan los solicitantes ha sido modificada precisamente “a mejorar”, pero lo no modificado ha sido mantenido en el tiempo por los distintos gobiernos democráticos. No se puede sindicar a Chile como un Estado que viola o afecta los derechos de los trabajadores”, aseguró.
Lo expuesto por los trabajadores y el déficit del mundo sindical en Chile serían una clara muestra de los efectos del Código del Trabajo, consagrado en dictadura y sus características, según dijo Valentina Doniez, investigadora de Fundación Sol.
“El plan laboral, la parte de derecho colectivo del Código del Trabajo, justamente tiene como fundamento un decreto de la acción sindical y se plantea despotenciarlo, despolitizarlo, encerrarlo en empresas, fomentando la multiplicidad sindical, no la unidad, o la unión de las organizaciones de trabajadores”, explicó la antropóloga.
La solicitud de las organizaciones es que se consideren medidas como la modificación de la legislación, en pos de defensa del derecho de la libertad sindical, que el Gobierno aplique y defienda la utilización de instrumentos colectivos, que se informe sobre las medidas adoptadas y que se planteen las violaciones a los derechos de los trabajadores en otros órganos de la OEA.
Además, los peticionarios solicitaron una visita “in loco” de la comisión para que analice la situación de los trabajadores en Chile.
